CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa en México serán sometidas a análisis bajo la lupa del derecho internacional, en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a llevarse a cabo este jueves en la sede del tribunal regional, en San José, Costa Rica.

El cuestionamiento al Estado mexicano sobre ambas figuras surge del litigio iniciado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Redisac) por la detención arbitraria, sometimiento a arraigo y prisión preventiva de los hermanos Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, así como Gustavo Robles López, detenidos por agentes policiales en enero de 2006 en la carretera entre Orizaba y Veracruz, rumbo a la Ciudad de México.

“Los hermanos son comerciantes, en esa época administraban una cabina telefónica en su pueblo en Veracruz y también tenían una tienda; en una ocasión que iban a abastecerse, dieron un aventón a unas personas, que se subieron en la parte trasera de su  camioneta.

“En el camino, el vehículo se les descompuso y en espera de ayuda, las personas que viajaban con ellos se bajaron a buscar un refresco, y en eso llegaron policías federales que, en vez de ayudarlos, revisan el vehículo y supuestamente encuentran en las mochilas de las personas a las que dieron aventón información comprometedora, por lo que los policías los detienen, los llevan a su casa, la catean y encuentran ejemplares de la revista Proceso y otros documentos, por los que los remiten a la Ciudad de México para arraigarlos durante 90 días”, contó Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Redisac. 

Los tres detenidos fueron acusados de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo y de cohecho, por lo que permanecieron en prisión preventiva oficiosa hasta 2008, pese a que desde 2007 el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió al Estado mexicano su liberación.

“Cabe mencionar que la detención de los hermanos Tzompaxtle Tecpile tiene un fondo político, pues su hermano Andrés formaba parte de un grupo armado, del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y en1996 fue detenido por el Ejército cuando llevaba a un grupo de periodistas a una entrevista en la sierra de Guerrero; fue llevado a una cárcel clandestina del Ejército en el Estado de México, pero se escapó, y desde ese momento toda su familia fue sometida a seguimiento por parte de diferentes cuerpos de seguridad e inteligencia”, abundó la defensora.

Ante las violaciones a sus derechos humanos de las tres personas, la Redisac solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2015 dio entrada al caso para emitir un informe de fondo y recomendaciones en 2018.

 “Hubo algunas recomendaciones cumplidas por el Estado mexicano, pero no hubo respuesta a las relacionadas con medidas estructurales, como la eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, por lo que la CIDH decidió remitir el caso a la Corte en 2021”, abundó López Paulino.

Carlos Zazueta, internacionalista que se sumó al litigio en la Corte IDH, explicó que el fondo del caso es la búsqueda de la eliminación del arraigo, “que ha sido un mecanismo de tortura y no ha demostrado su efectividad para el combate de delitos, porque de lo que se trata es de detener a las personas para investigarlas, violando el principio de presunción de inocencia”.

Zazueta resaltó que de 2004 a 2021, 12 mil 332 personas han sido arraigadas, “siendo la gran mayoría de ellas liberadas al final por falta de elementos para ser procesadas, de ahí que se evidencia que esa figura es totalmente ineficaz para la persecución de los delitos y la disminución de la violencia”.

Destacó que, sin duda, del total de personas arraigadas, 9 mil 966, el 80.81%, fueron sometidas a esa medida cautelar durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Sin duda el uso del arraigo ha ido disminuyendo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero aún en el de Andrés Manuel López Obrador se sigue utilizando, a pesar de que organismos de Naciones Unidas y la propia CIDH ha pedido a México eliminar su aplicación desde la Constitución”, resaltó Zazueta.

En cuanto a la prisión preventiva, el defensor apuntó que también es violatoria al principio de presunción de inocencia, y que lo único que se ha logrado es “llenar las cárceles de personas que, a lo largo de sus procesos, llegan a demostrar su inocencia, siendo aproximadamente el 40% de las personas privadas de libertad en el país las que se encuentran en esa condición”.

Zazueta comentó que la prisión preventiva oficiosa es una figura que ha favorecido la corrupción para los agentes del Ministerio Público, porque “hay una lista enorme de delitos, buena parte de ellos aprobados durante la actual administración, que le permiten a los agentes ministeriales hacer uso indiscriminado, porque pueden acusar por cualquiera de los delitos que están en esa enorme lista, mientras los jueces tienen que declarar la prisión oficiosa porque así está legislado, sin que tengan que haber pruebas para ello”.

Magdalena López Paulino y Carlos Zazueta sostuvieron que lo que los hermanos Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, así como Gustavo Robles López buscan de la Corte IDH es que las figuras de arraigo y prisión preventiva se eliminen de la Constitución y de la legislación mexicana, “para que ninguna persona más vuelva a sufrir lo que ellos padecieron”.