CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia) promovió una demanda de amparo en contra de una posible orden de aprehensión por ordeña de combustible.

El caso se remonta a 2017, cuando una serie de casos se abrieron implicando a la empresa y su propietario:

El primero fue porque en unas instalaciones se identificó en flagrancia la ordeña de combustible que desde un ducto iba a dar a las instalaciones de Citapia, pero que en 2018 quedó impune cuando inusualmente, Pemex se desistió y con eso se decretó el no ejercicio de acción penal.

El segundo fue cuando en la investigación relacionada con Odebrecht en México, se identificó a una hermana de Juan Carlos Tapia, como la persona encargada de entregar sobornos a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética durante la dirección de Emilio Lozoya en Pemex.

El tercero, más reciente, versa sobre la simulación en licitaciones para acceder a los contratos de la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco.

En días pasados arreciaron las pesquisas sobre las operaciones de Citapa, especialmente delicado para la actual administración por su participación en Dos Bocas. En ese contexto, Juan Carlso Tapia, dueño de Citapia, demandó demandó el amparo.

La demanda de protección judicial se substancia a través del expediente 808/2022, radicado en el juzgado segundo de distrito de Hidalgo.

De acuerdo con los autos de juicio, el recurso fue tramitado el 27 de mayo pasado contra posibles actos de orden de aprehensión, citación, búsqueda, localización, presentación o comparecencia, en contra de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) y otras autoridades.

El pasado 23 de agosto, Proceso Digital informó que Citapia era investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Federal de Competencia Económica y la Unidad de Inteligencia Financiera. En tanto, la controlaría de Pemex reabrió un caso sobre el inusual desistimiento del caso de huachicol.

El magnate y el huachicol

En 2018, Juan Carlos Tapia Vargas y su empresa estrella, Citapia, ligada al escándalo de corrupción Lozoya-Odebrecht, libró una acusación penal iniciada en su contra por presuntamente ordeñar combustible.

La carpeta de investigación fue por el robo de hidrocarburo del poliducto Tula-Salamanca propiedad de Pemex, en marzo de 2017, pero la petrolera del Estado, para el caso, parte acusadora, se desistió meses después y el 23 de enero de 2018 se determinó el no ejercicio de la acción penal. 

De acuerdo con el expediente, Juan Alfonso Ríos Almazán, apoderado de Pemex Transformación Industrial (PTI) manifestó ante José Rogelio Alanís García, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, el interés de la paraestatal de no continuar con el asunto.

Así, Lizbeth Benítez Pérez, agente del Ministerio Público Federal de la Unidad de Investigación y Litigación de la PGR, en la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017, determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de los principales socios del consorcio y de la persona jurídica Citapia.

Lo anterior constó en la impugnación 1/2018 que se abrió ante el Centro de Justicia por este caso. “…con base en los argumentos expuestos oralmente en audiencia, y toda vez que Juan Alfonso Ríos Zamora, cuenta con las facultades necesarias para tal efecto, este juzgador determinó tener por desistida a Pemex Transformación Industrial, para todos los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, queda sin materia el medio de impugnación intentado y se sobresee por desistimiento”, detalla el fallo del juez Rogelio Alanís.

Según el mencionado expediente, el juez federal, José Rogelio Alanís García, notificó de manera oficial al representante legal de Pemex Transformación Industrial que quedó firme el no ejercicio de la acción penal en el caso, mismo que fue enviado al archivo tras quedar totalmente concluido.

Proceso ha informado que, pese a la determinación, en la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017 constan las pruebas del presunto delito, y que estas involucran desde descripciones de los elementos de la Policía Federal que encontraron la toma, hasta fotografías de la manguera con la que presuntamente se extraía el combustible.

“Al seguir el rastro de la manguera de hule sobre el terreno baldío a 300 metros de la toma clandestina pudimos apreciar, que se introduce a la empresa Construcciones Industriales Tapia por debajo de una barda trasera que delimita dicha empresa”, detalla el documento.

