El nombre de Emilio Lozoya Austin ha sonado repetidas veces a lo largo de la investigación que la justicia brasileña lleva sobre el caso Odebrecht, la constructora que hizo del soborno su arma de sobrevivencia. En declaraciones juramentadas, tres exejecutivos de esa empresa aseguran que quien fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 recibió “propinas” por 10 millones de dólares para ofrecerle a esa firma contratos a modo. Proceso da cabida en sus páginas a esta investigación, realizada por Quinto Elemento Lab, parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia, confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces el nombre de un hombre de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin. Se escucharon rumores, el rechazo de Lozoya Austin a cualquier imputación y especulaciones de varios tipos y calibres. Rumores y especulaciones. Hoy, en declaraciones juramentadas, altos exejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, el político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado “propinas” de 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública. Eso es lo que sostienen los testimonios jurados de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las delaciones secretas de esos tres altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas. Toda la información incluida en este texto está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, los videos con las delaciones de los tres altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría General de la República de Brasil. Todos están catalogados como confidenciales y algunos como secretos. Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente: Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012. Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro, quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7. Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares. Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos y que éste les respondió positivamente. Que ese grado de comunicación se armó tan bien que acordaron hacerle pagos por un total de 6 millones de dólares: dos millones de dólares sin condición alguna, garantizados plenamente; y otros 4 millones si llegaban a ganar el contrato de uno de los trabajos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio Lozoya se produjo de nuevo. Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir 1 millón de dólares a la cuenta que Zecapan S. A. –otra empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas– mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein. Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de 1 millón 350 mil dólares, otras de 1 millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar 5 millones de dólares. Y delataron muchas más cosas, según se aprecia en el expediente judicial 6655. Pero retrocedamos y contemos las cosas como las escucharon los fiscales. De Meneses, colaborador El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll acudió a la cita pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano. Luis Alberto de Meneses no tenía ya mucho que perder. Los fiscales brasileños habían ido deshebrando esa compleja trama de corrupción y se encontraba acorralado. Muchos hilos llevaban a él y a sus compañeros. Así que De Meneses se presentó una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría en el municipio de Guarulhos. Aún vivía en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares. Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas” (así les dicen en Brasil) para “agentes políticos”. De Meneses se descargó: contó que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, en una época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de “obtener contratos” para Odebrecht. Era 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos. Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo. Tapia, según la versión del brasileño, era un empresario que en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos con el PRI, PAN y PRD. Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa empresa mexicana, con la perspectiva de ganar contratos en Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían en mente una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos. Construcciones Industriales Tapia confirma que participó como subcontratista de Odebrecht, pero rechaza que haya tenido conocimiento de los presuntos sobornos y que “tiene 20 años de operación y no requiere facilitadores u otra interpósita persona para ese tipo de efectos”. Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta. Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado antes al primer círculo. El 11 de enero de 2012 fue designado vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista. De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”. Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”. Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya, ese hombre de facciones angulosas y cabello marcado por ligeras ondas. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política de Lozoya, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal. En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de 5 millones de dólares”. De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible. No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de 4 millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada. Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con 4 millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016. Le proporcionó más detalles: le pagarían los 4 millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos. Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en México en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalló ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se depositaran los pagos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan S. A., ambas empresas registradas en Tortola, una de las Islas Vírgenes Británicas. Luis de Meneses sabía entonces qué hacer. Contactó a Hilberto da Silva, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma, el eufemismo con que Marcelo Odebrecht bautizó a la oficina encargada de concretar y armar los sobornos para los políticos brasileños y extranjeros. Da Silva, poseedor de una mente financiera estratégica, apretó los botones adecuados y dio las órdenes precisas para que las transferencias llegaran a las empresas mencionadas por Lozoya, aunque el destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los fiscales. Era marzo de 2012 y Lozoya Austin se preparaba para el primer minuto del último día de ese mes, cuando Enrique Peña Nieto, acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del PRI, se subió a un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia. Era marzo de 2012 y la danza de dinero comenzaba. De los recursos que Innovation Research Engineering and Develop­ment Ltd –empresa fachada usada por Odebrecht para distribuir los sobornos– mantenía en el banco Meinl Bank salieron ráfagas de dólares a la cuenta de Latin American Asia Capital Holding, la firma a la que, según los documentos judiciales en los que quedó registrada la delación, Lozoya pidió que le enviaran su dinero. Apenas un mes después de que Lozoya visitó a De Meneses en Las Lomas, llegó el primer vendaval de billetes: el 20 de abril se transfirió un cuarto de millón de dólares a esa cuenta; cinco días después una transferencia de doble intensidad: casi medio millón de dólares. Veinticuatro horas después, una nueva sacudida en el balance de Latin American Asia Capital Holding: otro medio millón de dólares. Y no era todo. Pasó alrededor de un mes para que esa cuenta registrara un nuevo incremento: el 23 de mayo le llegó otro medio millón de dólares. Una semana exacta después, 490 mil dólares más. Los altos ejecutivos de Odebrecht cumplían su palabra porque decían tener la certeza de que con Lozoya colocado en lugares clave del nuevo gobierno, el horizonte de la firma brasileña en México estaría afianzado. Así que el 8 de junio de 2012, de la misma cuenta de origen y a la misma de destino, llegó otro medio millón de dólares. Esta primera feria millonaria acabaría con otra transferencia hecha el 18 de junio: ahora sería de 400 mil dólares. Sólo escribir el total de la “propina” asombra. Porque no es común que, si las imputaciones de los colaboradores de la justicia brasileña se corroboran, como hasta ahora ha ocurrido en países como Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú y Panamá, el director de Pemex hubiera recibido una cifra así en sólo dos meses: 4 millones 100 mil dólares. Cuando los fiscales brasileños André Bueno y Daniel Sampaio tomaron la declaración de Luis de Meneses le advirtieron sobre las condiciones que debía cumplir para concederle el beneficio de la “colaboración premiada” y, así, reducir los años en prisión. De Meneses expresó, como han hecho todos los 77 ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht que han participado en los acuerdos, que estaba consciente de que los beneficios de la colaboración dependían de que se obtuvieran uno o más de los siguientes resultados: 1) La identificación de los demás coautores y partícipes de la organización criminal y las violaciones a la ley que cometieron, 2) la revelación de la estructura jerárquica y de división de tareas dentro de la organización criminal, 3) la prevención de las infracciones penales derivadas de las actividades criminales, y 4) la recuperación total o parcial del producto de las actividades de la organización criminal. Ingeniero civil que cumplirá 60 años en unos días, De Meneses accedió y además entregó información para corroborar sus dichos. Por ejemplo, y sólo como muestra, el jefe de Odebrecht en México proporcionó a los fiscales los registros que comprueban las 15 transferencias hechas a las cuentas que, según afirma, le