PACHUCA, Hgo. (apro).– Debido al conflicto por el control directivo de la empresa, que incluyó la suspensión del suministro de energía eléctrica, la planta de Cooperativa La Cruz Azul en Tula, Hidalgo, registra pérdidas de más de 130 millones de pesos, que afecta a cinco mil familias que dependen de manera directa e indirecta de la operación de la cementera en este estado.

Dos grupos, el de José Antonio Marín y Víctor Velázquez, al igual que el de Federico Sanabria Pozo, pugnan por el control de la empresa. Sus disputas han generado enfrentamientos armados por el intento de tomar la planta en la comunidad de Jasso, en Tula.

En el más grave, el pasado 27 de abril convoyes de autobuses de la Ciudad de México y del Estado de México llegaron para apoderarse de las instalaciones y hubo detonaciones de armas de fuego e incendio de vehículos, con un saldo fue de ocho trabajadores muertos, siete identificados con el primer grupo y uno con el segundo.

El grupo de Sanabria, en posesión del complejo cementero en Hidalgo, reclamó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está obligada a cumplir con una resolución judicial que le ordena reconectar el servicio de luz eléctrica.

De acuerdo con los administradores de la planta, la resolución del juez, plasmada en el amparo 856/2022, ordena la reconexión inmediata. Al no tener saldo pendiente por los pagos que ocasiona el servicio, exigieron cumplir con la orden “como lo mandata la Constitución y diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, además de advertir que de no cumplir caería en desacato.

“En estos momentos no hay impedimento legal alguno para que la CFE restablezca inmediatamente el servicio”, demandaron a través de un comunicado.

Aunado a las pérdidas económicas por la producción suspendida, señalaron que, entre los cooperativistas, hay una preocupación constante en razón de que la falta de iluminación deja abierta “la tentación” de hacer uso de la violencia “y asaltar de nueva cuenta las instalaciones de la planta”.

El corte fue solicitado, por 30 días, para supuestas labores de mantenimiento, por el grupo disidente que acusa una administración ilegal de quienes tienen el actual control operativo y de las instalaciones. En respuesta, la CFE suspendió el servicio el pasado 16 de agosto.

El 19 de agosto, dentro del juicio de amparo 1265/2022, el juez cuarto de distrito del estado de Hidalgo concedió la suspensión de plano a la cementera de esta medida y ordenó a la CFE restablecer el suministro en un plazo de 24 horas, lo cual, denuncia el grupo administrador, no ocurrió.

El pasado 26 de junio, durante la madrugada, en la Ciudad de México se detectó un punto de encuentro con alrededor de 500 personas que se organizaban para, supuestamente, abordar 17 camiones y de 20 taxis con el propósito de trasladarse y tomar posesión de la planta Cruz Azul en Tula.

Los dos grupos que disputan la directiva aseguran ser los administradores legales, además de acusarse mutuamente de malversación de recursos económicos y materiales de la cementera.