MONTERREY, N.L. (apro).- Familiares de las 49 personas ejecutadas en Cadereyta, en 2012, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue las causas por las que supuestamente se “extravió” el expediente del caso cuando era enviado a la Fiscalía General de la República (FGR), en 2018. En un comunicado, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que dan seguimiento al multihomicidio --descubierto el 13 de mayo de 2012--, manifestaron su inconformidad por el reconocimiento del “extravío” por parte de que la Fiscalía de Nuevo León, que dirige Gustavo Adolfo Gutiérrez, quien aceptó que al ser atraído el caso por la autoridad federal, los documentos se perdieron en un envío de paquetería. Los abogados de la FJEDD anunciaron que interpondrán recursos jurídicos para que se aclaren la supuesta pérdida de la carpeta de investigación “A petición de las familias de las víctimas centroamericanas, la defensa tomará las acciones jurídicas necesarias, valorando la interposición de las demandas administrativas y penales correspondientes que contribuyan a esclarecer la situación y se pueda dar una respuesta a las víctimas y a la sociedad. Finalmente se insta a la CNDH a investigar y esclarecer los hechos, y determinar las violaciones a derechos humanos que implican esta situación”, destacaron. El pasado 2 de junio la Fiscalía estatal reconoció “la destrucción del expediente” de la investigación de la masacre en el municipio nuevoleonés de Cadereyta, enviado por la paquetería Redpack a la FGR en enero de 2018 (Proceso 2275). No obstante, fue hasta el 22 de marzo de 2019 cuando la Fiscalía de Nuevo León informó a la FGR que el paquete con documentos y evidencias al parecer fueron “destruidos” por empleados de la paquetería, supuestamente porque no encontraron la dirección de la dependencia federal. “Es decir, un año dos meses después del envío la Fiscalía de Nuevo León informó a la FGR de la situación. Las familias y la defensa de las víctimas nos preguntamos ¿qué controles aplicó la Fiscalía NL para monitorear el envío y recepción del expediente y objetos? y ¿qué cadena de custodia se implementó?”, reclamaron los familiares. Además, cuestionaron la versión de la empresa de paquetería, que supuestamente alegó no haber encontrado la dirección a la que había sido enviado el paquete: “La Fiscalía de Nuevo León informa en su comunicado que la paquetería no entregó el expediente por considerarlo como paquete abandonado, supuestamente por no encontrar al destinatario. “La Fiscalía General de la República es una de las instituciones más importantes del país y su dirección es de conocimiento público, por lo que resulta difícil que la dirección no se haya encontrado por la empresa de paquetería. La hipótesis de ‘paquete abandonado’ presentada por la Fiscalía de Nuevo León es poco clara y poco creíble”. Los familiares quieren que la Fiscalía de Nuevo León les informe sobre el avance de las investigaciones, el deslinde de responsabilidades y si el expediente, que aparentemente repusieron, es completo o sólo se trata de una parte del mismo.