PUEBLA, Pue., 2 de febrero (apro).- Organizaciones civiles pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindar medidas cautelares a favor de la periodista y activista Claudia Martínez Sánchez, quien además de ser perseguida y hostigada por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, ha recibido recientes amenazas de muerte.

“Esperamos el día que salgas de coyo (municipio de Coyomeapan) con las patas frías por delante”, fue uno de los mensajes que recibió la periodista el 21 de enero en sus redes sociales.

Las organizaciones Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos A.C., entre otras, alertaron sobre las situaciones de riesgo que vive la comunicadora poblana.

Martínez Sánchez, además de ser corresponsal del medio digital “Los Ángeles Press” y ser presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores, ha publicado y documentado el movimiento de resistencia de los pobladores de la comunidad nahua de Coyomeapan, en la sierra negra de Puebla, en contra del cacicazgo de los hermanos David y Araceli Celestino Rosas.

“Tememos que estas amenazas a la periodista Claudia Martínez Sánchez, sean por su labor periodística que pone al descubierto la agresión y violencia de que es víctima la población de Coyomepan, por lo que hemos solicitado el día de ayer las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indican las agrupaciones.

Las organizaciones advirtieron que hay indicios de que la también activista pueda ser criminalizada por el gobierno de Barbosa Huerta, pues en fechas recientes ha circulado en medios periodísticos una nota que señala a Martínez Sánchez y a la diputada federal Inés Parra Juárez, como “líderes de un movimiento violento” que agredió a una persona de nombre Fernando Moreno Bocardo.

Señalaron que esa información se difunde sin aclarar que esa persona es uno de los detenidos por pobladores de Coyomeapan, luego de un atentado armado contra la vida del defensor indígena, Plácido Hernández Vázquez, ocurrido el 22 de enero.

En esa ocasión, los pobladores dieron aviso a la Fiscalía General de Puebla (FGEP) para que acudieran a la localidad por dos personas que habían accionado armas, entre ellas Moreno Bocardo, pero la autoridad argumentó que no había condiciones y no los aprehendieron, por lo cual la población determinó sólo dejarlos salir de Coyomeapan.

Recordaron que estos actos de hostigamiento y persecución en contra de Martínez Sánchez se dan en un clima de violencia en contra de los movimientos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.

El 20 de octubre, la también activista denunció que la Secretaría de Educación Pública de Puebla le inició un proceso administrativo para quitarle su plaza como maestra de un bachillerato, donde la principal acusación que le hicieron fue que compartía las notas que publicó contra el gobierno de Barbosa Huerta en un grupo de whatsapp de su escuela.

Siete días después de esto, la SEP le notificó el cese definitivo de su plaza como maestra, en la cual había trabajado por más de 20 años.

Además de esto, la periodista, quien ha publicado colaboraciones en medios como Sin Embargo y Vanguardia, de España, ha denunciado que se ha percatado de que es seguida por autos de la Fiscalía General de Puebla o que patrullas de la policía estatal se estacionan en su puerta.

Las organizaciones también se solidarizaron con la lucha del pueblo náhuatl de Coyomeapan y además demandaron la libertad de los habitantes de esa localidad Basilisa Montano Gutiérrez, Adán Anastasio González Sanguines y Eruviel Aguilar Gómez, a los que consideran “presos políticos”.