CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López presentó este jueves la iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral, que plantea modificar 18 artículos constitucionales y sustituir el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). 

Esto es lo que propone el gobierno:

• Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.

• Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.

• Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.

• Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.

• Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.

• Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.

• Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.

• Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales y reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.

• Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.

• Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.

El argumento

“Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, empresa y poder económico puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular”, expresó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.

Señaló que que el creciente número de representantes populares “no mejora la calidad” de representación popular, sino que solo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el dinero público.

Incluso, dijo que los gastos en burocracia partidista solo promueven que los partidos se abstengan de cobrar cuotas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia, “ya que son parasitarias pero pagadas con fondos públicos”.

Por ello, planteó que el financiamiento público de partidos y candidaturas independientes debe realizarse “solo para hacer menos dispareja” la contienda electoral, es decir, durante las elecciones, pero sin subsidiar “a las burocracias partidistas”, indicó.

En la conferencia mañanera, el funcionario federal presentó los motivos de la iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

Al respecto, Gómez Álvarez dio lectura a un documento que contiene los 10 objetivos fundamentales de la iniciativa de reforma constitucional que en principio propone dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. 

“Por vez primera, en las elecciones de 2021, el gobierno federal no compró votos, ni asignó dinero para que otros lo hicieran”, dijo.

“Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ninguna empresa, ningún poder económico puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular”, sostuvo el legendario dirigente de la izquierda en México. 

El segundo punto, considera que se debe erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales “honestas e imparciales” que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder. 

"Es necesario superar la situación en la que las autoridades electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno, lo cual, recientemente, se modificó al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno”, advirtió el funcionario federal. 

Incluso, comentó que ambas prácticas “son indebidas y dañinas” para el país y dijo que las autoridades electorales, administrativas y judiciales deben ser imparciales y apegadas a la legalidad y los  principios democráticos.

El tercer concepto de la iniciativa de reforma constitucional, busca garantizar la libertad política para los ciudadanos y erradicar las censuras de cualquier especie. 

“En estos tres años, ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal, ni se ha perseguido a ningún partido o candidato, gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias”, aseguró Pablo Gómez. 

No obstante, existen instancias públicas y organismos que “supuestamente deben defender” las libertades, así como “poderosas” corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país, sostuvo el funcionario federal.

“La libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”, consagrada con esta calidad en el artículo 7 de la Constitución, debe ser efectivamente “inviolable”, como lo marca la misma Carta Magna, y por tanto, ser defendida también en todos los campos de la vida republicana de México”, aseguró.

El cuarto punto, pretende construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. 

“Los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular y deben tener la suficiente cobertura para su existencia, así como representar a sus votantes en los órganos del poder, al igual que los partidos políticos”, expresó.

Enseguida, el quinto propósito quiere conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de austeridad republicana. 

El titular de la UIF, aseguró que ya se ha demostrado que el camino hacia la federalización de las instituciones electorales, proceso iniciado hace ya décadas, es correcto. 

El problema, dijo, es que no se ha culminado y la iniciativa de reforma constitucional plantea “una sola legislación" y organismos administrativos y judiciales únicos, encargados de las funciones electorales.

“Lo que al mismo tiempo, disminuirá el gasto público que ahora se destina a la duplicidad de funciones”, advirtió.

El sexto concepto de la iniciativa se enfoca en designar mediante el voto secreto, directo y universal a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, a través de la postulación de candidaturas a cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Es preciso que las instancias encargadas de organizar las elecciones y de aplicar el derecho electoral, adquieran una dimensión ciudadana, para lo cual se propone que sus integrantes sean designados mediante el voto universal, libre y secreto”, refirió.

El séptimo concepto de la iniciativa pretende crear un nuevo sistema de elección en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del poder público, a través de “una proporcionalidad pura”. 

"Uno de los mayores cambios políticos del momento actual consistirá en darle mayor representatividad a los órganos legislativos y municipales del país, para lo que se necesita que todos los votos válidos emitidos tengan el mismo peso y que los electores conozcan a los candidatos por quienes pueden votar directamente en cada entidad federativa y en cada municipio”, sostuvo Pablo Gómez.

El octavo concepto se refiere a elegir ambas cámaras del Congreso de la Unión, mediante votación en cada una de las entidades federativas con el uso del método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes. 

El mismo método, se aplicaría en cada elección legislativa local, expresó el funcionario federal.

El noveno punto habla sobre el fijar en 300, el número de integrantes de la Cámara de Diputados federal y en 96 en el Senado. 

Así mismo, establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades más grandes para conformar sus legislaturas y un tope máximo de 9 integrantes o regidores en los mayores ayuntamientos.

“Se debe reconocer que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de representación popular sino que solo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo”, aseguró Gómez Álvarez.

El décimo punto habla sobre limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada mes durante todos los años y “regular” las aportaciones de las personas a los institutos partidistas.