En el que pudo ser un histórico debate, de un lado estaban el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el director general del IMSS, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, señalados como responsables en la tragedia de la guardería ABC. Del otro, las familias de los niños que hallaron una terrible muerte y de los que padecen las secuelas de aquel incendio. Fácil decisión en términos de poder: el gobierno federal y el grupo mayoritario en la Suprema Corte se volcaron en favor de los políticos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El cabildeo y las presiones funcionaron: la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció, una vez más, a salirse de la interpretación estrecha de la ley y la tragedia de la guardería infantil, la más grave de su tipo en el país, quedó sin responsables.

Un bloque de seis ministros “letristas”, encabezado por el presidente de la Corte y máximo representante del Poder Judicial, Guillermo Ortiz Mayagoitia, abogó por los principales señalados en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio de 2009 dejó 49 niños muertos y 104 heridos.

Con el apoyo parcial de otros dos ministros se formó en el máximo tribunal una cómoda mayoría que terminó por favorecer al exdirector del IMSS y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; al actual director del instituto, Daniel Karam Toumeh, y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

El grupo mayoritario estuvo conformado por los ministros Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández y Luis María Aguilar Morales, a los que se sumaron parcialmente José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.

No importó que dos ministros, Franco y Valls, como funcionarios federales, hubieran estado involucrados en decisiones tomadas por el IMSS en relación con las guarderías subrogadas. Valls fue director jurídico del IMSS, y Franco formó parte del Consejo Técnico encargado de aprobar los contratos de las guarderías, además de que una de sus hermanas trabaja en la Coordinación de Guarderías del instituto.

Ese sólido bloque de ministros fue el mejor equipo de abogados que pudieron tener los señalados inicialmente como responsables, quienes junto con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hicieron un intenso cabildeo en la Corte desde que el 3 de junio pasado el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dio a conocer el dictamen en su contra.

Al tiempo que asociaciones médicas hacían una fuerte campaña mediática contra el dictamen, con el argumento de que se atacaba al IMSS –del que se hizo eco Ortiz Mayagoitia–, el cabildeo del gobierno federal en la Corte fue intenso. Horcasitas, Karam y Gómez Mont estuvieron en las prioridades de la agenda de los ministros. Lo mismo Bours. Todavía la mañana del martes 15, en plena discusión del caso, el secretario de Gobernación estuvo en la oficina del presidente de la Corte.

El jueves 17, liberados de toda responsabilidad los colaboradores del presidente Felipe Calderón, Gómez Mont declaró ante la Asamblea General del Colegio de Abogados que la Corte “actuó con libertad y sin cortapisas” y deliberó de manera “puntual, pulcra y difícil” para acabar con el “clima de linchamiento”.

El lunes 14 comenzó el debate en el pleno de la Corte, que generó una amplia cobertura periodística. Ese día, el IMSS decidió cerrar su guardería número 48 de la Ciudad de México, destinada desde hace 20 años a las madres periodistas. Adujo razones de seguridad para la cancelación del servicio, que beneficiaba a 80 niños.

El grupo compacto de ministros, que osciló entre seis y ocho, fue más que suficiente para bloquear la pretensión de Zaldívar de darle sentido a la facultad de investigación de la Suprema Corte y limitar “el ejercicio abusivo del poder” en el caso de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las autoridades.

Con abrumadoras votaciones, el bloque de ministros avasalló a Zaldívar, quien lanzó una propuesta que de antemano generó el rechazo de sus colegas: cambiar los criterios fijados por la Corte en agosto de 2007 para pronunciarse en esos casos.

En esa ocasión, Valls, Aguirre y el ahora ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón elaboraron las reglas para el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte, establecida en el artículo 97 de la Constitución y a la que ha recurrido en cuatro ocasiones en los últimos cinco años.

Esos lineamientos se definieron en respuesta al informe presentado en junio de 2007 por Juan Silva Meza, quien tras señalar la existencia de un “grave problema” de pederastia y pornografía infantil en México, pidió al pleno de ministros responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

El informe se detuvo y el pleno decidió elaborar las reglas. Con ellas, los ministros se ataron de manos. La número 21 dice que “no podrán adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”.

Además del caso Puebla, esas reglas se han aplicado para los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco, Estado de México, ambos registrados en 2006. En el primer caso, sin embargo, los ministros sí hablaron de “responsabilidad lisa y llana” del gobernador Ulises Ruiz en las violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto gubernamental con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), pero desvincularon, entre otros, al expresidente Vicente Fox y a su secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, ahora embajador de México en Gran Bretaña.

