CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La Coca Cola es habitual en la vida de los mexicanos: en sus alimentos de cada día, en sus festejos e, incluso, en los altares para recordar a sus muertos. Después de Estados Unidos, México es el mercado más importante para esta firma refresquera: del volumen total de refrescos destinados a América Latina, un 47 por ciento es comprado en este país.

The Coca Cola Company presta especial atención a sus 120 millones de clientes mexicanos y le preocupan las políticas públicas que se implementan en el país. Incluso, en sus informes anuales hace análisis sobre las medidas que plantean los distintos gobiernos; también proyecta ante sus socios la manera en que éstas afectarán sus operaciones y, sobre todo, sus ganancias. Por eso, en México lleva a cabo estrategias con el fin de prevenir, retrasar o debilitar las regulaciones que restringen sus actividades.

El fichaje de políticos es uno de sus métodos. Su modus operandi es sumar expresidentes, exsecretarios de Estado y otro tipo de servidores públicos a sus filas con el fin de obtener beneficios gracias a sus relaciones y tener influencia en el ámbito político. A este movimiento de funcionarios de alto nivel que dejan la función pública para entrar al sector privado y viceversa se le conoce como “puertas giratorias”.

México “es el país donde las redes entre las élites empresariales están más unidas en el mundo, gracias a asociaciones como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Gracias a iniciativas incluso alentadas por el propio Estado, los grandes empresarios de México fueron tejiendo muchas redes entre ellos”, explica Julián Cárdenas, investigador de la Universidad de Valencia, quien ha analizado particularmente este fenómeno, así como los vínculos entre empresas y servicio público.

Vicente Fox es quien más ha hablado sobre su relación con la empresa. Fue empleado de Coca Cola durante 14 años antes de ingresar a la política. Para llegar a la presidencia, buscó apoyo de todos los sectores. En 1998, creó la asociación civil Amigos de Fox, con ayuda de excompañeros suyos en la embotelladora, como Lino Korrodi –su coordinador de campaña electoral– y José Luis González González, “El Bigotón”, quien había sido presidente de Coca Cola México. De hecho, Coca Cola fue quien dio los primeros donativos al expresidente para su campaña, según confesó él mismo, en 2018, al podcast Household name.

Una vez en el poder, Fox sumó a su equipo a Cristóbal Jaime Jaquez, quien laboró en la refresquera por 12 años. Lo puso como director de la Comisión Nacional del Agua; durante esa gestión se triplicaron las concesiones de agua que tenían subsidiarios de Coca Cola y Nestlé. El expresidente también invitó como secretario de Energía a Fernando Elizondo Barragán, nieto de Manuel Barragán Escamilla, fundador de Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina.

El caso de Fox no es único. Ernesto Zedillo (1994-2000) también se sumó como consejero a las filas de The Coca Cola Company. Lo hizo justo después de dejar la presidencia. Durante su gobierno había permitido que la publicidad de alimentos y bebidas fuera autorregulada por la propia industria. Algunos de sus excolaboradores siguieron sus pasos y se sumaron a Coca Cola. Uno de ellos, Genaro Borrego, había dirigido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); otro, Roberto Campa Cifrián, había sido secretario del Trabajo y Previsión Social, subsecretario de Gobernación y procurador federal del consumidor.

Uno más que estableció vínculos con Coca Cola fue Luis Téllez Kuenzler, jefe de oficina de la presidencia de Zedillo y luego secretario de Energía. Fue consejero de FEMSA hasta 2005. Un año después se incorporó al gobierno del expresidente Felipe Calderón como secretario de Comunicaciones y Transportes.

“Las preferencias personales y políticas de los presidentes en la formulación de políticas de salud, los lazos históricos de la presidencia mexicana y los intereses creados en el avance de la prosperidad continua de Coca Cola” han jugado un papel importante, dice Eduardo J. Gómez, académico del King’s College London, quien ha realizado estudios sobre la influencia política de Coca Cola en México.

En 2012, Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente de este país e invitó como secretaria de Salud a Mercedes Juan López. Había sido presidenta ejecutiva de Funsalud, organización civil patrocinada por las principales empresas farmacéuticas, hospitalarias, de alimentos y bebidas en México; también había sido consejera de Coca Cola. Ya como funcionaria, se opuso fuertemente a que se estableciera un impuesto a bebidas azucaradas.

