TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la autoridades de Chiapas, en particular a la Fiscalía General del Estado (FGE), ofrecer una disculpa pública y reparar el daño a un grupo de mujeres que fueron detenidas de manera arbitraria y acusadas de un delito prefabricado por esa instancia de procuración de justicia local.

En plena primera ola de la pandemia, en junio del 2020, tres mujeres indígenas tsotsiles, originarias de Ixtapa, pero radicadas en San Cristóbal de Las Casas, -María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González- fueron detenidas y llevadas al penal del Amate, acusadas de manera errónea de explotar a menores de edad.

Las mujeres, así como sus esposos es hijos, son miembros de una misma familia que rentaba una vivienda en la calle Granada 24 de la colonia Tlaxcala, donde tenían a unos 23 niños menores de edad.

En el marco de las investigaciones por la búsqueda de un menor de edad desaparecido, el pequeño Dylan de dos años, quien apareció 45 días después en Cintalapa, a más de 200 kilómetros, la FGE dio con esta familia.

La Fiscalía consideró que las tres mujeres estaban involucradas en la comisión del delito de trata de personas, las aprehendieron y recluyeron en penales de dicha entidad, durante cinco meses.

Un adulto mayor implicado también en este caso falleció en prisión tras varios golpes que recibió por agentes de la FGE durante su tortura, dijo su familia.

Este fin de semana, la CNDH emitió la Recomendación 51/2022 a Olaf Gómez Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chiapas, por vulnerar los derechos humanos de cuatro mujeres indígenas tsotsiles, fueron detenidas en San Cristóbal de Las Casas.

El 24 de julio de 2020, señaló la CNDH que diversos medios de comunicación dieron a conocer que, al investigar la desaparición de una persona menor de edad, la FGE desmanteló una red de trata de personas que operaba en ese municipio, logrando el rescate de 23 niñas, niños y adolescentes, así como la detención de cuatro mujeres indígenas.

Es así como, en el marco de la búsqueda del menor de edad, un agente de la Policía Especializada efectuó una visita en un domicilio particular donde se encontraban varias iñas, Niños y Adolescentes (NNA), y al considerar la posible comisión de un ilícito en su contra, dio vista a la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Al día siguiente, realizaron un cateo en el lugar y como resultado, la Fiscalía determinó el traslado de las personas menores de edad a las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Cristóbal, así como la detención de las tres mujeres, quienes manifestaron ante la autoridad competente ser originarias de Ixtapa, madres de las NNA hallados en el domicilio y dedicarse a la venta de artículos artesanales en la vía pública.

En efecto, el 17 de julio, solicitaron una orden de aprehensión en contra de la cuarta fémina, por los delitos de desaparición cometida por particulares, en agravio del niño en cuestión, y contra la salud en su modalidad de posesión, por lo que fue vinculada a proceso.

Ante la naturaleza y gravedad del caso, la CNDH ejerció su facultad de atracción para analizar los hechos, determinó que el personal de la FGE debió advertir que se trataba de diversas familias indígenas, quienes vivían en un mismo domicilio, acorde a sus usos y costumbres, por lo que tenía que establecer una línea de investigación diferenciada, aplicando una perspectiva intercultural, tal como lo establece la Constitución Política del país.

En lugar de ello, solicitó la orden de aprehensión en contra de las víctimas, por lo que tres de ellas fueron ingresadas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 El Amate, y la otra en el CERSS No. 5 de San Cristóbal.

Además, incurrió en dilación al no solicitar la elaboración de un dictamen antropológico en materia indígena para obtener más y mejores datos de prueba, antes de pedir la orden, cuyo resultado hubiera sido determinante para decretar su libertad.

Dicho análisis constató que se trataba de mujeres campesinas e indígenas quienes tienen prácticas diferenciadas en su forma de vivir, trabajar e insertarse laboralmente desde edades tempranas, explicó la Comisión.

Lo anterior, ocasionó que permanecieran privadas de su libertad, hasta el 23 de diciembre de 2020, fecha en que se determinó el desistimiento de la acción penal en su contra, vulnerando sus derechos humanos a la seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia.

Por otro lado, los peritajes llevados a cabo por personal de la Comisión determinaron que mientras fueron sometidas a resguardo domiciliario, las mujeres y sus hijos sólo recibieron como alimentación hot cakes, hamburguesas, pan, sándwiches y comida envasada, estos no eran propios de su régimen alimentario, no les brindaron insumos ni facilidades para la realización de sus trabajos artesanales, transgrediendo su derecho al respeto de sus usos y costumbres.

Durante dicho resguardo, la CNDH documentó que no les proporcionaron material de limpieza y aseo personal. Además, el personal de la Fiscalía estatal pretendió, en diversas ocasiones, hacerles firmar documentos en blanco, También, se burlaban de ellas, ingresaban a sus cuartos y les tomaban fotografías, violando el derecho al honor y a la dignidad humana.

A ello se sumó la exposición mediática, afectando su vida privada y estigmatizándolas de manera socialmente.

Por todo ello, la CNDH solicitó al fiscal general localizar a las mujeres, así como a sus familiares, ser inscritos en el Registro Estatal de Víctimas, brindarles la reparación integral del daño y otorgarles una compensación justa y suficiente.

A parte de eso, la CNDH demandó a la FGE realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de la responsabilidad de la dependencia en los hechos descritos.

Pidió además coadyuvar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas a fin de proporcionarles atención médica y psicológica, y colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la probable comisión de hechos delictivos y en la queja que se presente ante la Visitaduría de esa dependencia en contra de los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos.