El hallazgo del cuerpo del niño Tadeo en un basurero del penal de San Miguel –donde también se localizaron cinco cadáveres de adultos– puso en aprietos al gobierno encabezado por el morenista Miguel Barbosa Huerta. Al principio el mandatario guardó silencio, luego hizo algunos cambios y finalmente arremetió contra informadores y activistas que reclaman una investigación sobre el modus operandi de las redes de macrocriminalidad que actúan en el corredor CDMX-Puebla.

PUEBLA, Pue. (proceso).- El lunes 24, cuando el gobierno estatal informó sobre la aprehensión de 21 personas, entre directivos, mandos y custodios del penal de San Miguel, por el hallazgo del cadáver del bebé Tadeo, omitió revelar otro descubrimiento en ese lugar: cinco cuerpos mutilados y con huellas de torturas extremas fueron encontrados en una barranca que es usada como desagüe del centro penitenciario.

En plena crisis –generada por las circunstancias en que el cuerpo del bebé de sólo tres meses, exhumado de un panteón de Iztapalapa y después encontrado en un basurero del penal–, el caso de los ejecutados fue acallado por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

Pero el miércoles 26, el portal digital e-consulta publicó más detalles. Entre las 17:00 y las 19:00 horas del lunes 24, cuatro policías estatales, empleados de la Secretaría de Gobernación y los miembros de Protección Civil del estado y el municipio ayudaron a levantar las partes desmembradas de cinco personas de sexo masculino, cuyas edades oscilaban entre 30 y 35 años.

De acuerdo con la información, los restos fueron colocados en bolsas que policías ministeriales se llevaron en dos camionetas Suburban sin logotipos.

El gobernador Barbosa Huerta, de Morena, guardó silencio y, contrario a su costumbre, no desmintió ni objetó la información. Sin embargo, ningún otro medio la reprodujo.

Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, comenta a Proceso que los ministeriales y personal de Protección Civil que participaron en el levantamiento de esos restos fueron amenazados para que mantuvieran el caso en total secrecía.

Pero como ocurrió en el caso del bebé Tadeo, el gobierno estatal pudo silenciar los hechos sólo unos días, aunque hasta el viernes 28 por la noche, al cierre de edición, no había emitido su versión oficial sobre el hallazgo de los cinco cuerpos. Y la mayoría de las preguntas en torno al caso del bebé Tadeo seguían sin respuesta.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, considera que lo ocurrido con el menor desnuda “de nueva cuenta” la fragilidad del Estado mexicano para garantizar la vida, la integridad y la justicia, y, en particular, para velar por el interés superior de la niñez.

Este acto de barbarie, agrega, es una expresión del contexto de guerra que vive el país desde hace más de 10 años, generada por las redes de macrocriminalidad que tienen capturado al Estado y a sus instituciones por el dinero que genera; los reclusorios, puntualiza, son uno más de los territorios bajo su control.

Para el especialista, más allá de que se resuelva en qué o para qué fue usado el cuerpo de Tadeo, el reclamo social y de medios de comunicación debe enfocarse hacia una responsabilidad estructural y actuación por parte del Estado mexicano.

“Si lo usaron para introducir droga, para un rito satánico o para vengarse de las autoridades, eso no cambia que el tema es el derecho de ese niño a la dignidad y la justicia, y el de su familia a la reparación del daño”, recalca.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2361 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.