Durante la administración de Peña Nieto, decenas de grandes empresas recibieron condonaciones y cancelaciones de impuestos; entre ellas, la cadena de tiendas Oxxo, que es parte del conglomerado de FEMSA, el embotellador más grande de productos Coca Cola en el mundo, por volumen de ventas. Según reportes de la organización civil Fundar, se le condonaron alrededor de 60 millones de pesos (296 mil dólares) de impuestos entre 2015 y 2019.

En mayo de 2020, FEMSA informó que había acordado con el Servicio de Administración Tributaria de México “finalizar diferencias de interpretación” que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales. Desembolsó 8,790 millones de pesos (43 millones de dólares).

El más reciente fichaje de The Coca Cola Company es Patricio Caso Prado, exfuncionario de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del IMSS durante el sexenio de Peña Nieto. Tres años después de terminar su labor como servidor público, se sumó a las filas de la empresa como Senior Director of Government Affairs, según se lee en su cuenta de LinkedIn.

Él fue uno de los diseñadores de un polémico etiquetado frontal de alimentos que se implementó entre 2015 y 2020, pese las críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de investigadores, médicos y defensores de la salud alimentaria, pues argumentaban que beneficiaba a la industria refresquera y propiciaba un mayor consumo de azúcares.

Recientemente, la OMS publicó un documento en el que juzga este tipo de prácticas. Las define como “determinantes comerciales de la salud”, porque se trata de actividades de la iniciativa privada que afectan el bienestar de la población y que, en el caso de las bebidas azucaradas, pueden ser factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y problemas dentales.

El tema es de gran relevancia porque las bebidas azucaradas han tenido un papel fundamental en la precarización de la salud de los mexicanos. Son responsables de más de 24 mil muertes cada año, según reportó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2020. Además, entre hombres y mujeres menores de 45 años, causan 22 y 33%, respectivamente, del total de muertes vinculadas con los males antes mencionados.

Sobre la contratación de exfuncionarios, The Coca Cola Company respondió mediante un correo electrónico a POPLab lo siguiente: “Al ser una empresa multinacional, con estándares y políticas de empleo globales, nos aseguramos de atraer y retener al mejor talento. De manera permanente cuidamos que nuestros procesos de selección y contratación de talento sean objetivos e imparciales y de tener una representación diversa, incluyente y equitativa, así como de impulsar el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades, sin importar quiénes sean o de dónde vengan”.

Etiquetado con sabor a Coca Cola

México es el país que más bebe refrescos en el mundo, con un consumo anual promedio de 163 litros por persona, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Una de las razones es que los diferentes gobiernos han permitido que estas bebidas se distribuyan en escuelas, hospitales y eventos deportivos, entre otros, y no han informado adecuadamente a la población sobre los riesgos que conllevan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta de azúcares añadidos no sobrepase 10% del total de energía de la dieta; sin embargo, en México, entre el 66 y 91% de la población ingiere más de esa cantidad a través de azúcares añadidos. Las bebidas azucaradas son responsables de, al menos, 70% de ese sobreconsumo. Como consecuencia, un 7% de los fallecimientos anuales en adultos se atribuyen a estos productos, informa el INSP.

Preocupado por este creciente problema de salud pública, el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con el objetivo de mitigarlo. Al frente del programa se encontraba la entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan López. Como parte de su plan de trabajo, en 2015 anunció que implementaría un etiquetado para alimentos y bebidas ultraprocesados.

Sin embargo, la OMS recomendó que no se aplicara tal etiquetado porque iba en contra de la estrategia contra la obesidad, pues tenía “el riesgo de mal informar al consumidor”, ya que promovía el consumo de azúcares añadidos y el cuerpo humano no los necesita; “en México encontramos estos tipos de azúcar en los refrescos embotellados y en los jugos de ‘fruta’ o de concentrados de fruta”. Además, según se lee en un par de cartas dirigidas a la funcionaria, “son los involucrados directamente en sobrepeso, obesidad y daños a la salud”. La organización, incluso, ofreció apoyo técnico de especialistas para el diseño de dichas etiquetas.

Mercedes Juan rechazó la propuesta de la OMS y optó por encargar el diseño del etiquetado a dos abogados y una maestra en ciencias ambientales, todos empleados de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El principal responsable era Patricio Caso Prado, que en ese momento era asesor jurídico de la dependencia.

Ese etiquetado únicamente indicaba la cantidad de azúcares totales sin ninguna explicación, lo que podía representar confusión en la población, explica Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor. En su opinión, esto beneficiaba particularmente a empresas como Coca Cola, pues les permitía reportar un porcentaje menor de azúcar en comparación al que realmente utilizaban.

