CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de 27 víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial atribuidas a integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina, se reunieron con autoridades federales para dar seguimiento a la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que hasta ahora sigue sin ser acatada.

La reunión ocurre cuatro meses después de que los familiares, a través del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), solicitaron a la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, que gestionara un encuentro con representantes de las secretarías de Marina, Gobernación, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instituciones responsables de dar cumplimiento a la recomendación que reconoce la desaparición forzada de 27 personas por marinos, entre febrero y mayo de 2018, doce de las cuales fueron localizadas sin vida.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL, explicó que al encuentro con las autoridades, llevado a cabo en instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), se sumaron familiares de otras personas desaparecidas también por elementos de la Semar, pero que no fueron incluidos en la recomendación 36VG/2020.

Recordó que las únicas ocasiones en que familiares de víctimas de los marinos se reunieron con autoridades federales fueron el 19 enero de 2019 y el 13 de junio de 2020, encuentros que ocurrieron en Nuevo Laredo, la última ocasión con motivo de la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad de la Semar, de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos.

“Los familiares han estado en el completo abandono por las autoridades responsables del cumplimiento de la recomendación y por la misma CNDH, pues la presidenta en al menos tres ocasiones se ha negado a reunirse con los familiares de las víctimas pese a solicitarlo por escrito”, señaló Ramos Vázquez.

En entrevista, el defensor señaló que los familiares de las víctimas acuden a la reunión con reclamos a las distintas autoridades por “la impunidad en que se encuentran los hechos ocurridos hace cuatro años y el incumplimiento de la recomendación emitida hace dos años”.

Según Ramos Vázquez, los familiares están inconformes con la actuación de la CNDH, por la falta de seguimiento a sus propias resoluciones; a la FGR por “no judicializar los casos” pues de 34 carpetas de investigación, sólo ha judicializado tres, mismas que han sido impugnadas y los responsables liberados a través de amparos contra las órdenes de aprehensión.

“La FGR no sólo ha incurrido en no judicializar los casos por desaparición, sino en los que existen por privación de la vida, no hay ningún avance, a pesar de que entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad y mujeres, a ello se agrega que en los procesos de búsqueda, emprendidos junto con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), no hemos localizado a nadie, porque los planes de búsqueda no han atendido las evidencias ni los testimonios de familiares y sobrevivientes”, agregó el defensor.

A la Semar, los familiares de las víctimas le reprochan “su doble discurso, porque por un lado los altos mandos aceptan la recomendación de la CNDH, participan de la organización y acuden al acto de reconocimiento de responsabilidad por las graves violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos, y por otro obstaculizan el trabajo de la FGR para reunir pruebas, y para localizar a sus elementos, a fin de judicializar los casos, y ha contratado a tres despachos privados para defender al menos a sus altos mandos”.

El presidente del CDHNL resaltó que los familiares de las víctimas también tienen reclamos hacia la Segob, porque “habían puesto una serie de obstáculos para llevar a cabo reuniones, a pesar de que desde 2019, el subsecretario Alejandro Encinas se había comprometido en reunirse cada dos meses con los familiares para revisar los avances de las indagatorias, con la finalidad de que no hubiera impunidad”.

Raymundo Ramos Vázquez puntualizó que los familiares de las víctimas de personal de la Semar adscrito a la UNOPES, mantienen la esperanza de localizar a los desaparecidos, a pesar de que entre ellos prevalece “enojo, indignación y mucha frustración por el abandono al que las autoridades les han condenado”.