PUEBLA, Pue. (apro).– Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer un amparo que promovió la familia Jenkins en contra del litigio en el cual se les acusa de presunto lavado de dinero, la Fundación Mary Street Jenkins emitió un comunicado en el que sostiene que, al final, la resolución de la justicia federal será a su favor.

Los integrantes de la familia celebran la decisión de los ministros de la Primera Sala que dictaminaron que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal resuelva el expediente, pese a que fueron ellos los que pidieron que la Corte ejerciera su facultad de atracción.

Por mayoría de votos, los ministros consideraron que los Jenkins no poseen facultades legales para solicitar al máximo tribunal del país atraer su caso.

En su comunicado, la familia indica que la SCJN decidió no atraer su amparo contra la investigación por lavado de dinero que inició la Fiscalía General de la República (FGR) “porque son evidentes las violaciones a las garantías de seguridad jurídica” cometidas por esa autoridad.

“La fundación y los integrantes de su patronato celebran la decisión de las y los ministros, porque creen en la imparcialidad, autonomía y objetividad del Poder Judicial de la Federación, que tiene la oportunidad de revertir un atropello escandaloso en el que la FGR autorevocó ilícitamente el no ejercicio de la acción penal que exoneró desde 2018 a los señalados en este procedimiento plagado de irregularidades”, señala el pronunciamiento.

En tanto que, en su rueda de prensa matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que los abogados contratados por los Jenkins les habían ofrecido que su caso sería ganado porque sería resuelto por la SCJN. “Aunque nunca tuvo ese alcance”, expresó.

“Todo ese dinero de la Fundación se lo han gastado en litigios, como se lo han gastado y lo han repartido entre muchas personas", señaló el mandatario, quien indicó que la resolución de la Corte deja que el caso sea resuelto por la FGR y autoridades del fuero común.

Barbosa expuso que, para los Jenkins, la investigación en su contra por supuesto lavado de dinero debió cerrarse cuando la FGR dictaminó el “no ejercicio de la acción penal”, porque en ese momento repartieron dinero para salir impunes.

“Después se abre esa investigación, inclusive se dictan órdenes de aprehensión y se envía a Puebla para que se investigue conforme a su competencia”, explicó.