El INSP también recomendó no seguir adelante con dicho etiquetado. “Les dijimos que era un sistema hecho por la industria, que estaba basado en criterios engañosos, difíciles de comprender, que no habían demostrado ningún impacto en mejorar la alimentación o las elecciones de los consumidores, que no protegía a los consumidores de alimentos poco saludables”, recuerda Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición de esta institución académica.

Ante las críticas, Patricio Caso defendió su etiquetado y los comentarios, tanto de la OMS como de los expertos, fueron desatendidos por Cofepris, acusa Barquera; incluso, en las reuniones para discutir la norma, excluyeron a los académicos y únicamente se permitió la participación de gente de la industria refresquera.

La intrusión de Coca Cola en Cofepris quedó documentada en una serie de correos electrónicos que intercambiaron funcionarios de la dependencia y directivos de la empresa en mayo de 2016.  El asunto de esos emails era “amparo vs NOM 051”, es decir, la Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones del etiquetado.

Esos correos fueron obtenidos por la organización El Poder del Consumidor mediante estatuto del Foreign Legal Assistance, un recurso que permite solicitar datos y testimonios de cortes federales de Estados Unidos, siempre que esos casos involucren a personas y empresas estadounidenses y que la información solicitada sea relevante para un juicio en el extranjero.

En dichos mensajes, el vicepresidente jurídico de Coca Cola México, cuyo nombre se encuentra testado, le escribe a Itzel Karim Vargas Robledo, subdirectora del área jurídica de Cofepris, para preguntarle si había habido un avance de “los asuntos de referencia” para coadyuvar “con información relevante”.

La funcionaria le contesta horas después y le agradece “mucho el apoyo” que les “han brindado” y le informa que hay que esperar a que se lleven a cabo las audiencias constitucionales. En esos mensajes también se habla de reuniones para discutir la NOM 051, sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Algunos correos se dirigen a Juan Leonardo Menes Solís, quien ese entonces era coordinador general jurídico y consultivo de Cofepris; además, fue el otro abogado responsable del diseño del etiquetado, junto con Patricio Caso. En uno de ellos, alguien de Coca Cola le solicita una reunión para “dar seguimiento” al tema de los amparos, pues ha recibido una tercera notificación del recurso para jugos Del Valle y la refresquera.

En otros correos también se identificó la participación de Mónica Téllez Estrada, quien hasta hace unos días era coordinadora general jurídica y consultiva, titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia de Cofepris.

Para esta investigación periodística se solicitó copia del expediente de modificación de la NOM 051, pero la dependencia dijo no contar con él. Tampoco ha sido posible saber más sobre las conversaciones entre funcionarios de Cofepris y trabajadores de la refresquera, ni de la bitácora de reuniones, porque la institución aseguró no tener la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un revés al etiquetado implementado por Patricio Caso. Propuso un nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas que sigue los modelos chileno y peruano; fue apoyado por la Unicef, la OMS y la FAO, así como por promotores de la alimentación saludable. Un estudio del INSP estima que este podría reducir 1.3 millones de casos de obesidad y ahorrar 1.8 mil millones de dólares en los costos por el padecimiento.

También se ha buscado implementar el gravamen a bebidas azucaradas, con el fin de hacer frente a sus efectos nocivos en la salud de los mexicanos. La primera vez que se planteó fue en el sexenio foxista (2000-2006), aunque fue derogada por el propio presidente. En ese periodo, la prevalencia de obesidad y sobrepeso (es decir el porcentaje de personas que lo padecen) se incrementó uno por ciento cada año.

Durante el gobierno de Peña Nieto se logró aprobar el impuesto de un peso por cada litro de refresco, pero fue una medida tomada con urgencia debido a la crisis que provocó en el país el declive en el precio del petróleo en 2014. Académicos y activistas pedían que lo recaudado se destinara a la prevención y atención a obesidad y diabetes, pero el gobierno empleó ese dinero a otros fines.

Para desestimar el gravamen, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas publicó tres estudios realizados en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Argumentaron que el consumo de refrescos no era la causa principal de obesidad en este país, que no había evidencias “concluyentes de la efectividad de la tributación como un instrumento de cambio en los patrones de consumo de bienes relacionados con la salud” y que los impuestos “no produjeron efecto en el consumo calórico total”.

