CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a que incurrieron en un “conflicto de interés”, al diseñar junto con la empresa Coca Cola el antiguo etiquetado de las bebidas azucaradas, la organización El Poder del Consumidor (EPC) denunció a varios funcionarios y ex funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Entre los principales exfuncionarios denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) se encuentran Mikel Arriola, quien fuera titular de la Cofepris durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; así como el entonces abogado de la institución, Patricio Caso Prado; y el encargado de Operaciones Sanitarias, Álvaro Pérez Vega.

En conferencia de prensa, el presidente de EPC, Alejandro Calvillo, aseguró contundente que, en su tiempo, estos funcionarios “sirvieron a los intereses” de la poderosa trasnacional y de sus empresas subsidiarias, como Jugos del Valle, al imponer este etiquetado, mediante el cual no se alertó a la población sobre al alto contenido de azúcares de sus bebidas, afectando así a la salud pública.  

Por su parte, el coordinador del área jurídica de EPC, Javier Zúñiga, también presente en la conferencia de prensa, indicó que, entre los elementos de prueba con los que cuentan, están varias comunicaciones por internet que, entre 2013 y 2016,  sostuvieron Caso Prado y Pérez Vega con directivos de la Coca Cola.

Calvillo y Zúñiga señalaron que la finalidad de estas comunicaciones fue diseñar el antiguo etiquetado, pese a que éste fue muy criticado por la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales, ya que permitió establecer “un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y no solo eso, sino que también estas comunicaciones entre funcionarios estuvieron encaminadas a realizar una “defensa en conjunto” contra los amparos que, ya para entonces, había presentado EPC y otras organizaciones de la sociedad civil en contra de las acciones de la trasnacional refresquera y de la Cofepris.

Calvillo aclaró que si bien no se ha detectado ningún correo electrónico enviado por Mikel Arriola a la Coca Cola, sí se detectaron correos de sus subalternos, por lo que Arriola también tiene responsabilidad en este “conflicto de interés”.

Y más todavía si se toma en cuenta –recalcó Calvillo— que la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya le habían advertido a Arriola que dicho etiquetado permitía un alto contenido de azúcar.

Sobre estas comunicaciones entre los subalternos de Arriola y los funcionarios de la Coca Cola, el abogado Javier Zúñiga abundó:

“En estas interacciones, el actuar de los servidores no es imparcial, sino que privilegia a un tercero, en este caso Coca Cola. Y el interés de la institución, que debería ser la salud púbica, es dejado de lado”.

Este hecho, recalcó el abogado, representa un “conflicto de interés de los ex funcionarios de la Cofepris”.

Señaló que estas comunicaciones comprometedoras se obtuvieron gracias a un proceso legal emprendido en Estados Unidos, llamado Foreign Legal Assistance, mediante el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses a raíz de juicios en el extranjero.

Por su parte, Calvillo indicó que este conflicto de interés ha quedado ahora reforzado por el hecho de que Patricio Caso Prado es actualmente un alto ejecutivo de la Coca Cola, pues figura como “Senior Director of Goverment Affairs”.

Estamos ante un caso más –dijo—de las llamadas “puertas giratorias” que llevan de los puestos  gubernamentales a los cargos ejecutivos de las empresas privadas.  

Aparte, indicó, EPC interpuso denuncias contra actuales funcionarios de la Cofepris, pero éstas no son por conflicto de interés, sino por “incumplimiento de transparencia”, ya que se niegan a proporcionar información.

Y entre los funcionarios actuales mencionó a Mónica Téllez Estrada, del módulo de transparencia de la Cofepris. 

Finalmente, dijo, será la SFP la que determiné las sanciones pertinentes contra estos servidores públicos denunciados.