TOLUCA, Edomex. (apro).- El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) dictó medidas de protección en favor de la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez, y ordenó al síndico, Miguel Ángel Lara, y al cabildo, no obstruir el ejercicio de su encomienda pública ni atentar contra su integridad ni la de su familia.

El acuerdo respaldado por unanimidad del pleno advierte que quien desacate las medidas dictadas, en tanto se resuelve el fondo de la impugnación, será sancionado con apercibimiento, amonestación, multa hasta por 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y, en caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada, usar la fuerza pública, y llegar al arresto hasta por 36 horas.

A partir de la notificación, el síndico debe abstenerse de obstruir el ejercicio del cargo de la titular del gobierno municipal, evitar cualquier conducta que constituya violencia política en razón de género o afecte verbal, física y psicológicamente a la denunciante, menoscabe sus derechos como alcaldesa o ponga en riesgo su seguridad personal y la de su familia. Tampoco podrá acercarse al domicilio de la denunciante ni a los lugares públicos donde se encuentre.

Los integrantes del cabildo deben abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que limite el ejercicio pleno y efectivo del derecho político electoral que asiste a la presidenta municipal. En caso contrario, alertan los magistrados, podrían incurrir en violencia política en razón de género.

Esta falta es sancionada por el Código Electoral de la entidad incluso con la destitución del cargo y la inhabilitación para ser postulado como candidato u ocupar una encomienda pública, dependiendo de la gravedad del caso.

El acuerdo del Tribunal además ordena a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y al Titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal custodiar con los elementos necesarios a Martínez Robles en todo momento, mientras se resuelve el asunto en definitiva.

De igual manera, la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del Estado de México debe proporcionar a la denunciante, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, un botón de pánico para que la policía municipal, de ser el caso, atienda de inmediato las emergencias y preserve la seguridad de la afectada.

El secretario del ayuntamiento debe fijar el acuerdo en estrados y en la página electrónica del ayuntamiento hasta que se emita la sentencia en definitiva, y cualquier desacato de los servidores públicos vinculados será sancionado con las medidas de apremio previstas por el artículo 456 del Código Electoral del Estado de México.

También se vinculó a la Secretaría de Justicia, a la Secretaría de Seguridad estatal, a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a la Secretaría de la Mujer y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que, de manera urgente, desplieguen las acciones de protección y salvaguarda de los derechos de la actora, en lo personal y familiar, en afán de inhibir conductas que puedan lesionarla y poner en riesgo su integridad física y psicológica.

Mientras tanto, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), advirtió que en mesa de diálogo entre las partes involucradas, donde también participó la Secretaría General de Gobierno, se determinó otorgar un ultimátum hasta el próximo lunes para que sean entregadas las instalaciones del ayuntamiento y la alcaldesa pueda asumir el cargo. De lo contrario, la Legislatura local declarará la desaparición de Poderes.

María Elena Martínez Robles no ha logrado asumir plenamente sus funciones, debido a que las instalaciones de la Presidencia Municipal permanecen tomadas, a su decir por el síndico y militantes de Movimiento Ciudadano, quienes en los últimos días han agredido y lesionado a empleados del ayuntamiento.

La alcaldesa ya había sido golpeada a principios de enero, cuando intentó ingresar a la Presidencia para iniciar con sus labores, pero Morena acusa omisión de las autoridades estatales para sancionar a los responsables a partir de las denuncias penales presentadas.