En un correo  electrónico interno, enviado el 27 de abril de 2016, la vocera de The Coca Cola Company, Kerry Tresler, afirma que investigaciones de estas tres instituciones fueron realizadas con apoyos económicos de la industria refresquera. Además, Coca Cola difundió dichos estudios a la prensa internacional como parte de una campaña para desalentar que más países gravaran las bebidas, según consta en otros correos internos de la empresa publicados por la Universidad de California en San Francisco.

“Lo que esos documentos realmente revelan es la preocupación que tenían los ejecutivos de Coca Cola sobre la difusión de los impuestos a las gaseosas, más allá de México. Les preocupaba no solo el mercado mexicano, sino también otros de América Latina que buscarían implementar estos impuestos”, comparte Laura Schmidt, profesora del Instituto de Estudios de Políticas de Salud de la Universidad de California en San Francisco, quien junto con su equipo hizo un análisis de dichas comunicaciones.

El tema llegó a una reunión de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles en 2017; “fue la primera vez que la Organización Mundial de la Salud y otras partes interesadas en las Naciones Unidas comenzaron a hablar realmente en serio sobre los impuestos como una estrategia para la prevención de la obesidad y la diabetes”, señala Schmidt. Investigaciones científicas mostraron la efectividad de la medida.

El nuevo etiquetado y otras regulaciones adoptadas por el gobierno obradorista no han estado libres de presiones políticas. Por ejemplo, la coalición de asociaciones comerciales y grupos empresariales Alliance For Trade Enforcement, que aboga porque distintos gobiernos pongan fin a prácticas comerciales desleales que dañan las industrias en Estados Unidos, pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que intercediera por ellos ante López Obrador, pues consideran que están en desventaja en el T-MEC. Otras organizaciones han señalado que se violentan distintos tratados comerciales.

Para Coca Cola FEMSA las preocupaciones van más allá del nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas, ya que, desde 2020, en México se comenzaron a implementar políticas que afectarían a todos sus productos, excepto el agua pura.

Por ejemplo, ese año, en Oaxaca, se reformó una ley que prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas con azúcar añadida y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad; también prohíbe la venta y suministro de estos productos en escuelas, hospitales y centros de salud. Al mismo tiempo, Tabasco prohibió la publicidad de empresas refresqueras cerca de escuelas y centros de salud, además de que se aumentó 25% el cobro de derechos en la publicidad.

Como respuesta, Coca Cola FEMSA interpuso amparos para todas las medidas, y en su reporte anual de 2020 indicó que, si su recurso legal no tenía éxito, dichas reformas podrían “tener un efecto adverso” en los resultados de sus operaciones en México. Por su parte, en su informe de 2020, The Coca Cola Company consideró como factor de riesgo a sus operaciones las regulaciones locales y las etiquetas de advertencia; además, reconoce que tuvo “disminuciones en el volumen de cajas del 4 por ciento en la unidad de negocios de México”.

FEMSA no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje.

 Patrocinadora de estudios “científicos”

“Yo soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano; les puedo decir que el presidente de la República toma Coca Cola todos los días”. Estas fueron las palabras de Enrique Peña Nieto, dos meses antes de que la Secretaría de Salud emitiera, en 2016, una declaratoria de emergencia nacional por obesidad y diabetes, padecimientos relacionados al alto consumo de bebidas azucaradas, entre otros factores.

El gobierno federal pretendía frenar un problema que amenazaba con colapsar el sistema de salud pública. En 2015, el costo para atender a las personas con diabetes mellitus sumó más de 3 mil dólares al año por paciente, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Se proyectaba, incluso, que la atención a estas enfermedades alcanzaría un costo, para 2023, de unos 272 mil millones de pesos (14 mil millones de dólares).

El último año del gobierno de Peña Nieto fue 2018. Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), para ese entonces el 10% de los mexicanos mayores de 20 años tenía diabetes, 18% padecía hipertensión; la obesidad estaba presente en 35% de las personas menores de edad y en 40% de los adultos. Esta enfermedad ha resultado más letal que la violencia homicida que vive el país. De hecho, la diabetes fue la tercera causa de muerte en 2021, ya que cobró la vida de más de 74 mil mexicanos, entre ellos, adolescentes de 15 años.

“México está sufriendo una epidemia de diabetes que es significativamente peor que en muchos países alrededor del mundo”, alerta Laura Schmidt, académica de la Universidad de California en San Francisco. Para ella, gran parte del problema es la presencia de empresas como The Coca Cola Company en México, porque este país “tiene la desafortunada posición de estar junto a los Estados Unidos y ha sido, durante décadas, un campo de pruebas de estrategias para llegar a mercados fuera de los Estados Unidos”, critica.

