CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La familia del policía municipal de Actopan Fructuoso Castelán Badillo, quien perdió la vida tras ser herido en un operativo, acusó que no ha recibido la indemnización que legalmente les corresponde por parte del ayuntamiento, a nueve meses de los acontecimientos. 

El 2 de mayo de 2021, el oficial Castelán atendió una llamada de auxilio por agresiones físicas contra una mujer. Durante su intervención, fue atacado con un arma punzocortante que le generó una herida grave a la altura del cuello. Aunque ingresó de emergencia al hospital, por su estado crítico no sobrevivió. 

El agente Fructuoso sólo contaba con un gas pimienta que había comprado con sus propios recursos, sin arma de cargo, sin macana y sin chaleco antibalas, aseguró en entrevista su hijo Alan Castelán. 

En el primer nosocomio al que ingresó por las lesiones, la familia enfrentó la falta de equipo y material médico para atender al paciente. Además, como el patrón –es decir, el ayuntamiento de Actopan– no costeó en ese momento los gastos de su trabajador, herido en cumplimiento de funciones y con 29 años de servicio, los Castelán aseguran que tuvieron que cubrir todo con sus recursos. 

“Cuando nosotros acudimos al Hospital General de Actopan, que fue donde lo trasladaron, no contaban con el instrumental necesaria para atenderlo; por lo tanto, nos mandaron a comprar hilo para cirugía. Nos preocupaba más la vida de mi padre que preguntarles por qué no tenían hilo, entonces acudimos a comprar lo que nos pidieron. 

“Termina la cirugía y nos comentan que tampoco cuentan con un desfibrilador, por lo que si mi papá presentaba un paro cardiaco no lo podrían reanimar”, contó Alan Castelán, hijo del agente fallecido, a Apro. 

Debido a la insuficiencia de equipo, ante el posible riesgo de la pérdida repentina de la función cardiaca que alertaban los médicos, determinaron trasladar al agente al Hospital General de Pachuca, donde, acotaron, tampoco contaban con todos los medicamentos que debían suministrarle para intentar salvar su vida. 

Alan asegura que, aquellas horas, la familia destinó entre 20 y 30 mil pesos en el material que les solicitaron en ambos nosocomios, cuyas facturas entregaron al ayuntamiento, que comprometió un reembolso que, a nueve meses, no ha ocurrido. Ni este recurso ni el pago de indemnización que corresponde al municipio han recibido, reprochó Alan. 

Finalmente, a las 6 de la mañana del 3 de mayo de 2021, Fructuoso Castelán falleció y el municipio le rindió un homenaje de cuerpo presente en el que comprometió un apoyo a los deudos.  

“Nos comentan que ya hay un dinero que está etiquetado para poder entregarlo, sin ningún inconveniente, pero es una cantidad muy diferente a la que le correspondería a mi papá. En ese momento, nosotros preguntamos qué iba a pasar con la cantidad faltante y comentan que es una retención de impuestos que se tiene que realizar”, mencionó. 

De acuerdo con el hijo del oficial, el monto que buscan retenerles asciende a los 400 mil pesos, aunque la familia argumenta que, según la Ley Federal del Trabajo, una indemnización no genera el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que les demandan.  

El municipio, añadió, le contestó hace dos meses que verificarían esa situación y, debido a que, les han comentado, están en ese proceso, no han liberado la indemnización. 

Piden, por lo tanto, “que a mi papá le entreguen lo que le corresponde, y si quieren nosotros realizamos una donación, compramos un material médico, pero que se libere lo que corresponde por ley, para que (el dinero) no termine en manos de alguien más”.   

Policías enfrentan al crimen sin armamento 

Parte de una región, el Valle del Mezquital, en la que grupos de la delincuencia organizada disputan tanto el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para extraer combustible como las rutas del narcomenudeo, Actopan carece de equipo de seguridad para hacer frente al crimen, acusan elementos de seguridad. 

De acuerdo con Alan Castelán, quien, por las relaciones que hizo su padre en la corporación, mantiene contacto con agentes, éstos no tienen armamento.  

“Las armas que se encuentran aquí (en la corporación municipal) no son funcionales o no sirven para poder responder fuego. Ahorita tampoco cuentan con esposas, cuentan con tipos de cinchos para poder sujetar a las personas, y si cuentan con esposas es porque ellos las han comprado; chaleco antibalas, tampoco, si aquí dos o tres oficiales lo traen, es por presentación, pero algún chaleco antibalas servible, no, no cuentan con ellos”, sostuvo.   

“Tú ves a un oficial en la calle y lo sigues viendo sin un arma, lo sigues viendo no uniformado ciento por ciento, sin las medidas necesarias. Sabemos que esa profesión, desafortunadamente, es muy golpeada, en el sentido de que si haces bien tu trabajo pocas son las personas que te lo reconocen, pero cuando haces algo malo eres el primer culpable”, remarcó el hijo del oficial fallecido, quien cuestionó que los elementos de seguridad arriesguen su vida en estas condiciones laborales y que, si mueren en cumplimiento, no tengan el respaldo del gobierno que los envió a combatir la delincuencia.  

“Nosotros gracias a Dios pudimos solventar los gastos que tuvimos, pero hay oficiales que llegamos a conocer que viven el día a día con el sueldo que tienen y que con trabajo pueden alimentar a su familia. Si una de estas personas pasara por la misma situación, tendría que vender sus cosas, tendría que pedir prestado, tendría que hacer mucho para solventar estos problemas, porque no existe un apoyo directo, como dicen estas personas del ayuntamiento, y se alzan cuello diciendo que sí están en las mejores condiciones”, recriminó. 

Alan insistió en que la trayectoria de su padre avala un actuar recto y que, a sus 52 años, pensaba en retirarse pronto porque físicamente reconocía que ya no tendría la misma fuerza en los siguientes años, además de que las condiciones de riesgo habían aumentado.     

“Hay personas que ese trabajo lo hacen de diferente manera, pero yo meto las manos al fuego por mi papá y hay muchísimas personas que conocían que él siempre fue confiable y honesto. Nunca estuvo metido en sobornos o que alguien dijera que no hacía bien su trabajo. Hay, incluso, fotografías que tenemos de cuando únicamente en Actopan eran seis policías, cuando él inició en 1992”, señaló. 

Tras el fallecimiento, precisó, la empresa MetLife pagó una parte de indemnización. El municipio, dijo, les solicitó constancia de herederos, ya entregada, pero el asunto que mantiene detenido el procedimiento, reiteró, es la retención del impuesto.  

“No hemos tenido respuesta de la presidenta (Tatiana Ángeles (Morena)). La primera semana se acercó y nos comentó que en lo que nos pudiera ayudar y demás, pero ahora que el director jurídico (Gabriel Hernández) nos ha traído vuelta y vuelta no nos contesta el teléfono, no contesta WhatsApp y no tenemos un acercamiento con ella”, recalcó.