CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado ayer después de anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, pidió formalmente el asilo al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que a su vez inició “consultas ante las autoridades peruanas” para determinar si ello es posible.

En aparente contradicción con el discurso según el cual la política exterior de López Obrador se rige por los principios de no intervención, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó esta tarde que Pablo Monroy, el embajador de México en Perú, visitó a Castillo en la cárcel hoy y que el expresidente ratificó la solicitud de asilo que su abogado mandó por la madrugada al recinto diplomático.

En el escrito de esta solicitud --que Ebrard subió a sus redes sociales--, el abogado Víctor Gilbert Pérez Liendo planteó que Castillo es víctima de una “persecución infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político”, que pretenden “procesarlo por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal (a lo mucho actos preparatorios)”.

Lo que el abogado llamó “anuncios de voluntad” fue interpretado por analistas y opositores como un golpe de Estado: en una alocución televisiva en vivo, el entonces presidente decretó ayer la disolución del Congreso –controlado por la oposición--, la reorganización del sistema judicial y la instauración de un gobierno de excepción.

Sin embargo, su intento de pasar por la fuerza fracasó, pues las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sus ministros se deslindaron del mandatario y condenaron el quebrantamiento del orden constitucional. Acto seguido, el Congreso votó su destitución, y el Fiscal del Estado presentó una demanda contra Castillo por sedición.

El presidente trató entonces de huir, pero su convoy fue detenido mientras se dirigía hacia la embajada de México en Lima. El político fue arrestado y llevado a la Prefectura de la capital peruana, donde un juez le dictó hoy una medida de prisión preventiva por 7 días, por presuntos actos de rebelión y alternativamente de conspiración.

En medio del bullicio, Castillo buscó la ayuda de López Obrador, quien ha defendido públicamente al expresidente peruano, afirmando que el hombre ganó las elecciones “legal y legítimamente” y que fue víctima de un “golpe blando”, clima de hostilidad instaurado por la élite peruana con el objetivo de derrocarlo.

El presidente mexicano informó por la mañana que, antes de ser detenido, Castillo informó al gobierno que se trasladaría a su embajada para buscar refugio, por lo que el mandatario instruyó de inmediato a Ebrard para que dejara abierta la puerta del recinto diplomático.

López Obrador también indicó que su gobierno todavía no reconoce la presidencia de Dina Boluarte, quien era hasta ayer vicepresidenta de Castillo y asumió el poder después de su destitución. El mandatario justificó su decisión evocando “principios constitucionales” –sin precisar cuáles--, y aseveró que “no es nuestro propósito intervenir en asuntos internos”.

Esta declaración contrasta con el mensaje que Ebrard publicó en su cuenta de Twitter, en el cual indicó que el gobierno mexicano llevaría consultas con las autoridades de Perú para determinar si existe la posibilidad de recibir al exmandatario bajo la figura del asilo.

El juicio contra Castillo ya arrancó, y sus abogados asumieron la misma línea argumentativa que la contenida en su solicitud de refugio: afirmaron que no se configuró el delito de rebelión porque éste “no se concretó”; es decir, sostienen que como no se consumaron la disolución del Congreso ni la instauración del gobierno de excepción, no se puede acusar al expresidente de haberlos cometido.