CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Tribunal de Querétaro busca reducir de 10 a 4 años la condena por el asesinato de Athos y Tango, los perros rescatistas envenenados. La decisión alertó de inmediato a organizaciones animalistas, que exigen que la Suprema Corte retome el caso y lo resuelva con imparcialidad. Advierten que el fallo marcará un precedente nacional: será un retroceso o un avance real en la protección animal en México. 

Athos era un border collie certificado para búsqueda por la Cruz Roja Mexicana; Tango, un Yorkshire terrier y perro de asistencia emocional que apoyaba tareas comunitarias y de acompañamiento especializado.  

Ambos formaban parte del equipo USAR (Urban Search and Rescue) y habían participado en operaciones oficiales de auxilio, dentro y fuera del país.  

Formaban parte del proyecto de Edgar Martínez, quien vive en Querétaro y sustentó la preparación de los perros con recursos propios, adaptando un espacio en su colonia céntrica para entrenamiento y labores humanitarias de manera altruista.  

Su labor humanitaria y su papel en emergencias nacionales hicieron que su muerte, ocurrida en junio de 2021 por envenenamiento, se convirtiera en un caso emblemático. 

Los hechos ocurrieron en junio de 2021, cuando, de acuerdo con la investigación ministerial, el acusado colocó en la vía pública alimentos contaminados con una sustancia tóxica, cerca del domicilio donde vivía el binomio canino.  

Vicente N., uno de los vecinos de la colonia, se valió de información obtenida directamente del manejador Edgar Martínez sobre los horarios de esparcimiento y la manera en que entrenaba a los perros, para preparar el envenenamiento. Las salchichas fueron modificadas como cápsulas de veneno con dos sustancias distintas, colocadas estratégicamente en el área común el domingo 13 de junio de 2021.  

Athos y Tango los ingirieron y, minutos después, comenzaron a mostrar síntomas de envenenamiento. Aunque recibieron atención veterinaria de emergencia, no sobrevivieron.  

Durante el proceso penal se presentó material videográfico en el que se observa al responsable dejando los alimentos, así como peritajes toxicológicos y testimonios vecinales que permitieron acreditar su responsabilidad. 

En entrevista para Proceso, la abogada penalista Mónica Huerta Moreno, encargada del caso, explicó que el proceso judicial ha enfrentado decisiones contradictorias desde la primera sentencia contra el responsable, Vicente N. Según Huerta, el acusado preparó las salchichas como cápsulas de veneno, usando dos tipos de sustancias tóxicas para que los perros no pudieran detectarlas. “Fue un acto deliberado y premeditado; los perritos no tuvieron ninguna posibilidad de protegerse”, recordó la abogada. 

El juicio concluyó con una sentencia de 10 años y 6 meses de prisión por la muerte de Athos, por la de Tango y por el daño causado a Balaam —otro perro del equipo USAR que sobrevivió tras ser hospitalizado—. La sentencia incluyó tres delitos distintos, y se impuso una multa de aproximadamente 115 mil pesos y una reparación del daño de más de 2 millones 450 mil pesos, que consideraba certificaciones internacionales, preparación y entrenamiento de los perros. Balaam, hijo de Athos, estuvo tres días hospitalizado y logró recuperarse. 

Sin embargo, la defensa de Vicente N. promovió un amparo, y el Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del XXII Circuito determinó reducir la pena a cinco años, bajo el argumento de un supuesto “doble enjuiciamiento”, pese a que la responsabilidad penal del acusado estaba acreditada.  

Además, dejó sin efectos la reparación del daño, decisión que la abogada calificó como “injustificada y contraria al propio expediente”. 

Desde 2024, el Tribunal Colegiado del XXII Circuito con sede en Querétaro amparó a Vicente N., buscando reducir su condena, aunque la Suprema Corte resolvió el 30 de octubre de 2024, generando la primera jurisprudencia histórica en temas de delitos contra animales, confirmando que no existía doble enjuiciamiento y que se debían aplicar las agravantes por crueldad animal. Por lo tanto, el Tribunal debía emitir una nueva resolución considerando los lineamientos de la SCJN. 

No obstante, a más de un año de esa resolución, el Tribunal a cargo de los magistrados Elsa Aguilera Araiza, Aloys Rütter Castro y Leslie Jhosemin Gómez González simuló dar cumplimiento y volvió a amparar al asesino de Athos y Tango, emitiendo una nueva resolución que no atiende lo resuelto por la SCJN, con argumentos sin lógica ni sustento jurídico, hablando nuevamente de un doble enjuiciamiento y amparando al sentenciado para reducir la pena hasta 4 años (la mínima) y con una conmutación de 10 mil pesos. 

Para evitarlo, la defensa ingresó, el 2 de diciembre, un nuevo recurso de revisión y solicitó que la SCJN atraiga nuevamente el caso. Además, promoverá un incidente de inejecución por desacato, al considerar que el Tribunal Colegiado no cumplió los lineamientos establecidos por la Corte en 2024. Se actuará jurídicamente contra esta resolución y se convocará a una protesta pacífica próximamente afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad de México, para que vuelva a atraer el caso. 

Huerta advirtió que lo que decida el máximo tribunal no solo afectará el caso de Athos y Tango, sino que podría impactar la manera en que se juzgan delitos contra animales en todo el país. “La progresión en bienestar animal ya está en la Constitución. Si este caso retrocede, los que vienen detrás tendrán menos garantías”, señaló. 

Como parte de la exigencia pública, mañana miércoles, colectivos, rescatistas y ciudadanía realizarán una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, así como una protesta simultánea en Querétaro, para exigir que la SCJN atraiga el caso y lo resuelva conforme a su propia jurisprudencia. Se convocó a las 10 de la mañana, con la intención de detener la ejecución de la sentencia y garantizar que se cumpla la resolución de la Suprema Corte. 

“El llamado es claro: la Suprema Corte debe atender este recurso. Lo que determine va a marcar un precedente para todo México; o se consolida la protección animal, o se permite un retroceso”, concluyó.