PUEBLA, Pue., (apro).- El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró aquí que la iniciativa de Ley de la Memoria Pública se construirá con una “amplia participación social” y tendrá que debatirse en parlamento abierto en el Congreso de la Unión. 

Al hablar sobre el proyecto que se elaboró desde esa subsecretaría, Encinas sostuvo que éste sólo busca sentar las bases para la discusión pública, pero que la iniciativa que se presentará al legislativo surgirá de un proceso “participativo, plural e incluyente”. 

Al hablar durante la clausura del Encuentro Anual de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, rechazó los señalamientos que se hicieron en el senado de que con esta ley se busque construir una memoria oficial del país. 

“No hay memorias oficiales ya en este país, porque la democracia ha llegado, y hemos reconocido no sólo en el actual gobierno la profunda crisis humanitaria de violación a los derechos humanos sino también hemos asumido la responsabilidad del Estado para encarar esta situación y dar respuesta a las víctimas”, expresó. 

Dijo que aún sin existir, la iniciativa de la Ley de la Memoria Pública sobre las Violaciones a Derechos Humanos y Violencia del Pasado ya ha generado una “enorme polémica” y que no quiere que empiece “mal” su discusión. 

“Entendemos este proceso de construcción de la iniciativa de Ley como un proceso de participación social, con una gran discusión pública sobre el tema, con la participación de los involucrados y no dejando fuera absolutamente a nadie”, aclaró Encinas. 

Señaló que además una vez presentada la iniciativa debe ser debatida en parlamento abierto en el Congreso de la Unión y se buscará que sea respaldada por legisladores de un espectro muy amplio de partidos. 

Agregó que el propósito de la legislación tiene en su centro no sólo reconocer el derecho a la memoria y a la verdad de todas las personas, pueblos y comunidades del país, sino también establecer con claridad, la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar plenamente el ejercicio de esos derechos. 

“No vamos a construir una memoria oficial, no vamos a replicar esas mal llamadas verdades históricas. Queremos que el estado garantice el ejercicio de estos derechos para que la sociedad vaya construyendo esta memoria colectiva con el aporte de las víctimas, de los sobrevivientes, de sus organizaciones, de los colectivos que han formado, con la academia y todos los sectores de la sociedad”, acotó.

Añadió además que ya no se puede creer en “memorias o verdades únicas”, porque éstas tienen interpretaciones disímbolas en las sociedades y entre los propios protagonistas que sufrieron los hechos de violencia y represión.

El subsecretario anunció que para la elaboración de la iniciativa se realizarán encuentros con los familiares, los sobrevivientes, incluso se harán foros en los Estados y regiones del país para conocer de sus experiencias. 

El marco del encuentro, el recinto Casa de la Reina, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap), se constituyó como el Centro de la Memoria del período conocido como “Guerra Sucia”. 

En este lugar se concentrarán documentos y materiales que se han recopilado de archivos públicos, privados y personales sobre esos hechos para ponerse a disposición de consulta pública y académica.