XALAPA, Ver. (apro).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz es inconstitucional.

En la sesión de este lunes, los ministros determinaron que la reforma aprobada en marzo de 2021 por la LXV Legislatura es violatoria al derecho a la libertad de expresión, pero también el delito de ultrajes a la autoridad tiene un impacto desproporcional y se puede aplicar de forma arbitraria por servidores públicos tanto del ámbito policiaco y del Poder Judicial.

En contraste, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez anunció que respeta el “enmiende de plana” de los ministros de la SCJN. Sin embargo, expuso que mañana mismo enviará al Congreso Local una nueva iniciativa de ley que contemple la “agresión violenta” hacía servidores públicos y ciudadanos en general para garantizar la prisión preventiva oficiosa

“Yo debo cumplir mi función como gobernador. Tienes que asumir tu papel. Ahora que vemos la argumentación (de los ministros) por las agravantes, no modificamos el texto que fue aprobado en el 2003 (sic)”.

García Jiménez insistió en que la intención del gobierno de Veracruz y del Congreso Local era reducir los altos índices de violencia, razón por la que el delito de ultrajes a la autoridad fue necesario en estos once meses.

“Al operar con más policías, con el doble y al tener más presencia en el territorio, teníamos que darle una garantía de protección con este delito. Yo ahora, tengo que asumir la responsabilidad de lo que queda sin protegerse, como es la agresión violenta con armas”.

Los ministros de la SCJN señalaron que declaró inconstitucional el artículo 331, tras llegar a la conclusión de que violan se los derechos a la libertad de expresión y a la información, además de que ponen en riesgo el ejercicio del periodismo.

Previo a la discusión, el proyecto del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo concluyó que es “irrelevante”, lo que se votó apenas este domingo en el Congreso Local de Veracruz que es un intento por preservar dicho delito en el Código Penal del Estado, derogando parcialmente apenas dos párrafos.