El doctor Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del INSP, explica que desde la década de 1980 las muertes por diabetes se han incrementado de manera alarmante. “La razón es compleja porque es una enfermedad muy compleja: tiene que ver con el consumo de bebidas azucaradas que es gigantesco y también con que los servicios de salud nunca enfatizaron la prevención, entonces no había diagnóstico oportuno de la diabetes”.

Una de las estrategias comerciales de Coca Cola ha sido tratar de convencer a la población de que sus bebidas azucaradas no son perjudiciales para la salud. Por ello, junto con las cámaras empresariales, patrocina eventos deportivos y actividades dirigidas a la infancia, donde promueve la idea de que el refresco es una buena opción para hidratarse, además de que la obesidad se combate principalmente con “activación física” para tener balance energético.

Las críticas a este discurso, no obstante, irritan a directivos de la firma refresquera. Así lo demuestra un mail de 2014 de Rhona Applebaum, entonces vicepresidenta de la oficina de Ciencia y Salud de Coca Cola: “No dejaremos que nos detengan los bastardos y la minoría que empujan su agenda”, escribió. “¡No te rindas... sigue en la lucha Coca Cola!", les dijo a sus colaboradores, como puede verse en una serie de correos internos de la refresquera que se han hecho públicos.

Un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health, en 2020, analiza cómo The Coca Cola Company ha patrocinado conferencias científicas con el fin de “moldear la política y la opinión públicas a su favor” y para culpar de la creciente incidencia de obesidad a la inactividad física, entre otros factores. De hecho, en un comunicado, la misma empresa reconoce que apoya “investigaciones relacionadas con la salud y los beneficios funcionales”. Así, informa que, entre 2017 y 2019, Coca Cola México donó 62 millones 193 mil pesos (2 millones 997 mil dólares) a colegios médicos para investigación y difusión en temas de alimentación y 14 millones 881 mil pesos (717 mil dólares) para eventos deportivos.

Sin embargo, la organización civil Feed The Truth ha calificado a la refresquera con 39 puntos de 100 en transparencia en los fondos que destina a cabildeo, ciencia, caridad y campañas electorales, esto porque “la corporación no informó sobre sus actividades políticas y de cabildeo en los otros 200 países y territorios en los que opera fuera de los Estados Unidos” y tampoco ha divulgado la financiación científica y académicas, tal como se comprometió en 2015. 

Activistas y académicos cuestionan este tipo de prácticas, porque dicen que sirven como escaparate comercial para la compañía. Para Schmidt, se trata de una estrategia deliberada, intencional de Coca Cola. “Han hecho un esfuerzo para construir evidencia científica que argumente que la causa de la obesidad es la inactividad física y no la mala alimentación, ni las dietas basadas en alimentos y bebidas ultraprocesados ??y han contratado a científicos de todo el mundo”, afirma. Además, acusa que esta empresa le da “mucho dinero” a investigadores para que apoyen que el problema de salud se debe únicamente a la falta de ejercicio.

Una investigación realizada en 2016 por investigadores del John Hopkins Bloomberg School of Public Health y de University of California San Francisco, entre otras instituciones, demostró que los estudios sobre los efectos de las bebidas azucaradas en la talla de los consumidores tienden a ofrecer conclusiones favorables cuando son patrocinados por la misma industria.

De hecho, en 2012, el propio INSP fue invitado a colaborar en un estudio patrocinado por Coca Cola; sin embargo, los investigadores se negaron a participar. Enojada por el rechazo, Rhona Applebaum escribió un correo electrónico dirigido al investigador Peter Katzmarzyk, del Pennington Biomedical Research Center, y a otras personas, entre ellas alguien de Centers for Disease Control and Prevention. En él, decía lo siguiente: “Y si los científicos buenos toman dinero de Coca, ¿qué? ¿Son corruptos? ¿A pesar de que están promoviendo el bien común? Como puedes ver, mi opinión sobre esta gente es muy mala, porque son egoístas”.

Ha habido una constante resistencia para atribuirle a las bebidas azucaradas el daño que generan. Barquera, quien también es coinvestigador de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, dice que desde 2003 ha alertado al gobierno mexicano sobre el aumento en la obesidad y diabetes por el consumo de refrescos. Incluso, en una ocasión habló del tema en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en esa misma sesión, Coca Cola llevó a un experto en obesidad, quien aseguró que el problema se debía a un virus. Otro argumento que también se utilizó fue “que la gente dejó de fumar y entonces empezó a comer más”, y, otro más, que se trata de un asunto de genética, “ya que los mexicanos tienen una propensión a la diabetes”, recuerda.

