CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A más de cuatro años de creada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), su presidente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, alertó que “no hay indicio alguno” de que los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 se encuentren con vida.

“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa en el Salón de la Tesorería, Encinas Rodríguez presentó el primer informe de la Covaj luego de que hiciera lo propio ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los 43 normalistas, las organizaciones civiles que los representan y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el fiscal Alejandro Gertz Manero y los secretarios de Defensa Nacional  y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Rural, entre otros funcionarios federales.

Encinas Rodríguez inició la conferencia de prensa reconociendo que la reunión previa con los familiares de las 43 víctimas fue “difícil, dolorosa”, al confirmarse que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Como presidente de la Covaj, Encinas Rodríguez confirmó datos que se habían proporcionado en informes anteriores en los informes del GIEI, así como la conclusión de “la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivos Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado”.

Al reconocer que en la desaparición de los jóvenes, participaron agentes policiacos de los municipios de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como de la Policía Federal, policías estatales y miembros del Ejército Mexicano, Encinas Rodríguez advirtió que en la fabricación de la “verdad histórica” hubo intervención del más alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto para construir “una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a finde evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientado la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales”.

"La Verdad Histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder", aseguró el subsecretario.  

"Tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula", sostuvo Encinas. 

Resultados de la investigación 

El funcionario presentó una numeralia de más de 41 mil documentos obtenidos de 15 instituciones, entre ellas la Sedena; de la consulta de 233 carpetas de investigación; de la sistematización de más de 17 mil intervenciones telefónicas realizadas entre el 23 y el 30 de septiembre de 2014 a “133 sujetos”; de las 101 acciones de búsqueda, que derivaron en la localización de 27 cuerpos, más de mil restos óseos, durante 675 jornadas de trabajo.

Al señalar que hasta ahora se han podido identificar a tres estudiantes a partir de restos óseos, el funcionario dijo que durante esta administración se han enviado 32 restos óseos, que hasta ahora no han dado nuevos resultados por las deficiencias en la información de ADN de los restos.

Encinas Rodríguez explicó que como Covaj puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en específico de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa, información para judicializar la responsabilidad de la desaparición y la construcción de la “verdad histórica” a 33 personas, entre ellas exfuncionarios públicos de dependencias federales, pero descartó que entre estas se encuentre el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sobre el proceso de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el subsecretario de Gobernación reconoció que al exfuncionario se le ofrecieron “criterios de oportunidad” para colaborar con las autoridades mexicanas a fin de localizar a los estudiantes, sin que hasta el momento se haya logrado convencerlo de apoyar a las autoridades.

Encinas Rodríguez también confirmó que la normal de Ayotzinapa estaba infiltrada por miembros del Ejército Mexicano, entre ellos el soldado Julio César López Patolzin, uno de los normalistas desaparecidos, y que estaba bajo las órdenes del teniente de Infantería, Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería.

El funcionario explicó que, de acuerdo con la información obtenida, la última comunicación que tuvo López Patolzin con sus superiores fue a las 10:00 horas del 26 de septiembre, por lo que las autoridades castrenses habrían incurrido en irregularidades al no haber implementado el “Protocolo para militares desaparecidos”.

Para el funcionario, de haberse aplicado dicho protocolo “hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, es decir, podría haberse evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”.

Encinas retomó información ya conocida sobre el conocimiento de las autoridades estatales, federales y castrenses sobre la movilización de los estudiantes para hacerse de camiones de transporte, hasta “los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto”.

El funcionario puntualizó que el caso Ayotzinapa revela que las omisiones de las autoridades de nivel municipal, estatal y federal “acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes”.

Horas después de darse a conocer la información, en un brevísimo comunicado, los padres y las madres de los normalistas desaparecidos indicaron que “por su complejidad y dureza la están analizando”.

Al destacar que el documento reconoce “que ha habido obstáculos militares y ministeriales”, los familiares de los estudiantes desaparecidos anunciaron que fijarán una postura frente al informe de la Covaj “cuando concluyan su valoración y cuenten con la opinión de los expertos del GIEI”.