Quedan al descubierto las maniobras del empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas para aparecer como contratista en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, sólo dos meses después de ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública por sus ligas con el caso Odebrecht. El tinglado empresarial de Tapia pasó filtros de la Secretaría de Energía y pone en apuros a Samsung e ICA, ahora obligadas a corroborar los antecedentes de sus subcontratistas.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Asociada con OHL y otras empresas el sexenio pasado, al grado de estar implicada en los presuntos sobornos que Odebrecht entregó a Emilio Lozoya Austin, los dueños de Construcciones Industriales Tapia (Cintapia) han superado la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) les impuso en 2019 y ahora participan en el megaproyecto energético de la 4T: la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Un tinglado de razones sociales nuevas y otras que ya estaban creadas, pero a las que se les cambió el nombre, cuyo accionista mayoritario es el empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, junto con familiares y otros asociados, hicieron posible dejar atrás las acusaciones y, de entrada, participar en un contrato por más de 78 millones de dólares.

El 5 de junio de 2019, la SFP emitió la sanción para Cintapia, además de otras tres empresas del sector energético, como parte de un expediente que acreditó la relación con las operaciones irregulares de la brasileña Odebrecht en México. La sanción fue por dos años y medio, de acuerdo con la comunicación emitida en esa fecha por la dependencia entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informando lo que sería uno de los casos emblemáticos de su gestión.

Casi dos meses después, PTI Infraestructura de Desarrollo, la filial de Pemex creada expresamente para construir la Refinería de Dos Bocas, adjudicó el contrato PTI-ID-S007/2019 a una empresa de los Tapia, Mexicana de Recipientes a Presión –en asociación con Kellogg Brown and Root LLC y Constructora Hostotipaquillo–, para el Paquete 6 del mencionado megaproyecto, por un monto neto de 78 millones 430 mil dólares.

De acuerdo con las actas asentadas en el Registro Público de la Propiedad, la razón social Mexicana de Recipientes a Presión tiene por accionistas a Juan Carlos Tapia, a su hermano Juan Gilberto, así como a Selene Martínez Abarca y a Carlos Morín Montes, este último identificado como el jurídico de Cintapia y quien ha fungido como vocero en diversos escándalos en los que se ha visto envuelta la firma.

Morín Montes fue precisamente quien se mantuvo activo en la comunicación empresarial desde 2017, luego de que una investigación de Quinto Elemento Lab, bajo la firma de Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, diera a conocer que Cintapia estuvo implicada en la corrupción de Odebrecht en México.

El reportaje fue publicado en la edición 2128 de Proceso. Ahí se informó, con base en los testimonios de tres altos ejecutivos inculpados, del maxiproceso brasileño. Entre los declarantes destaca la confesión de Luis Alberto de Meneses, quien expuso su interés por abordar a Lozoya en 2011 para conseguir contratos en el proyecto de la nueva refinería en Hidalgo, y lo que se pudiera, una vez que Enrique Peña Nieto ganara la Presidencia.

En el reportaje citado se expone la manera con la cual De Meneses narró sus encuentros con Lozoya, y que, en la primera de éstas el mexicano le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Cintapia. Las ligas entre Tapia y Lozoya fueron abordadas por este semanario en su edición 2283. 

Según De Meneses, el empresario hidalguense poseía “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos en el PRI, PAN y PRD. Así nació la sociedad.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2366 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.