Coca Cola también ha hecho esfuerzos por mostrar que apoya las políticas públicas mexicanas. Por ejemplo, durante el gobierno peñista, José Antonio Meade Kuribeña, entonces secretario de Desarrollo Social, firmó un convenio con Coca Cola FEMSA para la instalación de bebederos en escuelas, promoción de la alimentación saludable y “balance energético”. En el evento donde presentaron el acuerdo, Meade dijo que el gobierno mexicano y Coca Cola compartían la meta de “construir un México más próspero e incluyente”.

Otra práctica común de Coca Cola es contratar lobbistas. Tan solo en 2021, The Coca Cola Company gastó 5 millones 620 mil dólares en pago a cabilderos sólo en Estados Unidos, de acuerdo información proporcionada por OpenSecrets, grupo independiente que se dedica a rastrear dinero utilizado en la política estadounidense y su efecto en elecciones y políticas públicas. En México, versiones periodísticas señalan que el abogado Emilio Suárez Licona, quien fuera asesor jurídico de Meade cuando encabezó las secretarías de Desarrollo Social, de Hacienda y de Relaciones Exteriores, ha sido contratado como cabildero de la refresquera; para esta investigación, POPLab no pudo verificar la veracidad de esta información.

Hay que reconocer a la refresquera como un poder político con gran influencia, considera Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Recuerda que el día en que Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, lo hizo acompañado por su secretaria de Salud, Mercedes Juan, entre otros funcionarios, y Brian Smith, presidente de Grupo Coca Cola Company en Latinoamérica, quien ofreció algunas palabras de apoyo hacia ese gobierno, así como a sus programas para promover la salud, la actividad física y su lucha contra la obesidad infantil.

No obstante, esa estrategia propuesta por Mercedes Juan presentó fallas en su implementación; fue el caso, por ejemplo, de su plan para abastecer las escuelas con bebederos de agua potable para que niños y niñas no consumieran refrescos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en 2017 que únicamente se había instalado la mitad de dispensadores, con lo que se dejó a más de 23 mil estudiantes de educación básica sin ese servicio.

A pesar del panorama, Simón Barquera reconoce que algunas políticas de salud pública sí han funcionado, pero su implementación ha sido lenta. “Lo penoso es que eran cosas que se podrían haber hecho con voluntad política hace 20 años y se han ido haciendo con luchas que toman mucho tiempo y no con la intensidad que se debería”. Además, considera como una victoria que se haya demostrado y documentado que las bebidas azucaradas están causando un problema nacional de salud. “Ha sido un logro porque lo posicionamos y a nivel internacional se reconoce que México está viviendo una epidemia alarmante”.

Camarilla con información privilegiada

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entró en vigor una regulación para restringir la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños en México. Esto fue en 2014, cuando Mikel Arriola Peñalosa se encontraba al frente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La norma, sin embargo, fue criticada por académicos y organizaciones de la sociedad civil debido a que la consideraban “limitada” y a que no garantizaba “la protección de la infancia”. Según un análisis de El Poder del Consumidor, presentaba “grandes fallas desde su diseño”.

Patricio Caso Prado fue uno de los personajes clave en la elaboración de esta Ley General de Salud en Materia de Publicidad. De hecho, en octubre de 2011 recibió un contrato temporal por la Cofepris para brindar “servicio de apoyo en el análisis de los comentarios planteados respecto del proyecto de modificación al reglamento” de dicha ley. De acuerdo con información pública de la misma dependencia, recibió un pago de 241 mil 280 pesos (11 mil 570 dólares) por el trabajo que realizó durante esos 30 días.

En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades en las campañas publicitarias conocidas como “Menos publicidad dirigida al público infantil en alimentos poco nutritivos y bebidas no alcohólicas”, así como “Etiquetado más claro para alimentos y bebidas no alcohólicas” en las que Cofepris gastó 9 millones 393 mil pesos (450 mil dólares). Televisa, Estudios Azteca, Ankia Comunicación, Mexicanos y Americanos Sistemas de Comunicación, Rack Star y Básico FM son las empresas a las que se contrató para difundir los mensajes.

