MÉRIDA, Yuc., (apro).- Representantes de más de una veintena de comunidades mayas de la península afectada por las megagranjas porcinas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, dialogar con ellos en torno al daño ambiental que generan esas industrias en la región.  

Concretamente le pidieron visitar, entre el 6 y el 13 de abril el poblado de Homún, cuyos pobladores, a nombre de sus niños, iniciaron hace varios años un proceso judicial para sacar la megagranja porcícola que contamina la reserva hidrológica Anillo de los Cenotes.  

Las operaciones de dicha granja fueron suspendidas por un amparo judicial, pero el litigio entre la empresa PAPO, propietaria de esa industria, y la comunidad continúa.  

En una misiva dirigida al mandatario y la funcionaria federal, los peticionarios, agrupados en el Comité maya de Homún “Kana’an Ts’onot” (Guardianes de los Cenotes), Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik´in-já”, Colectivo Cantukún, La Esperanza de Sitilpech, Comité Vecinal de Yaxkukul, Kanan Lu´um Chapab (Defensores de la Tierra) y Misioneros A.C., expusieron su inconformidad con la operación de esas megagranjas en sus territorios ancestrales. 

Insistieron en que la porcicultura a gran escala en Yucatán se consolidó como una actividad económica en los últimos años, siendo esta entidad la región con mayor crecimiento en ese rubro a nivel nacional.   

“El establecimiento de granjas con miles de cabezas de cerdos es una actividad empresarial que tiene múltiples impactos ambientales y se ha desarrollado en nuestros territorios, violando nuestra autonomía y libre determinación, y afectando mayas gravemente nuestra tierra, agua, recursos naturales y formas de vida”, dijeron. 

Añadieron que, por ello, muchos pueblos, entre ellos los que suscriben la carta, han denunciado por diversas vías las afectaciones ambientales, sociales, culturales y territoriales que esta industria a gran escala les genera. 

Recordaron que además han solicitado reiterativamente a los tres niveles de gobierno la implementación de medidas normativas y administrativas que frenen esa actividad y garanticen el derecho de las comunidades originarias a la libre determinación y a un medio ambiente sano.  

Y, como ejemplo, citaron la denuncia popular con número PFPA/5.3/2C.28.2/00006-19, que presentaron 21 pueblos mayas ante Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a finales de 2020, y reprocharon que hasta ahora ninguna autoridad los ha escuchado. 

Asimismo, destacaron que, “con asombro notamos que en el comunicado de prensa número 19/22, emitido el 25 de marzo del presente año, la Semarnat admite que uno de los principales problemas ambientales en la península de Yucatán es el incremento de granjas de cerdos”.  

Y refirieron que, de manera textual, dicho boletín señala: 

“’Se permitió el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas. Por ejemplo, en el estado de Yucatán la Asociación de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas en 50 municipios de la entidad, cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestación, desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable, y se acrecienta por las características cársticas de sus suelos’”. 

Al respecto, reclamaron que les sorprende “esta afirmación, no porque no sea cierta, sino porque hasta la fecha son nulas las acciones que desde el Ejecutivo federal y del estatal, se han implementado para detener esta actividad que afecta gravemente a nuestros pueblos”.  

En ese sentido, recordaron que a López Obrador que, “de los múltiples viajes que el representante del Ejecutivo y su comitiva han hecho a la península de Yucatán, en ninguno de ellos se ha posicionado sobre el tema o reunido con las comunidades afectadas por esta industria para escucharnos y atender nuestras peticiones al respecto”.  

Y se quejaron de que tampoco han tenido respuesta de la encargada de Semarnat, a pesar de que la invitaron expresamente a finales del año pasado para reunirse y escuchar a los pueblos afectados por la industria porcina. 

Por ello, reiteraron su invitación a reunirse con las comunidades afectadas a fin de hacer frente a esa industria que contamina sus territorios, el agua y pone en riesgo su subsistencia e identidad cultural. 

“Queremos contarle de viva voz las afectaciones que vivimos y las medidas que, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, hemos tomado y que no han sido respetadas por las autoridades de ningún nivel”, insistieron.  

Añadieron que, “en el contexto de un país pluricultural como el nuestro, resulta indispensable el diálogo intercultural horizontal entre los pueblos originarios y las autoridades en turno, de tal manera que la perspectiva de desarrollo regional tome en consideración la mirada y proyecto de vida de esos pueblos”. 

Y señalaron que esa es además una obligación derivada del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. 

La petición es para que el mandatario les visite entre el 6 al 13 de abril en el pueblo de Homún, “donde desde hace 6 años llevamos un proceso de defensa de nuestro territorio y nuestra agua de las operaciones de una mega granja de 49 mil cerdos”.  

“Nosotros y otros pueblos que viven los impactos de esa industria queremos entablar una mesa de diálogo sobre las acciones que se deben llevar a cabo para proteger el agua, el medio ambiente, la salud y nuestros derechos como pueblo maya. Esperamos que las autoridades y dependencias además tomen las acciones correspondientes para garantizar nuestros derechos”, dijeron.