CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer públicos los documentos referentes a las masacres de San Fernando y Cadereyta, que hasta ahora habían permanecido ocultos.

El INAI instruyó a la FGR entregar la “versión íntegra de la información sobre las investigaciones de la Comisión Forense sobre el secuestro y homicidio de 72 personas migrantes indocumentadas y sobre los cuerpos de 193 personas hallados en 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, así como de los restos de 49 personas hallados en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, en 2012, exceptuando el pago por reproducción y envío”.

“Los trabajos de la Comisión Forense sobre homicidios e inhumaciones ilegales de migrantes entre 2010 y 2012 deberá ser de consulta pública”, dijo el miércoles pasado Adrián Alcalá, comisionado del Inai.

“Las investigaciones efectuadas por la Comisión Forense están relacionadas con hechos catalogados como violaciones graves a derechos humanos”, mencionó Alcalá tras revisar las recomendaciones 80/2013 y 8/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se asientan los delitos de lesa humanidad cometidos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

En las nueve mil 26 hojas de la documentación generada por la Comisión Forense –integrada en 2013 por personal de la FGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y diversas organizaciones de la sociedad civil–, se incluyen minutas, correos electrónicos, presentaciones, dictámenes, perfiles genéticos, informes periciales, actas de reuniones, de recomendaciones y otros documentos expedidos que ponen en evidencia los errores de la FGR al identificar los cadáveres de las víctimas.

La FGR solicitó un pago por más de 8 mil pesos para realizar versiones públicas de estos documentos, testando la información que considerara reservada o confidencial. La organización periodística Quinto Elemento Lab tramitó un recurso de revisión ante el Inai, quien resolvió que esos documentos deben entregarse gratuitamente, al ser un asunto violatorio de los derechos humanos.

La FGR deberá incorporar dicha información en la Plataforma Nacional de Transparencia como parte de sus obligaciones, de modo que cualquier persona interesada pueda acceder a la documentación, sin necesidad de presentar una solicitud de información.

La masacre de San Fernando fue perpretada por integrantes de Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, San Fernando, Tamaulipas, a menos de 150 km de la frontera con Estados Unidos. Las 72 personas –58 hombres y 14 mujeres– fueron asesinadas por la espalda y abandonadas a la intemperie.

Los migrantes fueron secuestrados por Los Zetas y llevados a un rancho, donde se les obligó a trabajar de manera forzada para la organización delictiva.

Al menos dos personas sobrevivieron a la masacre, entre ellas un ecuatoriano que fingió estar muerto para que no lo remataran. A la fecha, nueve cadáveres permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México sin identificar, según información de la CNDH.