Sin embargo, la ASF detectó que dichas cotizaciones no especifican la vigencia ni las características del servicio prestado. También indica que en los testigos no hay fechas sobre la difusión de las campañas, no hay evidencia de la transmisión de más de 120 mil spots ni más de 50 mil en radio. Tampoco se pudo probar que los medios hubieran alcanzado el millón de personas como público objetivo. Se solicitaron copias de los contratos y entregables, Cofepris respondió que no se encontró la información solicitada.

Asimismo, la ASF observó irregularidades en la contratación del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), una organización de la iniciativa privada que busca ser “conciliador en controversias de índole publicitario” y que tiene como asociados a agencias de publicidad, medios de comunicación y Coca Cola México, Kellogs, PepsiCo entre otras empresas. Este organismo fue seleccionado para monitorear publicidad en 2014; el ente auditor encontró que no había las condiciones de “economía e imparcialidad” para realizar un trabajo por el que se pagaron 706 mil 761 pesos (34 mil 287 dólares), a pesar de que existió otra cotización con un costo de 393 mil pesos (19 mil dólares).

Un año antes, la ASF ya había señalado irregularidades en otro contrato celebrado con  CONAR, por un monto “mínimo” de entre 7.9 y “máximo” de 10.3 millones de pesos (387 mil y 503 mil dólares); no se mostraron evidencias de haber realizado un estudio de mercado, se invitaron a tres posibles proveedores y no se justificó por qué fueron ellos. Sin embargo, CONAR sólo respondió que la selección del proveedor se dio “sin un parámetro de referencia”.

La ASF también notó que los servicios no son congruentes con las solicitudes hechas por Cofepris, no se siguieron los requisitos para una licitación y no se entregó el trabajo completo. Además, se le encomendó revisar la publicidad de sus propios asociados, de modo que veló por sus intereses, según lo muestra un estudio académico publicado por la UNAM, titulado Comida chatarra. Entre la gobernanza regulatoria y la simulación, de Laura Beatriz Montes de Oca Barrera.

En el periodo que Mikel Arriola Peñalosa estuvo al mando de la Cofepris también se diseñaron guías nutricionales que recomendaban el consumo de niveles muy altos de azúcar, según explica el abogado Javier Zúñiga; sin embargo, estas no contribuían a que los consumidores pudieran tomar decisiones saludables, porque resultaban difíciles de interpretar, según un estudio publicado en 2019, en el International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

En febrero de 2016, Arriola Peñalosa dejó la Cofepris para irse a trabajar como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Renunció a este último cargo en diciembre de 2017 con el fin de postularse como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las elecciones de 2018. En ese recorrido profesional, Patricio Caso siguió fielmente sus pasos: se fue a laborar al IMSS y, después, durante el proceso electoral, fungió como jefe de campaña. Las votaciones, sin embargo, no los favorecieron.

Al perder la elección y fuera ya del servicio público, Patricio Caso formó seis empresas, entre marzo de 2019 y marzo de 2021. Todas tienen un amplio objeto social que incluye los servicios de gestoría en temas regulatorios de salud y alimentos, además de “elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas”. En dos de estas compañías, Caso se asoció con su exjefe Mikel Arriola Peñalosa. También lo hizo con excompañeros de Cofepris: Antonio Grimaldo Monroy, Aldo Heladio Verver y Vargas Duarte, así como Álvaro Israel Pérez Vega.

En diciembre de 2021, la Cofepris alertó sobre los servicios que ofrecen exfuncionarios para agilizar trámites. No mencionaba nombres, pero decía que se trata de “personas” que “llevan casi tres años fuera de la institución y, pese a lo que prometen, carecen de atribuciones para proporcionar los bienes y servicios que ofrecen y no tienen acceso a las instalaciones”, señalaba el documento. Un trabajo periodístico ya había denunciado presuntas extorsiones por parte de una red de corrupción de exfuncionarios y gestores que aseguraban tener privilegios y ofrecían la garantía de realizar ciertos trámites ante la Cofepris a cambio de dinero. Entre ellos, menciona a Caso, Grimaldo Monroy, Pérez Vega, Verver y Vargas Duarte, además de Carlos Lizardi Álvarez y Gibrán Alejandro de la Torre. Cofepris no respondió a las solicitudes de entrevista.

