WASHINGTON (apro) – Durante la audiencia para presentar los argumentos orales del caso de la demanda civil del gobierno de México en contra de ocho fabricantes estadunidenses de armas por el tráfico ilegal de sus productos que empodera a cárteles del narcotráfico, el juez Dennis Saylor, a cargo del caso, cuestionó la extraterritorialidad de la queja.

En la audiencia llevada a cabo vía zoom y que duró casi 100 minutos, el magistrado solamente cuestionó a los abogados del gobierno de México y no a los demandados durante sus respectivas argumentaciones.

“Saben que sus ventas de armas estilo militar son de la preferencia de los cárteles y lo hacen sabiendo que sus armas (semiautomáticas) fácilmente se pueden convertir en armas automáticas”, exponía ante la sesión Steve Shadowen, uno de los abogados del gobierno de México.

En ese momento el juez Saylor de la Corte Federal de Massachusetts donde se presentó la demanda, interrumpió el argumento de Saylor para cuestionar el asunto de la extraterritorialidad en referencia del uso de armas estilo militar manufacturadas en Estados Unidos.

El juez le preguntó al abogado del gobierno mexicano que si bajo esas argumentaciones, países como El Salvador e Italia también podrían demandar, por el uso de armas estilo militar hechas en Estados Unidos por parte de pandilleros de la M13 y miembros de la mafia italiana.

“Ellos podrían”, respondió Shadowen, quien en la Corte de Massachusetts representa a los intereses de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Ante la contestación el juez insistió, ahora usando como analogía a terroristas en Israel y la de la invasión militar de Rusia a Ucrania.

“Los ucranianos están usando armas militares o revólveres fabricados por Smith and Wesson para matar soldados rusos, ¿podría entonces Rusia demandar a Estados Unidos o por qué no lo haría, si lo que dice su teoría es correcto”, preguntó el juez al abogado Shadowen.

El cuestionamiento del magistrado al gobierno de México es un mal indicio para su demanda, tomando en cuenta que la denuncia contra los ocho fabricantes estadunidenses de armamentos se sustenta en la presunta extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos con respecto al tráfico ilegal de armamento y sus consecuencias para los mexicanos.

Las empresas estadunidenses demandadas hablaron ante el juez sobre su petición del pasado 14 de marzo, de que se deseche la demanda porque ante la Corte Federal no tiene causa probable ni sustento y menos jurisdicción por ser un asunto netamente estadunidense.

El arma de los ocho armeros ante la queja de México es la instrumentación jurídica de la ley sobre Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) que establece que da inmunidad en este caso a los demandados en cualquier corte estadunidense.

México sostiene que cada año entran a su territorio entre 500 a 800 mil armas de todo tipo fabricadas a Estados Unidos y que empoderan al crimen organizado y a los cárteles de la droga, por la negligencia de los armeros a los que corresponsabiliza a los homicidios cometidos con sus productos en todos los estados mexicanos.

La demanda de México

La SRE por medio de su equipo de abogados, quiere que el asunto se resuelva en juicio, porque asegura tener las evidencias para demostrar la causa probable en contra de los demandados a los que les exige una compensación de unos 15 mil millones de dólares, que serían destinados a los familiares de las víctimas de homicidios con armas estadunidenses.

“El gobierno (mexicano) está usando a la corte como herramienta, su demanda tiene fallas, defectos y no puede enmendar lo que dice la PLCAA sobre la fabricación de las armas”, sostuvo el abogado de la empresa Smith and Wesson, Andrew Llelling.

Las ocho armerías demandadas por México son: Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.

El abogado Llelling, uno de los más activos en la audiencia, agregó a favor de la petición de desecha de demanda que las quejas del gobierno mexicano son especulaciones porque menos del 10% de las armadas usadas en México para cometer homicidios son estadunidenses.

Los armeros sostuvieron que los criminales mexicanos adquieren armas de todos lados, manufacturadas en otros países, que el uso de la PLCAA además de ser violatorio de leyes no tiene jurisdicción en Massachusetts.

“No tiene extraterritorialidad, no hay por qué castigar por conductas que se llevan a cabo fuera de Estados Unidos, el Congreso federal (estadunidense) robusteció a la PLCAA para aplicarse aquí”, enfatizó el abogado Llelling ante el juez.

Las presentaciones orales de la parte demandante y la demanda ya no volvieron a ser cuestionadas por Saylor, el juez se limitó a coordinar las respuestas a cada una de las posiciones.

Tras la conclusión de las argumentaciones, el juez informó a las partes que esperará a que le envíen mociones si así lo deciden, ya que a finales de este mes o en mayo próximo, emitirá su fallo sobre si desecha la demanda o decide celebrar juicio como lo pide el gobierno de México.