fueron indicadas por Lozoya. Llegada a Pemex Llegó el 1 de diciembre de 2012 y se iluminaron los rostros de los brasileños a cargo de las operaciones en México y de la máquina global de sobornos. Lozoya Austin llegaba a una posición muy relevante: la Dirección General de Pemex, una empresa con un presupuesto en 2013 tan grande como su importancia en la economía nacional: poco más de 326 mil millones de pesos, unos 25 mil millones de dólares de esa época. Luego de las vacaciones de fin de año, y al empezar a correr 2013, De Meneses dice que creyó oportuno hacer una visita a Lozoya en sus nuevas oficinas de Pemex. Llegó a la sede central y se registró, por lo que su presencia ahí puede ser corroborada. Al estar con Lozoya, según contó a los fiscales, le informó que en asociación con Juan Carlos Tapia, el constructor con el que el propio Lozoya le había recomendado trabajar, la compañía buscaba contratos en Pemex, por lo que “le gustaría su apoyo para conquistar nuevos negocios con la petrolera”. Lozoya fue receptivo. Le confirmó su disposición a buscar que el Consejo de Administración de Pemex “reconociera la actuación” de Odebrecht, no sin antes advertirle algo: que la constructora brasileña debía ser competitiva en términos técnicos y comerciales para tener una oportunidad. El jefe de Odebrecht aprovechó y reviró: “Le aseguré que la compañía haría propuestas competitivas y que, en caso de que tuviéramos éxito, el apoyo de Emilio Lozoya sería retribuido”, se lee en la tercera de las cuatro páginas que resumen las delaciones del brasileño, incluidas en el anexo 4 del “Termo de Colaboração No. 5”, término empleado por el sistema judicial de Brasil para referirse a los testimonios penales. Los siguientes meses fueron de trabajo y planeación entre De Meneses y su socio local. Estaban cazando la oportunidad de ganar uno de los contratos que Pemex otorgaría en los trabajos de readecuación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo. Para octubre de 2013 ya estaban listos. Un hecho renovaba la confianza de los funcionarios sudamericanos: Marcelo Odebrecht, su máximo jefe, hoy en prisión, se reunió en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos el día 1 de ese mes. Un comunicado de la Presidencia de la República dio cuenta de ello en 20 líneas. Luis de Meneses buscó de nueva cuenta a Lozoya. Abiertamente le solicitó “su apoyo para influir sobre los miembros del Consejo de Administración y le asignaran contratos” a Odebrecht. El alto ejecutivo de la firma brasileña partía de una premisa: “Dado el poder de influencia que tenía en el consejo… Emilio Lozoya se colocaría en favor de los proyectos que buscábamos, influenciando a los demás miembros para que ratificaran nuestra contratación”. De Meneses sabía lo que hacía, en qué momento actuar. Ya había desarrollado esa capacidad para corromper a altos funcionarios públicos en Perú, en donde había ocupado en Odebrecht un cargo similar. El poderoso vicepresidente de la constructora, Luiz Mameri, recordó ante los fiscales ese momento: “En 2013, Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo presidente (sic) era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se fijó un pago de 6 millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el concurso. Autoricé los pagos”. Así que De Meneses no esperó más. Le soltó, según su testimonio, un caramelo a Lozoya: le daría 6 millones de dólares. Dos de esos millones estarían garantizados. Se los entregaría, independientemente del resultado de la licitación. Y los otros 4 millones estarían condicionados a que les asignara el contrato. Luis Alberto de Meneses se retiró de la Torre Ejecutiva ubicada en la calle de Marina Nacional. Un mes más tarde, en noviembre de ese 2013, Odebrecht presentó a Pemex Refinación una propuesta con costo de 115 millones de dólares para “el acondicionamiento y movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo”. Al arranque de diciembre le dieron una buena nueva: Odebrecht había ganado la licitación de mil 364 millones de pesos. “La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones Estructuradas el pago de 6 millones de dólares”. La muestra de agradecimiento por haber ganado el contrato no tardó demasiado. El 3 de diciembre se hizo la primera transferencia. Un millón de dólares. Clinc. Una semana después, otra transferencia. Ahora de 1 millón 350 mil dólares. Clinc. Buen cierre de año. “Declaración conjunta” Cómo no tener un buen arranque, sin cuestas de enero que agobien. El 15 de febrero de 2014 tuvo lugar una reunión protocolaria para oficializar la firma del contrato buscado por la constructora brasileña. Por Pemex Refinación dos funcionarios firmaron las 61 páginas: Jesús Lozano Peña y Armando García Espinosa, subdirectores de Proyectos y de Administración, respectivamente. Por la Constructora Norberto Odebrecht, lo hicieron el ya conocido Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, ambos