WASHINGTON (apro).–Los fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos insistieron a la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, que acepte evidencias en su poder de que Genaro García Luna amenazó de muerte, acoso y sobornó a periodistas y a posibles testigos.

En una carta dirigida a la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, el equipo de seis fiscales encabezados por Breon Peace, desestima los recientes argumentos de la defensa de García Luna, de restarle credibilidad y develar la identidad de presuntos periodistas y testigos.

César de Castro, el jefe del equipo defensor del ex Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón a lo largo de todo su sexenio como presidente de México, hace unos días solicitó a la Corte no aceptar las presuntas pruebas del gobierno del caso de periodistas y testigos.

“En un esfuerzo por acosar y disuadir a posibles testigos para presentar su testimonio ante la Corte, el acusado de manera innecesaria intentó especular con el nombre de personas anónimas en la moción del gobierno y se involucró en un tipo de atentado de asesinato de estas personas; esencialmente solicitando a la Corte que excluya sus testimonios por considerarlos increíbles”, escribe Peace en la misiva de 9 páginas entregada a la Corte y al juez federal Brian Cogan.

El pasado 14 de julio en una moción enviada al magistrado, De Castro exige la anulación de aceptar como evidencia el asunto de los periodistas y de grabaciones hechas dentro de la cárcel en la que se encuentra su cliente, desde donde presuntamente amenaza de muerte a testigos.

En dicha moción la defensa del también amigo, asesor, confidente y mano derecha de Calderón durante su presidencia revela el nombre de Anabel Hernández y el de Ruslan Mirvis, como los presuntos testigos de los fiscales que se presentarían a la Corte a rendir testimonio.

De Hernández la defensa de García Luna dice que es una periodista mexicana que cuenta con historial de denuncias infundadas en contra de su cliente y que además, actualmente; sin pruebas, sostiene que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador esta coludido con el Cártel de Sinaloa, por lo que su testimonio debe ser descalificado.

Sobre Mirvis, De Castro, expone que es un informante del gobierno, un criminal sentenciado por pedófilo, quien dentro del Centro Metropolitano de Detención de Nueva York, se hizo pasar por un mafioso ruso para grabar a García Luna.

El gobierno sostiene que en esas grabaciones fechadas en noviembre de 2020, García Luna presuntamente pretende contratar a Mirvis para intimidar y amenazas de muerte a dos presuntos testigos, al narcotraficante Jesús “Rey” Zambada García, y a Luis Cárdenas Palomino también exfuncionario del expresidente Calderón.

“Cualquier ataque contra la credibilidad de los testigos en un juicio se verificada apropiadamente durante el proceso judicial por medio del cuestionamiento a su testimonio por parte de la defensa y la parte acusadora”, le exponen los fiscales al juez Cogan.

En las nueve cuartillas los representantes del gobierno de Estados Unidos que acusan a García Luna de conspirar con una fracción del Cártel de Sinaloa para exportar cocaína ahondan más en el caso de los periodistas y el presunto testigo y supuesto mafioso ruso.

Para el asunto de los periodistas, Peace establece que al vaticinar el nombre de una posible testigo, la defensa expone que se mantiene en la campaña de acoso y amenaza como ellos sostiene, amén de que esto se debe probar en la Corte durante el juicio.

“El acusado totalmente ignora que el gobierno busca presentar evidencias en las que aproximadamente entre 2009 y 2010, él con el dinero que amasó por medio de pagos del narcotráfico, sobornó al editor de un medio de comunicación (de México) para evitar que se publicara información sobre su asociación con cárteles de la droga”, anota la carta.

Los fiscales insisten que este tipo de sobornos, amenazas y acosos a periodistas que tenían y publicaban información sobre sus nexos con el narco, los hacía García Luna para garantizar su estancia como Secretario de Seguridad Pública y así poder seguir ayudando al Cártel de Sinaloa.

“Aun el caso de que la Corte tenga dudas sobre la credibilidad de los testigos del gobierno se debe guiar por el peso de sus testimonios y no por las solicitudes de admisibilidad”, enfatiza Peace.

En lo referente a Mirvis, la defensa de García Luna sostiene que no se deben aceptar las grabaciones porque fueron perpetradas por el gobierno, y que además la calidad del audio no es buena.

“Pese a que pueden ser imperfecto el audio de las conversaciones grabadas entre el acusado y el individuo (Mirvis), hay pasajes largos en los que el audio es claro y lo más notable es cuando el acusado menciona al individuo su interés no solo en asesinar no solamente a los testigos cooperantes sino también a sus familias”, informan los fiscales a la Corte en Brooklyn y al juez Cogan.

El caso de García Luna en Nueva York se está complicando cada día.

Esta misma semana la defensa del amigo de Calderón, oficialmente solicitó pasar el inicio del juicio contra su cliente para febrero de 2023, debido a que no le alcanza el tiempo para revisar las masivas evidencias que presenta la parte acusadora.

Originalmente el juicio contra García Luna está calendarizado para arrancar el próximo 24 de octubre, aunque con una fecha tentativa de reserva en caso de que se atrase que es del 9 de enero 2023, pero De Castro ahora solicitó a Cogan que sea hasta febrero de ese año.

El magistrado federal ha dado a entender que por la complejidad del caso de García Luna el inicio del juicio se postergaría para 2023, pero está pendiente su decisión sobre este punto y sobre la admisibilidad de evidencias respecto a los periodistas y mafioso ruso.

En caso de ser declarado culpable de los delitos que le imputan durante un juicio, García Luna podría ser sentenciado a cadena perpetua como pena máxima o a 20 años de cárcel como mínima.

También existe la posibilidad de que acepte el acuerdo de cooperación de los fiscales, con lo que García Luna evitaría el juicio para convertirse en testigo cooperante de Estados Unidos, purgar una sentencia de unos cinco años y luego, eventualmente ser deportado a México.