CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un mes después del escándalo por la exhumación del cadáver del bebé Tadeo de un panteón de Iztapalapa para introducirlo en un penal de Puebla, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una propuesta de lineamientos para regular y vigilar los cementerios de la Ciudad de México.

Entre las novedades que resaltan en el Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la CDMX está la colocación de cámaras de videovigilancia conectadas con el C5 alrededor de los panteones y la obligatoriedad de bachillerato como nivel mínimo para ocupar cargos de responsabilidad en estos lugares y sus servicios, por ejemplo, de crematorios.

Las autoridades informaron que el Reglamento está en proceso de consulta con alcaldías, organizaciones sociales, empresariales, religiosas y ciudadanía en general, y será publicado en los próximos días.

En conferencia, Néstor Vargas, consejero jurídico y de Servicios Legales del gobierno local, detalló que el nuevo Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la CDMX aplicará en los 118 cementerios que hay en la CDMX, entre ellos, 6 generales, 4 civiles, 82 vecinales, 14 privados y 2 históricos; además de 14 crematorios concesionados y servicios funerarios.

Las nuevas reglas

En el nuevo documento se establece como servicio público de cementerios, el funcionamiento, la conservación, y la operación de los mismos; los cuales deberán tener cámaras de vigilancia conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5) las 24 horas, los 365 días del año.

El funcionario agregó que, además de tener como mínimo estudios de bachillerato, los administradores de los panteones deberán comprobar haber trabajado en el área, acreditar cursos en derechos humanos, perspectiva de género, protección a datos personales, no haber sido inhabilitado del servicio público y tener constancia de antecedes no penales y haber aprobado un examen de control de confianza aplicado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Otra medida de control implica que las alcaldías seguirán siendo responsables del funcionamiento de cementerios a su cargo  y deberán registrar un sistema de trabajadores y prestadores de servicios externos, así como un registro de las personas encargadas. También deberán establecer, de manera puntual y periódica, la baja y los cambios de personal para llevar un control estricto de quienes acceden y trabajan en cada cementerio. 

Y en caso de que sepan de hechos que constituyan la alteración y exhumación de cadáveres o restos humanos, debe presentar de inmediato la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La Agencia de Protección Sanitaria, perteneciente a la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) supervisará lo relativo a materia de sanidad, mientras que el Instituto de Verificación Administración (Inea) deberá hacer visitas de verificación de que se cumplan todas las medidas de seguridad. 

Se creará la Comisión Consultiva de Servicios Funerarios que coordinará, vigilará y dará seguimiento a la correcta implementación del Reglamento y atenderá eventuales emergencias sanitarios o situaciones extraordinarias.

En la conferencia, el todavía jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, informó que el propósito del nuevo Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la CDMX, es garantizar el derecho a la preservación de la memoria de los difuntos de manera digna, segura y sanitaria.

Endurecerán penas por exhumación ilegal

También anunciaron que enviarán al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas al Código Penal para aumentar las penas por exhumaciones ilegales y para castigar la comercialización de restos humanos.

“Estamos proponiendo que se penalice la comercialización (de restos humanos) que se ha presentado comunmente en algunas redes sociales o por medio de otros instrumentos de comercialización”, dijo Vargas.

Las penas propuestas irán de 5 a 10 años de prisión. Si en este delito participa un servidor público se le impondrá una pena de dos terceras partes. Y para quien exhume, oculte, destruya o sepulte a personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley, la pena será de 2 a 8 años de prisión. Actualmente es de 3 meses a dos años.

Esta medida se dará luego de que, tras el caso del cadáver del bebé Tadeo, en algunos medios de comunicación se presentaron reportajes de la venta clandestina de huesos y osamentas para actividades de santería, entre otras.