CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló la presencia del exprocurador Jesús Murillo Karam y de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) en el basurero de Cocula en momentos en que todavía no se conocía la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el Tercer Informe sobre el caso Ayotzinapa, presentado en la Secretaría de Gobernación este lunes, como parte del mandato por la medida cautelar MC/409/14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), el GIEI da a conocer un video de más de dos horas tomado el 27 de octubre de 2014, por un dron de la Semar, sobre el área del basurero de Cocula.

Del análisis de las imágenes, el GIEI concluye: “Un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de 6 h39 am(sic) hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam (a las 8:28 horas), en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación previa e investigación del basurero de Cocula”.

Tras una revisión detallada, cuadro por cuadro de las imágenes, los expertos advierten que “los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas, se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero”.

Algunos marinos “descienden al fondo de la hondonada del basurero” y “encienden una hoguera, en el inicio de la pendiente”, en tanto que los bultos bajados de las camionetas navales “han desaparecido”.

De acuerdo con la explicación que les dieron a los miembros del GIEI sobre la hoguera, se hizo “para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordinadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de coordenadas”.

En su tercer reporte sobre el caso Ayotzinapa, el GIEI recuerda que ese mismo día, a las 16:00 horas de ese día, Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encabezaron una conferencia de prensa en la Ciudad de México para anunciar la detención de cuatro integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, supuestos partícipes de la desaparición de los estudiantes en el basurero de Cocula ya el río San Juan.

Sin embargo, “en ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no había ocurrido”, revela el Tercer Informe, al destacar que en los primeros días de febrero elementos de la Policía Estatal y del 27 Batallón de Infantería, ya vigilaban el lugar y preguntaban a lugareños de Cocula por algunos personajes que fueron después acusados por la PGR. 

La “verdad histórica”, una construcción

En esta tercera entrega, el GIEI, compuesto por Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, exhibe cómo la “verdad histórica” fue construida por funcionarios de distintas dependencias, como la policía estatal, el Ejército, la Semar, la Policía Federal, la PGR, la AIC y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), narrativa que “fue una forma  de ocultar el destino de los estudiantes ya que sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada, que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados”.

Con la participación de la Unidad Especializada en la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), entre los nuevos datos revelados en el documento, se demuestra que la llamada anónima con la que se justificaron las detenciones de personas involucradas en la “verdad histórica” no existió, y que “se bajó de forma intencional y bajo la dirección de una persona de nivel de dirección de la unidad antisecuestros de la PGR, para dar cobertura a las detenciones que se habían realizado el 27 de octubre (…) se falseó no sólo el contenido sino la fecha, señalando que habría ocurrido el 25 de octubre, de forma que diera credibilidad a actuaciones que ya estaban en curso”.

Asimismo, se localizaron más de 60 videos relacionados con 50 detenidos, “que demuestran el trato degradante y violatorio de derechos humanos”, así como actos de tortura que recibieron por parte de “titulares de Unidad, agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales, ministeriales de la PGR, así como elementos de la Policía Federal y del Cisen (Centro de Información y Seguridad Nacional)”, hechos que ocurrieron en instalaciones de la Semar y de la Seido.

Al sostener que en el caso Ayotzinapa la tortura fue sistemática, el informe describe el modus operandi a partir de los videos: “los detenidos aparecen con los ojos vendados, sufren golpes, amenazas en contra de ellos o sus familiares cercanos y largos periodos de detención sin alimentos o agua, así como la negación de la asistencia de un defensor”.

Para los autores del informe, “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobe los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.

El caso de Alexander Mora

Al reconocer que el resto que habría hallado un miembro de la Semar, un buzo, en el río San Juan, corresponde efectivamente a uno de los 43, Alexander Mora Venancio, el grupo de expertos alerta sobre la necesidad de saber cómo se obtuvo el resto óseo y cómo llegó ahí.

“Todo esto permite afirmar que se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo. Funcionarios que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros, llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”, puntualizan.

Los expertos del GIEI resaltan que la información de las Fuerzas Armadas puedo obtenerse a partir de abril de 2021, tras la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de la existencia del decreto de creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que ordenaba a todas las instancias federales la apertura de archivos relacionados con el caso.

Es así como en su tercer reporte incluye datos sobre la vigilancia del Ejército y del Cisen sobre las movilizaciones de los estudiantes y los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero, así como de la infiltración de militares en la Normal de Ayotzinapa y en la comunidad de Tixtla, tal como lo reveló Proceso en su edición 2349.

El GIEI lamenta que la Sedena se resista a entregar algunos documentos que podrían aportar información relevante sobre el caso, como son investigaciones internas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas, entre ellas averiguaciones previas abiertas contra oficiales por las denuncias de sobrevivientes maltratados por los soldados en el Hospital Cristina, donde los jóvenes llevaron a un compañero herido.

Entre los temas pendientes por investigar, el GIEI considera necesario establecer qué ocurrió con el quinto autobús que tomó un grupo de muchachos y que no ha aparecido, así como solicitar más información de Guerreros Unidos a Estados Unidos, a partir de los juicios abiertos contra algunos de sus miembros detenidos en ese país.

El GIEI formula 26 recomendaciones en materia de acceso pleno a los archivos militares; fortalecimiento de la investigación; procesos de búsqueda; investigación de las torturas; apoyo a los familiares y la aplicación de la experiencia de la UEILCA y la Comisión de la Verdad en otros casos de graves violaciones a derechos humanos.