CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julio César López Patolzin, cuyo nombre figura entre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, era un soldado infiltrado del Ejército. Informaba a los militares sobre las movilizaciones de los estudiantes e incluso los mantuvo al tanto de los preparativos de la marcha del 2 de octubre.

El último informe del joven de 24 años hacia sus superiores fue a las 10:00 de la mañana del 26 de septiembre y desde entonces nada se sabe de él, cono del resto de los normalistas desaparecidos.

López Patolzin, estaba bajo las órdenes del teniente de Infantería, Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería según confirmó el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al dar a conocer el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Encinas consideró que tras la desaparición del joven infiltrado, las autoridades castrenses habrían incurrido en irregularidades al no haber implementado el “Protocolo para militares desaparecidos”.

De haberse aplicado ese protocolo, aseguró Encinas, se “hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, es decir, podría haberse evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”.

Encinas retomó información ya conocida sobre el conocimiento de las autoridades estatales, federales y castrenses sobre la movilización de los estudiantes para hacerse de camiones de transporte, hasta “los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto”.

Así, la Comisión para la Verdad concluyó que todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala.

También, dijo, supieron de su arribo a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto las víctimas, lo cual “las autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.