En Atenco desligaron al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y al entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, actual encargado de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República.

“No somos autoridad moral”...

En el caso ABC, Zaldívar buscaba que la Corte hiciera una nueva interpretación de su facultad investigadora para obligar a responder legalmente a los funcionarios públicos implicados en violaciones a derechos fundamentales de los gobernados. Propuso que se estableciera “responsabilidad ética y política” de 14 funcionarios por el incendio, empezando por Molinar, Karam, Bours y el expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

Incorporado como ministro en diciembre pasado, en reemplazo de Genaro Góngora Pimentel, Zaldívar sólo tuvo el respaldo, en casi todo su proyecto, de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

“No basta con el lamento y el pésame a los padres de los pequeños… Es necesario determinar (a) los servidores públicos responsables… Sería irresponsable no señalar responsables… Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?... Servidores públicos irresponsables constituyen un Estado irresponsable”, dijo Zaldívar.

La respuesta de sus opositores en el pleno fue contundente: “No creo que seamos el ombudsman supremo, con autoridad política y moral”, le dijo el presidente de la Corte. “No somos tribunal de conciencia”, aseguró Valls, quien busca presidir el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal para convertirse así en el máximo representante del Poder Judicial de México.

Aguirre Anguiano consideró que establecer responsabilidades morales y éticas no sólo es “reprobable”, sino “fundamentalismo puro”. Y calificó el proyecto de Zaldívar: “Es una declaración jurídico-política que excede los límites de la facultad de investigación”, ante la cual, “de asunto en asunto, hemos dado tumbos y no hemos encontrado el sentido”.

Luis María Aguilar, quien en diciembre sucedió a Azuela, acusó a Zaldívar de querer darle a la Corte “un carácter de autoridad moral, ética y política, y una superioridad jerárquica que es inadecuada”.

La Corte no está para determinar cómo deben comportarse las autoridades, le dijo Margarita Luna Ramos; a su vez, Franco Guzmán le señaló que pretendía “desnaturalizar” la función del tribunal constitucional.

Ante esos cuestionamientos, a los que se sumaron Cossío y Gudiño, Zaldívar dijo que si la atribución constitucional de investigación le impide a la Corte establecer responsabilidad, “mejor no ejerzamos la facultad”. Propuso entonces sustituir la frase “responsabilidad política y moral” por “responsabilidad constitucional” y explicar en qué contexto se usaría.

Pero una mayoría de ocho a tres volvió a cerrarle el paso: el alcance de la facultad de investigación se discutió suficientemente en la Corte antes de que él llegara como ministro, y las reglas se habían aplicado no sólo en Oaxaca, sino también en Atenco, le resumió Gudiño.

Contenida la nueva interpretación que buscaba Zaldívar, siete ministros –a los que se sumó Sánchez Cordero– avalaron la legalidad del sistema de guarderías subrogadas, a pesar de que varios señalaron que el Congreso debe legislar la prestación del servicio de guarderías del Seguro Social para evitar que el esquema de subrogación deje de operar a partir de favoritismos o amiguismos, como ocurrió con el establecimiento ABC.

Lo que siguió en el pleno fue desechar lo aseverado por el informe de los magistrados y el dictamen de Zaldívar: que existe un vínculo entre la tragedia y “el desorden generalizado” en las guarderías subrogadas del IMSS. Así, el grupo compacto de ministros exculpó al IMSS y abrió el camino para liberar de las acusaciones a Molinar y a Karam.

Ortiz Mayagoitia, quien ha sido renuente a que la Corte ejerza su facultad de investigación, hizo fuerza con el principal crítico de esa atribución, el exregidor del PAN por Guadalajara, Aguirre Anguiano.

El bloque mayoritario lo integraron también dos ministros que tuvieron que ver con decisiones tomadas por el IMSS en relación con las guarderías: Fernando Franco y Sergio Valls. Previsiblemente, los seis integrantes de este bloque aseguraron que no estaban impedidos de participar en el pronunciamiento de la Corte.

Durante el gobierno de Fox, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004, Franco fue representante de la Secretaría del Trabajo en el Consejo Técnico del IMSS, la instancia encargada de autorizar los contratos de guarderías subrogadas. Además, una de sus hermanas trabaja desde hace años en la Coordinación de Guarderías del IMSS. Esa doble condición le impidió hacerse cargo del dictamen, pero no participar en el debate.

Ministro con intereses y vínculos tanto políticos como familiares en el PRI, el PAN y el PRD (Proceso 1725), Valls Hernández también actuó bajo sospecha. Entre abril de 1993 y mediados de 1999 fue subdirector y director jurídico del IMSS, la instancia encargada de la legalidad del sistema de subrogación del servicio de guarderías.

