CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde que tomó protesta como presidente de Perú, en agosto de 2021, Pedro Castillo enfrentó una crisis perpetua, marcada por un conflicto brutal con el Congreso controlado por la oposición, una inestabilidad aguda en el gabinete, y una serie de investigaciones en su contra llevadas a cabo por la Fiscalía del Estado.

La situación culminó hoy con su destitución por “incapacidad moral”, con la cual se convirtió en el quinto presidente de Perú en los últimos seis años que sale del poder antes de concluir su mandato; analistas peruanos sostienen que su sustitución por su vicepresidenta Dina Boluarte no resolverá la crisis política estructural que existe en el país sudamericano.

El conflicto entre el mandatario y el Congreso convirtió su mandato en una larga serie de crisis, que lo obligaron a nombrar cinco gabinetes en apenas 16 meses, por los cuales pasaron 80 ministros. El Congreso, por su parte, hizo caso omiso a más de 70 iniciativas de ley que envió el gobierno, sofocando cualquier movimiento del gobierno en el ámbito legal.

Castillo y su gobierno denunciaron de manera reiterada que el Congreso se negó a entablar un diálogo y siempre tuvo la intención de sacar al presidente del poder. Así, el Congreso ha declarado procedentes varias denuncias contra Castillo, incluyendo una por “traición a la patria” –que derivó de una declaración en la cual abrió la posibilidad de ceder a Bolivia una salida al mar--, pero también por investigaciones que el Ministerio Público sigue en su contra por delitos asociados a la corrupción.

Para la tarde de este miércoles estaba agendada una sesión en el Congreso para votar, por tercera vez, una moción de vacancia contra Castillo. La moción era impulsada por 67 legisladores bajo el pretexto de que el mandatario era incapaz de gobernar el país, por los nombramientos de una serie de ministros en sus primeros cuatro gabinetes y por las investigaciones de la fiscalía en su contra.

Tres horas antes de arrancar la sesión, el presidente apareció en vivo en la televisión y en los canales oficiales. Después de denunciar “la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas” y la “continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial”, Castillo anunció la “disolución temporal del Congreso”, la instauración de un “gobierno de excepción” –que implicaba mandar por “decretos-ley”-- con un toque de queda, una “reorganización” del sistema de justicia y una convocatoria a elecciones para elegir un Congreso que redacte una nueva Constitución.

Las fuerzas de oposición, así como analistas y periodistas, leyeron el anuncio de Castillo como un “autogolpe”, equiparable al que cometió el dictador Alberto Fujimori en 1992.

Sin embargo, el poder real de Castillo era mucho menor de lo que pensaba. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú publicaron un comunicado, en el cual plantearon que la disolución del Congreso intentada por Castillo constituyó una “infracción a la Constitución” y anunciaron su decisión de “no acatamiento” de la instrucción presidencial. Los titulares de la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional también expresaron su condena a la maniobra del mandatario.

Acto seguido, la embajada de Estados Unidos en Lima y el gobierno español condenaron la “ruptura del orden constitucional” y exigieron a Castillo a dar marcha atrás. La Organización de los Estados Americanos (OEA), que estaba presente en Perú para buscar una solución a la crisis política, convocó a una sesión urgente del congreso permanente.

Los gobiernos latinoamericanos, por su parte, fueron más prudentes. El gobierno colombiano condenó “todo atentado contra la democracia, venga de donde venga”. El de Chile y el de México se limitaron en lamentar la “situación política” o “los últimos acontecimientos” en Perú, y urgieron a una resolución democrática del conflicto.

Incluso al interior del movimiento encabezado por Castillo, figuras se deslindaron del mandatario: con el paso de las horas, 17 de sus ministros presentaron sus renuncias, y la vicepresidenta Dina Boluarte expresó su “rechazo” a la decisión del mandatario, pues en su opinión “se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional”.

El Congreso finalmente llevó a cabo una sesión, en el cual aprobó la vacancia de Castillo con 101 votos a favor; con esta resolución, declaró la “permanente incapacidad moral del presidente” y lo destituyó. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia penal contra Castillo por “la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública”.

Ante el fracaso de su intento de imponerse con la fuerza, Castillo se presentó ante la policía y fue trasladado a la Prefectura de Lima, escasas horas después de su alocución televisiva.

Su vicepresidente, Boluarte, se trasladó entonces al Congreso para asumir la presidencia. Al tomar protesta, Boluarte sostuvo que “se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo" y convocó a una “tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional”.

Boluarte se convirtió en la primera mujer en la presidencia de Perú, pero la onceava persona en este cargo desde el año 2000 –y la sexta en los últimos seis años--, una evidencia de la fragilidad del sistema político y electoral peruano, que suele expulsar rápidamente a los mandatarios por escándalos de corrupción y juicios políticos.

El expresidente Alan García, se suicidó en abril de 2019, ante su inminente detención por un caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht; su sucesor en el cargo, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en marzo de 2018 por acusaciones de corrupción también derivadas de investigaciones sobre Odebrecht, y quien le sucedió a su vez, Martín Vizcarra, fue vacado por el Congreso por “permanente incapacidad moral”, inmerso en casos de corrupción. El que siguió se quedó en el cargo apenas cinco días.

El pasado 1º de diciembre, el Grupo de Alto Nivel de la OEA que acompaña el proceso de resolución de la crisis política destacó nueve factores que fomentan la crisis política en Perú, recopilados por el medio OjoPúblico.

Estos factores incluían la inestabilidad democrática –producto de la falta de diálogo entre poderes y los cambios constantes en las fuerzas políticas--; la aguda polarización; el acoso entre poderes del Estado; el abuso de las “herramientas de control político” –como las mociones de vacancia, las interpelaciones y las denuncias constitucionales--; el papel de la prensa en la desinformación; así como factores estructurales como el racismo, la discriminación, y el retroceso en las políticas de igualdad de género.