Yucatán
Con marcha, reclaman a Vila Dosal por apoyar a empresa porcina suspendida en Homún
Pobladores de Homún y activistas marcharon para reclamar al gobernador Mauricio Vila que su gobierno se prestara a las maniobras legaloides para revertir la suspensión impuesta a la mega granja porcina.MÉRIDA, Yuc. (apro).- Pobladores de Homún e integrantes de organizaciones civiles marcharon hoy por el centro de esta capital para reclamar al gobernador Mauricio Vila Dosal que su gobierno se prestara a las maniobras legaloides con que la empresa PAPO busca revertir la suspensión judicial que en 2018 se impuso a su mega granja porcina en esa localidad.
Asimismo, exigieron al mandatario que fije una postura pública respecto a ese problema.
Durante el plantón frente al palacio de gobierno, Doroteo Hau Kuuk, dirigente de Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes), la asociación civil que se constituyó en el pueblo de Homún para defender sus recursos naturales afectados por la mega granja, advirtió que continuarán su lucha por sus derechos al agua, a la salud, al medioambiente sano y a la libre autodeterminación.
En su mensaje dirigido directamente al gobernador, expuso que recién se enteraron de que el gobierno estatal de Yucatán avaló las maniobras de la mega fábrica de cerdos para levantar la suspensión ordenada en 2018 por la jueza Miriam Cámara Patrón, quien falleció a principios de julio pasado.
Recordó que esa suspensión detuvo hasta ahora las operaciones de la granja, con capacidad para 49 mil cerdos, y que de manera irregular se instaló en ese territorio, en plena reserva hidrológica Anillo de los Cenotes, por lo que infantes de Homún promovieron un juicio de amparo en contra de esa industria y en reclamo de sus derechos a la salud y al medioambiente sano.
Kanan Ts’ono’ot culpó del problema al gobierno del estado, “cuyas instituciones que supuestamente cuidan el medioambiente dieron permiso a la granja de operar”.
“No olvidamos que la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), encabezada por Eduardo Batllori, dio el permiso a la granja porcícola sin tomar en cuenta el derecho a la consulta y el consentimiento del pueblo maya de Homún”, recriminó.
Hau Kuuk destacó en su mensaje que Kanan Ts’ono’ot acompañó el mes pasado el ejercicio del derecho de los pueblos mayas de Kinchil, San Fernando y Celestún a la libre determinación y a la consulta. Ante la omisión del Estado, dichas poblaciones se autoconvocaron a la consulta indígena respecto a las mega granjas que operan en sus respectivos territorios.
También reclamó que, como cuando Homún organizó su consulta, en 2017, en la que el pueblo rechazó la instalación de la mega granja en su territorio, esta vez la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), dependencia que reemplazó a Seduma y que encabeza Sayda Rodríguez, estuvo ausente.
“No se presentó ni en Kinchil, ni en San Fernando, ni en Celestún para brindar la información a los pobladores sobre por qué se dieron los permisos sin consultar a los pueblos mayas y sobre las afectaciones al medioambiente que tienen este tipo de fábricas de cerdos”, añadió.
Dadas las circunstancias, emplazó al gobernador: “va siendo hora de que el gobierno de Yucatán que usted encabeza se posicione frente a los atropellos que las mega fábricas de cerdos han estado haciendo en los últimos años, pisoteando los derechos de los mayas de Homún y de otros pueblos”.
“Que diga su palabra sobre si el gobierno estatal de Yucatán reconocerá los resultados de las consultas y si seguirá avalando los permisos para que las mega fábricas de cerdos continúen imponiéndose en nuestros territorios”, insistió.
Por su parte, en representación del Equipo Indignación, la asociación civil que acompaña la lucha jurídica de Homún, Jorge Fernández Mendiburu dijo que el próximo jueves 5 el Juzgado Segundo de Distrito definirá si mantiene o levanta la suspensión a la granja.
El pasado 6 de julio la empresa PAPO presentó en los juzgados de Distrito en Yucatán un documento emitido por la SDS, en el que su directora Jurídica, Karen Aguirre Bates, afirma que “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”.
Dicho recurso, dijeron los denunciantes, constituye un “hecho superveniente”, es decir, un elemento nuevo para solicitar de nueva cuenta la revocación de la suspensión otorgada en Tribunales a la niñez de Homún.