Puebla
CEDHP pide indemnización para familia del bebé Tadeo
La CEDHP impidió que se entrevistara a Karina Ayala Peralta y Juan Ramón Martínez González, padres de Tadeo, para evitar una revictimización.PUEBLA, Pue., (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CEDHP) pidió a la Secretaría de Seguridad del Estado que brinde apoyo psicológico y pague una indemnización económica a los padres del bebé Tadeo, cuyo cadáver fue localizado el 9 de enero en un contenedor de basura en el interior del penal de San Miguel.
La recomendación 10/2022 fue entregada en un acto público a los padres del niño, quien fue exhumado de un panteón de la Ciudad de México y después traído a Puebla para introducirlo en el reclusorio.
La CEDHP impidió que se entrevistara a Karina Ayala Peralta y Juan Ramón Martínez González, padres de Tadeo, para evitar una revictimización.
En su resolución, la Comisión indicó que se vulneraron los derechos del bebé y de sus padres a la seguridad jurídica, legalidad, acceso a la verdad y trato digno.
El titular de la CEDHP, José Félix Cerezo Vélez, señaló que el personal de custodia de ese centro penitenciario fue omiso al cumplir sus funciones, pues no revisaron una bolsa negra que cargaba una persona que ingresó de visita al penal, en la que presuntamente se encontraba el cadáver del niño.
Narró que esa persona entregó la bolsa a otra privada de su libertad, quien resguardó el cuerpo unas horas y después lo entregó a otro preso, quien fue el que colocó el bebé en el contenedor de basura del área de talleres del reclusorio.
En todo esto, agregó, el personal y funcionarios públicos de seguridad nunca revisaron la bolsa ingresada con el cuerpo del bebé.
El visitador Iván Flores expuso que durante las investigaciones que llevaron a cabo para este caso, las autoridades del penal evadieron entregar los videos de seguridad.
En las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), piden, sin fijar montos, la reparación del daño económico y psicológico causados a los padres del bebé, así como revisar la infraestructura de seguridad, entre otras.
También, plantea continuar la investigación administrativa para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.