WASHINGTON (apro).–César de Castro, abogado de oficio y defensor de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, pidió oficialmente a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, iniciar en febrero de 20023 el juicio a su cliente.

Argumentando que, a él y a su cliente les hace falta tiempo para revisar el inmenso volumen de materiales que en evidencias inculpatorias ha presentado a la Corte el Departamento de Justicia de Estados Unidos, De Castro solicita la fecha del 9 de enero de 2023 para empezar el juicio.

“La base para esta solicitud es el volumen del total de documentos presentados por el gobierno, más de un millón de páginas que la defensa sigue revisando y en particular por las 90 mil páginas más que entregó el 22 de febrero de 2022”, indica De Casto en la carta al juez Brian Cogan.

Además, la defensa del amigo, asesor, confidente mano derecha e integrante del gabinete presidencial de Calderón, anota al juez federal que encima tendrá que revisar las otras 7 mil 500 páginas más de pruebas que el Departamento de Justicia anunció esta semana y presentó a la Corte.

El abogado de García Luna cita las dificultades que tiene su cliente como recluso del Centro Metropolitano de Detención de Nueva York, porque no se le permite retener copias de los documentos y para revisarlas debe estar presente el defensor y un oficial del gobierno.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos que acusa a García Luna de narcotráfico en colusión con una fracción del Cártel de Sinaloa, indicó esta semana al juez Cogan de las 7500 páginas nuevas, amén de 4900 grabaciones de testigos incriminatorios y 5 aparatos electrónicos.

“Solicitamos a la Corte posponer el comienzo del juicio para el 9 de enero de 2023 y establecer para febrero de 2023 una fecha de reserva en caso de que sea necesaria para las partes una nueva postergación”, resalta la carta de De Castro al juez Cogan.
El pasado 15 de julio durante una audiencia de preparación de juicio, la defensa de García Luna estableció que las numerosas evidencias presentadas por los fiscales federales hacían difícil que el juicio inicie el 24 de octubre de 2022 y en su lugar propuso al 9 de enero de 2023.

En la audiencia el magistrado federal a cargo del caso de García Luna indicó que para él tenía sentido y “era lo más probable” que el inicio de juicio por narcotráfico se realizará el 9 de enero de 2023, pero ahora la defensa le solicita incluso considerar la fecha de febrero de 2023.

Cogan argumento que además del volumen de las pruebas incriminatorias presentadas por el gobierno estadunidense contra García Luna, el caso es complicado por tratarse de un acusado extranjero y altamente significativo para asuntos sensibles de seguridad nacional.

Otro argumento de la defensa para seguir extendiendo la fecha de inicio del juicio es también la falta de tiempo para revisar documentos registrados bajo el Acta de Procedimientos de Información Clasificada, para lo que se necesita cumplir con requisitos de secrecía.

Escuchar las 4 mil 900 grabaciones con argumentos de testigos incriminatorios, según de Castro implica por lo menos 165 horas de tiempo y la problemática de que las declaraciones son español, amén de que los cinco aparatos electrónicos presentados esta semana podrían contener una “cantidad astronómica” de información.

García Luna y los fiscales del Departamento de Justicia continúan negociando una acuerdo de cooperación por el cual, si lo acepta el acusado; se debe declarar culpable y con ello evitar el juicio.

De ser procesado judicialmente en la Corte en Brooklyn y si es declarado culpable por un jurado de los delitos que le imputan, García Luna podría ser sentenciado a cadena perpetua como castigo máximo o a 20 años de cárcel como pena mínima.
Con un acuerdo de cooperación, García Luna se convierte en testigo cooperante de Estados Unidos, se le sentencia a unos cinco años de prisión a los que se les restan los casi tres que ya lleva en la cárcel y tras cumplir la condena sería deportado a México.