apoderados legales de la empresa. Tuvieron que estampar su firma en hojas y hojas saturadas de detalles administrativos y técnicos, de puntualizaciones sobre los mecanismos de conciliación y de solución de controversias, la recepción de los trabajos y un número largo de aspectos bastante aburridos. Sin embargo, la página 5 del contrato es peculiar. Aparte de unos pequeños garabatos al margen del texto, llaman la atención unos párrafos que se agrupan bajo el subtítulo de “declaración conjunta”. Dice a la letra: “Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con la Ley Federal Anticorrupción…” Manifestaron expresamente, además, que tenían conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, como los de la OCDE, la OEA, la ONU y otros. “Expresan que conocen los ordenamientos legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia y la simulación…”. Eso firmaron. El contrato ya había quedado en firme, así que había que continuar con el envío de recursos a las empresas off­shore que fueron designadas por Lozoya Austin, de acuerdo con las delaciones. Y el Departamento de Operaciones Estructuradas encabezado por Hilberto da Silva hizo lo suyo. Una semana después de la firma del contrato con Pemex, del Meinl Bank, localizado en Antigua, salieron 1 millón 350 mil dólares hacia la cuenta que la empresa Zecapan S. A. tenía en el Neue Bank AG, con sede en el Principado de Liechtenstein. La operación quedó registrada con el número 394652. Y la cuenta era la 1001.560.103. Habría otros dos pagos más, ambos autorizados en marzo de 2014, aunque su entrega se demoró más de lo debido a un factor inesperado: las cuentas tenían mucho dinero. “En un momento determinado, Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia… A mediados de 2014 se cambió la forma de pago por el recelo de que se rebasaran los límites de capacidad de las cuentas en que se hacían los depósitos”, explicó Luis de Meneses. La experiencia de Hilberto da Silva entró en acción entonces para encontrar una salida. Creó una estructura para hacer viables los pagos restantes “y se utilizó a un operador para hacer posibles las transferencias”. La razón: Emilio Lozoya ya no quería recibir más dinero en las cuentas a las que podrían vincular su nombre, argumentó Da Silva ante los fiscales un día antes que De Meneses. Ahí es donde aparece el nombre de Rodrigo Tacla Durán, hoy en libertad provisional en España. “Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor, manteniendo el dinero en estructuras en las cuales el propio Rodrigo era el ultimate beneficial owner”, explicó el exjefe del departamento encargado de los sobornos. Eso es lo que hizo Rodrigo en México. La operación se armó los primeros días de noviembre de 2014. “Le presenté a Emilio Lozoya a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre”, detalló Da Silva durante una comparecencia en la que no dejaba de gesticular y mover la quijada, lo que hacía que los lunares que bordean su boca subieran y bajaran rítmicamente, según el video en el que se registró la misma y que forma parte del expediente armado por el equipo del procurador general Rodrigo Janot Monteiro. “Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex. Luis (de Meneses), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él”. El testimonio de Hilberto da Silva es inusual porque, por lo general, él nunca se enteraba de quiénes recibían los pagos indebidos. “Aunque la estructura de mi área estaba diseñada para que yo no tuviese conocimiento de quién era el destinatario final de los pagos, en situaciones excepcionales sí supe quiénes eran”. Una de esas situaciones fue la de Lozoya. Da Silva tuvo que visitar México porque Luis de Meneses le solicitó que le ayudara a “operacionalizar el pago de la propina al presidente (sic) de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no quería recibir dinero” en esas cuentas bancarias, se lee en una declaración escrita entregada por Da Silva a la Procuraduría General de Brasil, documento que es parte del proceso penal llevado en el Supremo Tribunal Federal. La carta, de unos tres párrafos con mucho contenido, sigue: “Tuve una reunión con Emilio Austin (sic) en su casa, ocasión en que le presenté a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre, como laranja” (un agente que trabaja en una empresa non related, proveedores independientes residentes fuera de Brasil que eran parte de la red financiera montada por Da Silva para lavar los sobornos.) Esa visita a México tuvo un buen final, según la carta: “En ese encuentro (con Lozoya) quedó acordado un pago de 2 millones de dólares para la semana siguiente y otros pagos por 3 millones para semanas después, totalizando 5 millones de dólares”. Debajo de ese párrafo, una firma: la de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. ____________________________ * Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab de México e IDL-Reporteros de Perú.