CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A 12 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, persiste la impunidad y la apuesta al olvido y el desgaste de los familiares, ante una “Fiscalía General de la República que no tiene capacidad ni voluntad para garantizar justicia”,  denunciaron integrantes organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Durante una manifestación en el antimonumento en memoria de los migrantes masacrados, la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo Pérez, denunció que hasta ahora no hay ninguna sentencia contra responsables de la masacre ni mucho menos contra autoridades coludidas.

La defensora alertó que “en un país de más de 100 mil personas desaparecidas, para las personas extranjeras con familiares desaparecidos, los obstáculos son mayores, se sufre discriminación, pero con las familias nos hemos propuesto no callar ni dejar de levantar la voz, para que se busque a las personas migrantes desaparecidas, para que se identifique los restos pendientes y haya justicia y reparación”.

Ana Lorena Delgadillo informó que las organizaciones que representan a las familias de los migrantes víctimas de las masacres de San Fernando, Camargo, Güemez y Cadereyta, han propuesto al gobierno mexicano “crear una comisión especial con apoyo de la ONU para atender las distintas masacres y los casos de personas migrantes desparecidos, porque no sabemos que hay detrás de las masacres, no sabemos cuáles son las complicidades ni hay líneas de investigación que sigan el camino del dinero”.

Delgadillo Pérez resaltó que a 12 años de la masacre de San Fernando, “la FGR no tiene capacidad ni voluntad para garantizar justicia”, por lo que es necesario el apoyo internacional, mismo que habría sido aceptado por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Según la defensora, la responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, sostuvo que Gertz Manero “ha aceptado el apoyo técnico de Naciones Unidas para investigar las masacres y la desaparición de migrantes”, compromiso que será dilucidado este jueves en una audiencia de seguimiento a la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la masacre de los os 72 migrantes en San Fernando.

En el contexto de la masacre, organizaciones de defensa de migrantes, alertaron sobre el deterioro físico y mental de los familiares de las víctimas de San Fernando debido a la impunidad y a que al menos en seis casos, “seis familias de Guatemala y una e Brasil llevan cerca de 10 años esperando la revisión de identificación de los cuerpos que les fueron entregados fast-track entre 2010 y 2011, sin explicación, sin documentación, sin siquiera poder verlos”.

Resaltaron que pese a que hasta ahora no se ha contado como la voluntad del gobierno mexicano para acordar con los gobiernos de Guatemala y Brasil la exhumación de los cuerpos de los migrantes sepultados para confirmar su identidad y darle tranquilidad a las familias.

Las organizaciones lamentaron que en espera de esa confirmación, el año pasado la señora Ángela Pineda Morales murió sin saber si los restos que le entregaron hace diez años corresponden a su hija Mayra Izabel.

“La espera ha generado desesperación, enfermedad y hasta muerte prematura. El caso ha colocado la urgente necesidad de nuevos esquemas de investigación, búsqueda e intercambio de información entre instituciones y entre países, tratándose de casos transnacionales y violaciones graves a derechos humanos”, puntualizaron las organizaciones firmantes.

Apuntaron la urgencia de la creación de una Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, misma que fue recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) en su último informe de visita a México.

La propuesta considera “una visión transnacional de la justicia, con un enfoque de macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluye países de origen, tránsito y destino”, que contribuya a combatir los abusos de que siguen siendo víctimas los migrantes, quienes siguen siendo “objeto de discriminación, abusos y múltiples delitos, como secuestros, extorsión, violación, trata con fines de explotación laboral y sexual, y homicidio. Las autoridades de México, Guatemala, El Salvador y Honduras no pueden seguir cerrando los ojos ante un fenómeno que crece día con día, sin que las víctimas y sus familias tengan a quién recurrir”.

Firman el comunicado la FJEDD, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, Comité de Familiares de Migrantes del Centro de Honduras, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de la Guadalupe, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, Colectivo Justicia y Esperanza y la Casa del Migrante Saltillo.

Asimismo, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras, Antimonumentos Ruta de la Memoria México, La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en Coahuila y México, Justicia Transicional México, Iniciativa para la Frontera, Impunidad Cero, entre otras organizaciones.