CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la lista de tareas civiles de las Fuerzas Armadas hay que incluir la redacción de leyes y reformas constitucionales.

El Ejército, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, presentó el 1 de julio de 2022 a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal un plan A y un plan B de reformas en materia de la Guardia Nacional, de acuerdo con documentos obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya, en la mayor filtración de información en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El 29 junio, durante una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa informó que tenía listas dos iniciativas.

La primera llamada plan A, consistía en una reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza militar”, “adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

También incluía que los recursos financieros y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destinados a la Guardia Nacional fueran transferidos a la Sedena.

Además, proponía reformar el artículo 13 de la Constitución para que los integrantes de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar.

Mientras que el plan B era una serie de reformas a leyes secundarias: la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ley de la Guardia Nacional, la ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como ocurrió.

Ante la advertencia de los grupos parlamentarios de la oposición de que no darían los votos para una reforma constitucional para que la Guardia Nacional, una institución que se suponía debía ser civil, quedara en manos de la Sedena, el plan B fue el que prosperó.

Lo anterior, al requerir de mayoría simple en el legislativo, que suman en ambas cámaras sin problema Morena y sus aliados.

Durante julio y agosto, la Sedena siguió trabajando en la iniciativa de manera consensuada con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como consta en varios oficios y correos hackeados al Ejército.

En el intercambio de correos entre la Sedena y la Consejería Jurídica, nadie advirtió que su propuesta resultaba inconstitucional, pues el artículo 21 de la Carta Magna establece que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil y cuya adscripción es a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Para el 31 de agosto ya se tenía una iniciativa final, tras mesas de trabajo entre Sedena, SSPC y la CJEF, en la que la adscripción sería a la SSPC, pero con la aclaración de que la institución militar tendría el control operativo y administrativo.

De acuerdo con un análisis comparativo entre las reformas aprobadas y los documentos enviados por la Sedena a la Consejería Jurídica de la presidencia, el espíritu de la propuesta militar se mantuvo y sufrió ligeros cambios.

Por ejemplo, en su primera versión, la Sedena proponía que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dijera que a esta institución le correspondía “manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional”.

En la última versión, ese artículo quedó tal como fue aprobado en septiembre pasado en el Congreso de la Unión, es decir, que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional “ejercer el control operativo y administrativo” de la GN.

Finalmente, el 31 de agosto, tras recibir el visto bueno de la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre el impacto presupuestario del proyecto, continuó el trámite para hacer llegar la iniciativa al legislativo.

Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la propuesta a la Cámara de Diputados como si fuera suya.