Víctor Villafaña Baltazar y David Hernández Pedraza, agentes de la Policía Federal, contaron a Jannete Sánchez Arce, titular de la Agencia Segunda Investigadora Tula de la PGR que detectaron la toma clandestina, cuando hacían un viaje de rutina el 10 de marzo de 2017 en su patrulla del Grupo Antiasaltos por la calle Tula en el Parque Industrial de Atitalaquia, Hidalgo.

Víctor Hugo Garduño Vera, otro elemento de la Policía Federal, dio aviso inmediato al personal de Seguridad Física de Pemex para que revisaran la toma clandestina encontrada en el terreno propiedad de Juan Carlos Tapia Vargas, con la finalidad de prevenir algún riesgo para la comunidad, según las documetnales integradas en el expediente.

Al siguiente día, la agente del Ministerio Público de la Federación ordenó el cateo del inmueble, así como su resguardado por agentes de la policía para que no sacaran las vigas de acero usadas para la fabricación de estructuras energética, petroquímica y cemento.

“El inmueble ubicado en la comunidad de El Cardonal, municipio de Atitalaquia, es propiedad Juan Carlos Tapia Vargas, (y fue) adquirido mediante contrato de compra-venta a Alfredo Moreno Reyes y Liliana Mendoza Reséndiz, el 17 de abril de 2012”, declaró Aurelio de Freitas Barros, apoderado legal de Construcciones Industriales Tapia.

“El inmueble objeto de la diligencia de cateo y donde se encontró la derivación de la toma clandestina se encontraba en arrendamiento con la señora Josefina Cervantes Rosales”, expresó ante el Ministerio Público.

Es decir, la defensa alegó que las instalaciones de uno de los grandes contratistas del sector público, eran rentada como estacionamiento a una señora sin antecedentes de negocio alguno.

El abogado de Juan Carlos Tapia Vargas argumentó durante las indagatorias, y de acuerdo con la carpeta de investigación, que el contrato de arrendamiento del predio fue firmado por un año para que se utilizara como pensión de vehículos pesados durante la noche. En el día el inmueble donde se encontró la derivación de la toma clandestina era ocupado por la empresa Construcciones Industriales Tapia para guardar material como estructuras metálicas. 

La alerta local

La posición de Juan Carlos Tapia Vargas en el estado de Hidalgo es ampliamente relacionada con la clase política de esa entidad y, particularmente, se le ha identificado cercano a Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong y Omar Fayad.

Con la victoria del morenista Julio Menchaca Salazar en la entidad, fue contratado Santiago Nieto Castillo, para indagar diversos aspectos de la conducta del gobierno del estado y la relación con particulares que pudieran haberse visto beneficiados con negocios al amparo del poder.

En pleno desarrollo del proceso de entrega-recepción, Tapia Vargas se ha convertido en uno de los casos a revisar.

La principal empresa del hidalguense Tapia Vargas, Citapia se constituyó en 1997 en Tula, Hidalgo, entre sus clientes figuran CFE, Pemex, ICA, Samsung, así como la Constructora Norberto Odebrecht.

En meses pasados, investigaciones periodísticas, destacadamente de Forbes México, revelaron que a través de un entramado de empresas, Juan Carlos Tapia trabaja ya como contratista y subcontratista en la Refinería de Dos Bocas, esto, después de que Citapia, su principal compañía, fuera inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.

Para conseguirlo habría simulado la participación de empresas fachada en el concurso, lo que motivó la indagatoria de la Cofece, así como diferentes acciones de la UIF desde los días en que Santiago Nieto era titular.

La supuesta simulación habría ocurrido en la competencia a la que acudieron Mexicana de Recipientes a Presión, hoy llamada Procesos Especializados y Proyectos (Proesa); también participó Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi); Procura y Proyectos Oil & Gas; Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI); MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, y Fabricaciones Industriales MAO, como oportunamente documentó Forbes.