CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada al litigio sobre la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del activista social Arturo Hernández Cardona ocurrido en 2013, caso en el que estaría involucrado el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, en cuyo gobierno fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC).

En conferencia de prensa, representantes de los familiares de Hernández Cardona, quien fuera dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ), informaron que el 23 de febrero, la CIDH notificó la admisibilidad del caso y dio plazos a los agraviados y al Estado mexicano para ampliar información sobre el mismo, a fin de emitir un informe de fondo y remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La defensora Magdalena López Paulino recordó que el caso de Hernández Cardona, localizado sin vida el 3 de junio de 2013, “es lo que mantiene en la cárcel a José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa”, quien estaría también vinculado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Apuntó que desde que ocurrió el crimen del activista, cuyo cuerpo sin vida fue localizado junto a los de Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, los familiares de Hernández Cardona y la Red Solidaria buscaron que se hiciera justicia, señalando la responsabilidad del crimen a Abarca así como su secretario de seguridad pública, Felipe Flores Velázquez, de acuerdo al testimonio de un sobreviviente.    

“Estamos convencidos de que si en su momento las autoridades federales hubieran atraído el caso, no habría ocurrido la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, y se habría sentando un precedente para que un caso como este, de desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra defensores, no quedara impune”, resaltó López Paulino.

Soledad Hernández Mena, hija del activista señaló que la familia espera llevar el caso hasta la Corte Interamericana, ya que hasta la fecha el caso sigue en la impunidad, “no hay una sentencia contra José Luis Abarca (que se lleva en un juzgado de Matamoros, Tamaulipas), mientras que seguimos siendo objeto de hostigamiento y amenazas”.

Ericka Zamora Pardo, integrante de la Red Solidaria explicó que durante mucho tiempo la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se negó a atraer el caso, y cuando lo hizo, un año después, fue por homicidio y secuestro, “negando la existencia de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, tiempo después, se logró que se acreditaran esos delitos pero sigue sin haber justicia”.

La defensora destacó que pese a la existencia de medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de los familiares de las víctimas y testigos, hasta ahora han sido insuficientes para protegerlos de hostigamientos, seguimientos y amenazas.

López Paulino retomó que la relevancia de llevar el caso de Hernández Cardona a la Corte Interamericana, “daría una nueva oportunidad a esa instancia para ordenar al Estado tomar medidas estructurales efectivas para proteger a defensores y periodistas, como ya lo instruyó en la sentencia de Digna Ochoa, sobre todo tomando en cuenta el ambiente hostil en que ambos gremios realizan su trabajo”.