MADRID (apro).— Familiares de los niños de la guardería ABC y la Taula Per Mèxic, asociación defensora de los derechos humanos en México desde Barcelona, pidieron la destitución de Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona, por formar parte de las redes de corrupción e impunidad que se tejió para evitar el castigo a los responsables en la tragedia de la guardería sonorense.

La organización de derechos humanos advirtió que el caso de Pavlovich se suma al nombramiento del también priista Fidel Herrera, que “puso la primera piedra para la degradación del consulado de Barcelona”, porque se rebajó al grado de consulado general a consulado de carrera, permitiendo la designación de “personajes polémicos como Herrera o Pavlovich”.

Y demandó no solo la revocación del nombramiento de la exgobernadora de Sonora, sino volver a elevar la legación a categoría de consulado general, para un mayor control de los nombramientos, porque “Barcelona no es un premio”.

Adriana Villegas de Robles, madre de Héctor Manuel Robles Villegas, niño sobreviviente –hoy de 16 años— con injertos en el 60% de su cuerpo, denunció que la llegada de Pavlovich al consulado en Barcelona “es un premio a la impunidad y a la corrupción”.

Aseguró que presentaron toda clase de información del caso a las autoridades españolas, primero en la embajada de España en México, y al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), José Manuel Albares. Sin embargo, al tratar de fijar su posición ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que nombró cónsul a la exgobernadora de Sonora, “pero la realidad que nadie nos quiso escuchar”

“Aquí en Barcelona, en representación de 106 familias afectadas, aseguro que ella carece de autoridad moral para ser cónsul, nos da pena que personas como ella vengan a España y sean premiadas, porque esto es un premio a la impunidad y a la corrupción”, señaló.

Estado cómplice y solapador

En rueda de prensa en la ciudad condal, la madre de Héctor Manuel, destapó las formas de corrupción que se tejen en el sistema subrogado de guarderías del IMSS, en el que están implicados empresarios.

“Confiábamos que el gobierno (IMSS) iba a cuidar lo más preciado que son nuestros hijos, pero hemos padecido un doble ultraje, el de una iniciativa privada corrupta y un estado cómplice y solapador”.

Y describió que, como informaron en su momento a la embajada de España, en agosto de 2009, siendo legisladora en el Congreso de Sonora, Claudia Pavlovich encubrió a dos de los dueños de la guardería ABC, “a los que recomendó amplia e indebidamente ante el tribunal”.

“Y en 2016, siendo titular del Ejecutivo estatal reservó la información relacionada con el caso de la guardería hasta por 10 años”, es decir, que se silenció toda la información del caso hasta 2026. Asimismo, “en toda su gestión se negó a atender directamente a las familias de los niños víctimas de la tragedia”.

En la rueda de prensa se señaló que desde la tragedia de la guardería ABC, en 2009, han muerto alrededor de 80 menores de edad, lo que demuestra que en el sistema subrogado de guarderías más que el principio de atención a los infantes, hay un sistema de obtención de ganancias.

A su vez, Alfredo López Casanova, artista plástico y activista por los derechos humanos en México, subrayó que es momento de volver a cuestionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que “vino con la oferta de ser diferente y acabar con la impunidad”.

Ha ofrecido terminar con la impunidad tanto a las familias del ABC, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de Pasta de Conchos, sin embargo “las señales son preocupantes”, porque aunque el 8 de marzo entregaron al ministro Albares este fuerte cuestionamiento para impedir que Claudia Pavlovich llegara, el gobierno mexicano no ha dado marcha atrás.

“Nosotros esperamos que el gobierno mexicano de marcha atrás y que renuncie”, señaló el activista, quien recordó que se mantiene la impunidad porque no hay castigo para los responsables, y las sentencias están “atoradas” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordó que en la carta que entregaron a Albares, señalan que “Claudia Pavlovich es totalmente indigna de representar a nuestro país”, más aún cuando México, con visión de Estado, fue el país que albergó a los exiliados españoles.

Por ello planteó que “todavía es momento oportuno para que el gobierno mexicano le pida su renuncia y reconozca que es un error esta designación”.

Turbia biografía

Arturo Landeros, activista de la Taula per Mèxic, recordó que ahora, como en 2015, vuelven a pedir la destitución de un cónsul mexicano por su turbia biografía. Ese año, relató, la asociación se sumó a un grupo de activistas y mexicanos residentes que repudiaron el nombramiento del priista Fidel Herrera como cónsul en la ciudad condal, porque “estaba envuelto en caso de corrupción y ligado supuestamente a personas del crimen organizado y que con el tiempo se nos ha ido dando la razón”.

Consideró que en momentos que México es centro de atención al conocerse la infausta cifra de 100 mil personas desaparecidas y a una escalada de violencia sin precedentes, era necesario que en un consulado como el de Barcelona llegara una representante que fuera “digna” y que fuera “sensible ante el tema de los derechos humanos”.

Recordaron que el 17 de enero pasado, el presidente López Obrador anunció una serie de designaciones diplomáticas, entre ellas la de Pavlovich en Barcelona, a pesar de carecer de experiencia diplomática y cargar con un “pasado plagado de polémicas y acusaciones de corrupción”, señala un comunicado de la Taula.

Advierten que el caso más controvertido es el silenciamiento respecto a la muerte de los 49 niños y niñas y 106 más que resultaron heridos en el incendio de la guardería ABC.

Señalan que, por esa decisión de la gobernadora, nadie podrá saber qué pasó en esa guardería ni qué contenían los atestados policiales, hasta pasados 15 años, porque “esa información podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de los implicados”, según el argumento de su gobierno.

Asimismo, también estaría implicada en la Operación Safiro, la trama de desvío de 650 millones de pesos de fondos públicos para financiar las campañas del PRI.

La tarea de Pavlovich también ha sido reprobada por el colectivo campesino, por represión y por el despojo de tierras comunales para favorecer a la minería. Asimismo, durante su mandato, la violencia en Sonora aumentó en un 36.38%, según las cifras del sistema nacional de seguridad pública.

La petición de las familias de la Guardería ABC y de la Taula circula en una carta pública que es respaldada por cena de entidades españolas firmantes.