CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estamos encabronados”, lanzó Mario González, padre de César Manuel, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, al fijar el posicionamiento de los padres y madres de los estudiantes, luego que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara la participación de miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en una aparente manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, escenario de la “verdad histórica”.

Después de analizar el informe presentado por los expertos, en nombre de los padres y madres de los estudiantes, Mario González reprochó que la participación de la Semar en la trama, así como otros documentos desclasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hayan sido conocidos más de tres años después de que se firmara el decreto presidencial que ordenaba a todas las dependencias federales a entregar la información que tuvieran sobre el caso Ayotzinapa.

“Nos vieron la cara durante tres años, las instituciones jugaron con nosotros”, acusó González, al recordar que los padres y madres firmaron el decreto presidencial y que los llevaron al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, “a sabiendas que no había nada” y que los “hicieron tomar la fotografía con la Sedena”.

“¿Cómo no estar enojado si a tres años sale una información que tuvo que ser entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos, si jugaron con nosotros, no las instituciones pasadas ni los mandos de las instituciones pasadas, sino del presente, si lo único que querían era la fotografía?”, cuestionó el padre de César Manuel.

La molestia de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos fue expresada luego de reconocer que, sin el trabajo del GIEI, no habría sido posible documentar lo que ellos ya intuían desde el primer momento de la desaparición de sus hijos, de que las Fuerzas Armadas debían tener información de la tragedia ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Después del video dado a conocer ayer por el GIEI, los padres no sólo confirmaron su sospecha, sino que se enteraron de que en la construcción de la “verdad histórica”, participaron también miembros de la Semar, de acuerdo al video en el que se observa a marinos realizando actividades en el basurero de Cocula, horas antes que llegara al lugar el entonces procurador Jesús Murillo Karam y el quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a una reunión para “hablar del informe del GIEI y para que se abra una carpeta de investigación” contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Semar, toda vez que persisten “obstáculos y seguimos a tres años sin saber la verdad”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales, alertó que el tercer informe del GIEI demuestra que hubo “manipulación del basurero de Cocula para ensuciar y ocultar la verdad”, y que quedó claro que las “Fuerzas Armadas sólo han administrado la información”.

Denunció la falta de cumplimiento del decreto presidencial por parte de todas las instituciones federales, y que los expertos hayan tenido que recurrir directamente al presidente López Obrador para que la Sedena y la Semar entregaran información, misma que ha sido negada a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).

“Ya quedó claro que hubo un montaje y una manipulación, lo que esperamos ahora son investigaciones contra los marinos y los militares, siempre hemos pedido que se hagan investigaciones que incluyan la cadena de mando, y que haya consecuencias jurídicas”, puntualizó Rosales Sierra.

El director de Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, recordó que el artículo quinto del decreto presidencial que crea la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, obligaba a todas las instituciones, incluidas Sedena y Semar, a entregar información, por lo que la obtención de la información tres años después de firmado el decreto es incompatible con el compromiso presidencial de llegar a la verdad.

“Si no obedecen al decreto presidencial, ¿a quién obedecen Semar y Sedena?”, preguntó Aguirre tras llamar al presidente López Obrador a “retomar el diálogo directo” con los familiares de los normalistas, luego de haberlo suspendido en septiembre del año pasado.

Apuntó que las principales resistencias para esclarecer el caso están dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Sedena, más que en los jueces, porque el caso aún no ha sido cerrado en la investigación.

Humberto Guerrero, abogado del Centro de Análisis e Información Fundar, resaltó que la permanencia del GIEI por cuatro meses más, prorrogable por dos meses, se debe a que aún falta información por dilucidar.

“La permanencia del GIEI no es para siempre, los expertos están aquí para ayudar a esclarecer el caso, pero la obligación de investigar y poner sanciones es del Estado mexicano, no del GIEI que únicamente tiene como mandato emitir recomendaciones, que esperamos sean atendidas por el Estado”, agregó Guerrero.