SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Organizaciones civiles manifestaron su preocupación por “el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, frente a un contexto complejo donde permea el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político”.

Añadieron que “México no ha podido superar la grave crisis de violaciones a los derechos humanos e impunidad que enfrenta desde hace al menos dos sexenios”.

El 1 y 2 de junio se celebró en San Cristóbal de Las Casas, el Encuentro 2022: Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia  donde participaron  miembros de Aluna Acompañamiento Psicosocial, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), CODIGO DH (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Servicios y Asesoría para la Paz Serapaz (Serapaz) y  de la Universidad de la Tierra en Oaxaca.

En este evento también estuvieron presentes los organismos Servicio Civil para la Paz (Ziviler Friedensdienst) de Pan para el Mundo (Brot für die Welt) de Alemania.

Señalaron que uno de los elementos centrales de su preocupación “es el grave panorama de inseguridad y violencia” que se vive en Chiapas, frente a un contexto complejo donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, actúan contra la población civil “con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno”.

“México no ha podido superar la grave crisis de violaciones a los derechos humanos e impunidad que enfrenta desde hace al menos dos sexenios. El caso de las personas desaparecidas, cuya dimensión se incrementa, es un triste ejemplo de ello; de acuerdo con datos oficiales, este mes de mayo el país superó la barrera de las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas”, abundaron las organizaciones.

La crisis, siguieron, también se refleja en otros graves indicadores con impacto en todo el territorio nacional, como la extrema inseguridad, la violencia, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, la tortura, los abusos contra personas migrantes, así como contra niños, niñas y adolescentes; la violencia de género, la falta de acceso a la justicia, los constantes ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la asociación civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C. (ACUDDEH), 310 personas defensoras de derechos humanos han sido ejecutadas con la finalidad de detener su labor, de 2006 a marzo de 2022.

Indicaron que de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, registrando niveles de ataques similares a países abiertamente en guerra, como Siria: tan sólo en el transcurso de los primeros cinco meses del 2022, el gremio ha sufrido el asesinato de once periodistas.

“Los pueblos han denunciado la violencia estructural ejercida a través de la Ley de Consulta, que legitima la realización de megaproyectos en sus territorios, aún en contra de su voluntad. A pesar de la violencia generalizada, las comunidades siguen de pie, construyendo caminos de paz y alternativas para fortalecer su autonomía y defender su territorio”, dijeron las activistas de estas organizaciones civiles.

Resaltaron la responsabilidad del Estado Mexicano en estos agravios, “ya sea por comisión, omisión o aquiescencia”.

“El fin de la impunidad que protege y alienta el actuar de grupos criminales y empresariales que se disputan el control de territorios, recursos y mercados, es uno de los principales retos para la construcción de paz”, indicaron.

Hicieron un llamado a la sociedad civil organizada a favorecer el diálogo democrático y a seguir construyendo Paz y Justicia desde la cultura de la No Violencia, para así fortalecer la articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía.

Exigieron al gobierno mexicano garantizar el acceso a la justicia y a la verdad y a combatir la cooptación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno por redes de intereses criminales-políticos-económicos.

“Es fundamental que haga explícitas, más allá del discurso, acciones encaminadas a la construcción de paz”, agregaron.

En este contexto también se solidarizaron con los miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Y a casi un año del asesinato de Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos, catequista e integrante de Las Abejas de Acteal, exigieron que las autoridades locales esclarezcan realmente el crimen y se haga justicia.