Dos de los socios de Caso –Álvaro Pérez Vega, así como Aldo Verver y Vargas Duarte– también aparecen como destinatarios en una serie de correos sobre un amparo contra la NOM 051 entre funcionarios del órgano regulador y empleados de Coca Cola, en mayo de 2016. Notas periodísticas aseguran que tanto a Caso, como a sus socios y su sucesor, Carlos Lizardi Álvarez están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública, aunque la dependencia rechazó estar haciendo alguna pesquisa.

Por otro lado, como funcionario de Cofepris, Patricio Caso participó en las audiencias públicas para regularizar la marihuana en México. Además, organizó el Foro de Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana, donde “subrayó que el tema de regularizar la mariguana es de la mayor relevancia”, y en 2019 apareció como consultor en otras actividades que promueven el uso de la cannabis.

En una operación llevada a cabo el 18 de febrero de 2018 ante la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos se menciona a Caso Prado como director de Xebra Brands, una empresa canadiense que busca comercializar bebidas infusionadas con cannabis. Para esa misma empresa, Antonio Grimaldo ha realizado trámites en calidad de director. Esta compañía, asimismo, tiene una subsidiaria mexicana, la empresa DesartMX, en la cual Aldo Verver y Vargas es administrador único a partir de 2018; en octubre de 2019 se sumaron Arriola, Caso y Grimaldo, pero en 2020 dejaron de fungir como apoderados.

En diciembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a DesartMx para poder sembrar, cultivar y cosechar cannabis con fines industriales. En un comunicado de prensa, Xebra Brands destaca que DesartMX es “controlada por un ex grupo de altos funcionarios de la Cofepris”, el cual “identificó una oportunidad para impugnar la constitución de México por una orden judicial para comercializar cannabinoides derivados del cáñamo como CBD y CBG”.

VCGA Consultores es otra de las compañías en las que aparecen como socios, en el acta constitutiva, Mikel Arriola, Patricio Caso, Aldo Verver y Vargas, Álvaro Pérez y Antonio Grimaldo Monroy; se especializa en temas regulatorios y ha logrado convenios con firmas internacionales, como LLYC, que destaca la trayectoria de sus socios mexicanos: “Estamos entusiasmados de comenzar a trabajar con una consultoría como VCGA que está integrada por reconocidos profesionales que han sido clave en el sector público y privado de México, como Álvaro Pérez Vega, Aldo Verver y Antonio Grimaldo Monroy", dijo el director de la zona norte, Javier Rosado.

Por otro lado, en diciembre de 2020, también fuera del servicio público, Patricio Caso se contrató como Senior Director of Government Affairs de The Coca Cola Company. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, una organización sin fines de lucro que trabaja en la defensa de los derechos de las y los consumidores, advierte que esta contratación es parte de la estrategia de puertas giratorias de la empresa. Por lo mismo, considera que se debe regular también el ingreso a la función pública de los personajes que han tenido puestos de alto nivel en la iniciativa privada.

Aquí hay un claro conflicto de interés, de acuerdo con el análisis de Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor; es decir, existe la posibilidad de obtener un beneficio personal o económico por parte de un funcionario o de sus familiares, a raíz de los conocimientos, relaciones y responsabilidades que desempeña.

“La Cofepris por mandato de ley tiene un interés, que es tener control sanitario y por ende el de la salud pública –explica Zúñiga–. Cuando un funcionario se relaciona con entes privados particulares que tienen intereses económicos y no atiende las recomendaciones de salud pública es cuando podemos decir que el funcionario no se desempeñaba imparcialmente”.

Patricio Caso negó a POPLab que existiera cualquier conflicto de interés o investigación sobre su persona: “tengo varios años de no ser funcionario público y no tengo interacción con Cofepris desde hace mucho más”.

El concepto “conflicto de interés” como impedimento para que las empresas contraten a exfuncionarios públicos que intervinieron en su regulación apenas se legisló en México, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Limita el “ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”. Para los funcionarios que dejaron su cargo antes de esa reforma, el periodo de espera era de un año.

Mientras eso se debate, la aguda crisis de salud pública, traída por los cambios alimenticios propiciados por la sobreoferta de productos ultraprocesados, ya cambió la vida de millones de mexicanos. Incluso, los expertos coinciden en que, si empiezan a funcionar los controles establecidos hasta ahora, llevará generaciones revertir el daño.

“Este trabajo fue realizado por Kennia Velázquez y Elizabeth Rosales, para POPLab y CONNECTAS, dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.”

Diseño Web: Nicolás Aranda y Miguel Cabrera

Producción audiovisual: Juan José Plascencia y Emilio Jiménez

Edición: Equipo CONNECTAS