AGUASCALIENTES Ags. (proceso.com.mx).- Este 3 de diciembre se celebró en Aguascalientes la IV Reunión Regional de Colectivos de Búsqueda en donde familiares de personas desaparecidas avanzaron en lo que las autoridades no han podido realizar: la articulación regional para la búsqueda de personas desaparecidas.

Durante el evento, las y los integrantes de los colectivos también exigieron a las autoridades mayor seguridad para las búsquedas en campo, en un año que ha sido letal, pues en lo que va de 2022 se ha registrado el asesinato de cuatro buscadoras en los estados de Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Sonora.

Integrantes de colectivos de Zacatecas, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Michoacán, Colima y Guanajuato compartieron sus experiencias ante la falta de respuesta de las autoridades y conformaron lo que llamaron la Unión Regional del Bajío, creada con un solo objetivo: articular búsquedas entre los estados colindantes.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre las nueve entidades suman 30 mil 962 personas desaparecidas.

También participaron integrantes de colectivos de Hidalgo, Sinaloa y el Estado de México.

“Las autoridades, quieran o no quieran, tienen que entrarle. Tenemos que fortalecer a las instituciones que ya están y tener buenos acuerdos, trabajar en un mismo sentido. Tenemos que homologar la información, todos los registros de los estados. Lo que buscamos es articular a las entidades federativas, tanto de colectivos como de autoridades, y no solo las locales, también nacionales como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, dijo Javier Espinosa, integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia de Aguascalientes, que fue uno de los organizadores del evento, acompañado por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA).

Espinosa busca a su hijo, Javier Espinosa Almanza, desaparecido hace 15 años en Aguascalientes.

Norma Barrón Nuñez, del colectivo Una luz en mi camino, de Guanajuato, que busca a su hijo y su pareja desaparecidos en 2019, solicitó la creación de una plataforma regional con información de cuerpos de personas no identificadas, pues la desaparición entre estados se ha vuelto un factor frecuente en esta zona del país, dificultando la búsqueda de las víctimas. También, dijo, es necesario contar con reportes unificados de personas que se encuentren en hospitales y en cárceles.

“Muchas familias no tenemos los recursos como para acudir a Jalisco, a Aguascalientes, Zacatecas o a Nayarit a revisar  los cuerpos que cada Fiscalía tiene como no identificados. Un desaparecido puede estar en cualquier lugar, no podemos decir que si desapareció en Guanajuato va a estar en Guanajuato, se puede encontrar desafortunadamente en una fosa clandestina, pero también en algún área serrana de algún estado, donde lo tengan trabajando forzadamente, o las mujeres que son víctimas de trata de personas, que también lo son los hombres. Las autoridades deberían coordinarse cuando menos regionalmente para que las familias no tengan este tipo de desgaste económico”, explicó.

Frente a la violencia que asedia a los colectivos y tras lo ocurrido en la Brigada Nacional de Búsqueda, donde las familias fueron intimidadas con detonaciones de arma de fuego durante una búsqueda de campo en el municipio de Huitzilac, Morelos; Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), urgió al Estado Mexicano a reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y así darles acceso a mecanismos de protección.

“Los asesinatos constituyen la parte más visible y más dolorosa, sin embargo, detrás hay una multiplicidad de riesgos cotidianos que enfrentan, de amenazas, dado que las y los perpetradores le apuestan a la parálisis que infuden ya en sí misma la desaparición de personas, pero también con advertencias específicas para que las familias no se articulen, no exijan y no demanden. Nosotros hemos sido enfáticos en la necesidad de reconocer a las familias buscadoras como defensoras de derechos humanos, que implica el reconocimiento pero también la posibilidad de ser incluidas como beneficiarias de pautas y políticas de protección concretas”.

En entrevista con Proceso, una mujer de Zacatecas, cuyo nombre se resguardará por seguridad, señaló que las búsquedas en ese estado se han dificultado por los altos índices de violencia.

“Hace poco hicimos dos búsquedas, en dos lugares. El primer día nos cambiaron el lugar de búsqueda sin explicarnos y nos acompañó la Comisión Estatal de Búsqueda, no encontramos nada. Al otro día los de la Comisión se presentaron con chalecos antibalas, fue cuando mataron al comandante de la Guardia Nacional, y nosotros estábamos desprotegidas, no cancelan las búsquedas pero tampoco nos protegen y a veces tampoco nos acompañan”, dijo en referencia al asesinato el pasado 24 de noviembre de José Silvestre Urzúa Padilla, comandante de la Guardia Nacional en Zacatecas.

En la reunión también participaron autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogas en diversas entidades, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y fiscalías de los estados participantes.