CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de familiares de víctimas de personas desaparecidas de México y Centroamérica alertaron que, a 10 años de la masacre de Cadereyta, Nuevo León, donde se encontraron 49 torsos de personas, sólo se han identificado a 18 víctimas, siguen sin localizarse los restos faltantes y “no hay sentencia por los hechos ni se ha aclarado dónde y cómo las víctimas fueron privadas de la vida”.

En el décimo aniversario del hallazgo, las organizaciones que dan seguimiento al caso resaltaron que, de los 49 torsos, 43 de ellos de hombres y el resto de mujeres, se han identificado a once personas de origen hondureño, a cuatro mexicanos, dos nicaragüenses y un guatemalteco.

Puntualizaron que hasta ahora “no hay sentencia ni esclarecimiento de cómo ocurrieron los hechos, desde la desaparición de las víctimas en Tamaulipas, hasta el hallazgo de sus restos en Nuevo León”.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, las primeras consignaciones por los acontecimientos, llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República a finales de 2021, “no dan cuenta de la maquinaria desplegada ni del posible involucramiento de autoridades en la tragedia” y menos aún se han revisado “todos los indicios vinculados al caso, incluyendo las mantas ubicadas en el lugar y en diversos estados de la República, ni se ha observado a la luz de otras masacres cometidas en fechas cercanas a los hechos”.

Aunado a ello, en términos de reparación del daño, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tampoco ha dado atención a las familias de las víctimas ya identificadas, por lo que un grupo de personas identificadas como “familias de Cadereyta” pugnan por la reparación a “niños y niñas que quedaron en la orfandad, a madres y padres que han sido ignorados durante una década por las autoridades”.

Las organizaciones representantes de las familias recomendaron la creación de una Comisión Especial “para romper con la impunidad y la opacidad en éste y otros casos de masacres y desapariciones que involucran a la población migrante en tránsito”.

Explicaron que dicha comisión tendría la función de colaborar en las investigaciones, “desde una perspectiva macrocriminal y transnacional, y sea integrada por expertos nacionales e internacionales de distintas disciplinas, tal como lo acaba de recomendar el Comité contra la Desaparición Forzada al gobierno de México (CED)” en su informe de visita al país.

Al destacar que de entre las 31 personas sin identificar están las seis mujeres, las organizaciones recordaron que la Comisión Forense creada en 2013, mediante un convenio entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, y organizaciones de la sociedad civil, “ha conseguido 16 de las 18 identificaciones en el caso y demostrado que la articulación entre familias, organizaciones y autoridades es clave para avanzar en los procesos de búsqueda e identificación”.

Por los avances que hay en el caso, se pone en evidencia que “la búsqueda y la investigación no pueden ser entendidas como tareas separadas, y que la cooperación entre países de origen, tránsito y destino es fundamental para responder a fenómenos transnacionales y que sobre todo se requiere voluntad política”.

Las organizaciones defensoras de las familias migrantes recordaron que las víctimas fueron criminalizadas, pues horas después del hallazgo, el 13 de mayo de 2012, los hechos fueron calificados como “arreglo de cuentas” entre grupos delincuenciales, por lo que las familias “esperaran la reivindicación de la memoria de las víctimas, solicita por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 8VG/2017”.

Como quedó demostrado, “las víctimas eran migrantes, civiles, jóvenes, padres, hermanos, hermanas, hijas, obligados por las condiciones sociales, económicas y la propia violencia en su país, a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida”, al ser México un país de “origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes”.

Las organizaciones que alertaron de las deudas que persisten con las víctimas de la masare de Cadereyta y sus familiares son la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (Cofamideaf), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (Afamideg), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), el Comité de Familiares Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de La Guadalupe (Cofamigua).