TOLUCA, Edomex (apro).- Emma Colín, alcaldesa morenista de Amanalco, solicitó al gobierno mexiquense recursos para saldar 51.3 millones de pesos que se adeudan a Telmex desde administraciones pasadas, pues esta cantidad representa casi la totalidad del presupuesto anual de su demarcación (establecido en 52 millones en 2019). Si ésta cantidad no es cubierta a más tardar el lunes próximo, por fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México serán destituidos la presidenta municipal, el síndico, Ascensión Martínez, y el tesorero, Juan Alberto Cipriano. “En la última notificación que llegó al ayuntamiento ordena la destitución de su servidora, la del síndico y la del tesorero municipal, eso ya está en una etapa crítica, ya sin reversa, excepto si pagamos; por eso pedimos desde aquí que el gobierno del estado asuma la deuda de Telmex en el municipio”, convocó la alcaldesa desde la sede del Poder Legislativo. La edil recordó que en 2011 el entonces presidente municipal, Gerardo Colín Guadarrama, demandó a Telmex por el derecho de uso de vías por tendido de cableado, recurso que se ganó y por esta razón la empresa transfirió al ayuntamiento 20 millones 200 mil pesos de fianza. No obstante, la telefónica contrademandó, pero las administraciones municipales subsecuentes no atendieron el recurso jurídico, de tal manera que el monto reclamado creció. “Esta cantidad, 51 millones 305 mil pesos, es un aproximado de lo que llega a nuestro municipio de los recursos para trabajar y para dar los servicios y los mejoramientos, no hay manera de que el ayuntamiento se pueda hacer cargo de este pago porque tendríamos que congelar el municipio, meterle llave”, dijo. La munícipe indicó que su administración además solicitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) una auditoría a los 20 millones de pesos para que se conozca el destino del recurso y, de encontrar anomalías, se impongan las sanciones correspondientes. Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indicó que el problema está relacionado con el uso inadecuado de un fideicomiso que constituyeron y manejaron las anteriores administraciones priistas, por lo que confió en que el gobierno estatal sea corresponsable en la solución. “No vamos a permitir que la alcaldesa o cualquier funcionario de Amanalco sean sancionados. Estamos negociando que el recurso lo aporte el gobierno del Estado… ellos proponían adelantar participaciones, pero con qué va a operar la administración. Necesitamos que el gobierno sea garante de que esto se va a cumplir, y para ello se necesita firmar convenio con Telmex, con adelanto, para que dejemos sin efecto la ejecución de esta sentencia”, explicó. Por su parte, la diputada priista María Mercedes Colín Guadarrama, hermana de Gerardo, el alcalde de Amanalco en 2011, aseguró que la demanda contra Telmex se perdió por omisión y negligencia de la actual administración. La propia sentencia del 2 de octubre de 2019, indicó, establece que “el incumplimiento del fallo protector es responsabilidad de la autoridad obligada y de las diversas vinculadas que aún cuando se les ha requerido para tal efecto, lo cierto es que se han abstenido de hacerlo, en tanto que esa actitud pasiva denota su indiferencia para las resoluciones legales emitidas por la autoridad judicial y el desinterés para cumplir con la ejecutoria”. La legisladora local afirmó que con los 20 millones de pesos transferidos al municipio se realizaron obras diversas como la rehabilitación del edificio del DIF Municipal y algunos encementados “de lo que yo recuerdo”. Admitió que existió desatención de las administraciones anteriores, pero justificó que la actual no está exenta de cumplir con su obligación constitucional y de atención de los asuntos jurídicos del municipio. “Me sumo al reclamo de que se castigue la omisión y el desinterés de la autoridad municipal, que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades”, dijo. Sin embargo, aseguró que no es competencia del gobierno estatal ni de la Legislatura subsanar las deficiencias de las administraciones municipales; en todo caso, dijo, la alcaldesa está en su derecho de solicitar permiso para contraer un empréstito para saldar la demanda. Por tanto, indicó, si se va a explorar la viabilidad de que el gobierno mexiquense rescate al municipio, también debe pedirse el apoyo de la Federación.