Con el argumento de que la subrogación en el llamado “esquema vecinal comunitario único” se echó a andar después de que salió del Seguro Social –aunque se aprobó en mayo de 1999–, Valls pudo participar en las discusiones para echar abajo el dictamen y convertirse, junto con Aguirre Anguiano, en el principal defensor de Molinar, Karam y Bours. El pleno de ministros convalidó el argumento de Valls a pesar de que en la discusión quedó demostrado que el ministro, como funcionario del IMSS, estuvo involucrado en el diseño del esquema.

Cossío Díaz describió cómo se desarrolló el sistema de subrogación. Precisó que el 4 de septiembre de 1995 –durante la gestión de Valls en el jurídico del IMSS–, la Comisión Ejecutiva para la Organización Administrativa del instituto “aprobó el esquema de guardería vecinal comunitario, del cual no se da noticia sino hasta mayo de 1999 en el documento denominado Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal comunitario emitido por la Coordinación de Guarderías”.

El sistema de subrogación se expandió a partir de ese año, indicó Cossío, quien es mencionado como uno de los probables sucesores de Ortiz a partir de enero de 2011.

Cabildeo exitoso

El informe de la investigación del incendio, realizado por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, determinó que “desde 1983 empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios”. El antecedente cobra más importancia porque, de acuerdo con el reporte elaborado por los magistrados, desde esa fecha y hasta el día de la tragedia, el 5 de junio de 2009, operaron mil 480 guarderías con ese esquema.

Tras revisar la operación de esas guarderías, mediante una muestra estadística elaborada por el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, los magistrados encargados de la investigación determinaron que había un “desorden generalizado” en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías.

Ese desorden fue comprobado también por la Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente de la Cámara de Diputados, en la revisión de la Cuenta Pública de 2008. Zaldívar lo avaló en su dictamen, pero el bloque de seis echó abajo esa consideración.

El informe de la comisión investigadora, que se dio a conocer el 1 de marzo, indicaba que de las mil 480 guarderías que operan mediante un contrato de prestación de servicios, sólo 0.3% cumple cabalmente con los requisitos, como son los de protección civil y contar con instalaciones adecuadas. Aguirre Anguiano descalificó las cifras.

Pero el defensor más explícito del Seguro Social fue Ortiz Mayagoitia: “En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa... He recibido comentarios en otro sentido: el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.

Previamente había justificado: si el Seguro Social no subroga el servicio, tendría que incorporar 70 mil empleados a los 400 mil que ya tiene. Además, necesitaría por lo menos 10 mil millones de pesos para construir mil guarderías. Si el Seguro diera este servicio de manera directa, añadió, “generamos seguramente mala atención o hasta desatención de los derechohabientes”.

Y reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación gastará 60 millones de pesos para construir una guardería “con todos los avances en materia de protección civil”.

En una clara expresión de la efectividad que tuvieron las presiones de las asociaciones médicas, Ortiz expresó: “Hablar de la fragilidad del sistema de salud en los tres niveles de gobierno se me hace sumamente delicado, hemos tenido reacciones de agrupaciones de médicos que ven con profunda preocupación ésta y otras expresiones dentro del proyecto”.

Con las negativas a establecer responsabilidades de funcionarios y a reconocer un desorden generalizado en la subrogación de guarderías, lo que liberó de todo cargo a los funcionarios y al IMSS, el bloque mayoritario ya había desechado el proyecto de Zaldívar.

Lo demás fue trámite: Primero declararon la existencia de violación grave de garantías y luego precisaron que ésta afectó los derechos del niño, a la protección de la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.

Como implicados directos mencionaron, en el caso del IMSS, a Arturo Leyva Lizárraga, delegado en Sonora de 2006 a 2009, y a Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías de 2001 a 2009.

Del gobierno de Bours, identificaron a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; a Fausto Salazar Gómez, exdirector general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, y a Jorge Luis Melchor Islas, exsubdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda.

En el caso del municipio señalaron a Jesús Davis Osuna, exdirector de Inspección y Vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de la Unidad de Protección Civil. Sólo sobre estos siete exfuncionarios podría recaer alguna responsabilidad legal si la Procuraduría General de la República investiga y consigna, y si los jueces sentencian en su contra.

Al final de tres días de sesiones, Ortiz Mayagoitia dijo que los ministros hicieron lo que pudieron, ya que “el fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.

“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa les corresponden a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.

Reportaje publicado el 20 de junio de 2010 en la edición 1755 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.