HIDALGO (apro).– El Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo noveno circuito, con sede en Hidalgo, determinó no amparar a Adriana Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, jefe político de la Universidad Autónoma de ese estado (UAEH), quien se quejaba por congelamiento ilegal de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la familia Sosa.

Con base en el rastreo de movimientos financieros que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) que forman parte de la causa penal 263/2020 -con Gerardo Sosa como presunto autor principal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, y en el que sus hijas Adriana y Ana Carmen son coacusadas-, las hermanas Sosa Cravioto recibieron transferencias de una empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que, junto con cuatro despachos contables, se encargaban de dispersar recursos del erario universitario.

Según la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), Adriana recibió un millón 192 mil 308 pesos desde la firma de papel y Ana Carmen 806 mil 769 pesos. Contra ambas el juez del caso emitió órdenes de aprehensión desde agosto 2020, que no han sido cumplementadas.  

Con base en el expediente número 596/2021, el Tribunal resolvió, primero, sobreseer el juicio de amparo promovido por Adriana Sosa y, segundo no amparar ni proteger a la solicitante por considerar que hay elementos fundados para la inhabilitación de las cuentas en el Banco Mercantil del Norte, al ser parte de un presunto esquema de corrupción cuya indagatoria sigue en curso.

El fallo data del 23 de junio pasado. En una siguiente actualización del Tribunal se advierte que “ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes”.

El 30 de septiembre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, solicitó copia de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el incidente en revisión 73/2022, que es parte de la secuencia de este amparo.

Lo anterior, como parte de la actualización de cuentas bancarias que son liberadas o mantienen bloqueo y están relacionadas con el caso de lavado de dinero en el entorno de la UAEH que denunció la UIF y, por una parte, del monto, judicializó la UIF.

Aunque Gerardo Sosa Castelán no ha sido absuelto de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se le imputan, el pasado 3 de febrero dejó el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, al que había ingresado el 31 de agosto de 2020, porque, argumentaron sus abogados y secundó la FGR, fue cambiada su medida cautelar a prisión domiciliaria por mostrar un deteriorado estado de salud.

Al abandonar el penal Sosa Castelán fue operado de un tumor cerebral a la altura de la hipófisis, así como del corazón.    

Además de las hermanas Sosa Cravioto siguen prófugos el contador Francisco Natalio Zamudio Isbaile, quien la Fiscalía considera el operador financiero de la organización liderada por Gerardo, conocida como “La Sosa Nostra”, y Anastasia Elizabeth Baños Baños, asistente de Natalio.

Los cuatro personajes evadidos de la justicia han intentado, mediante requerimientos de amparo, buscar la protección federal para desbloquear sus cuentas y echar abajo las órdenes de aprehensión en su contra.