CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República habilitar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) en un plazo de 40 días hábiles, en apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, aprobada en 2017, disposición que hasta ahora no ha sido acatada por la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero.

En conferencia de prensa, la promotora del amparo, Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato, celebró la resolución de Óscar Macías Guerrero, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacateas, al señalar que la resolución “va a beneficiar a cientos de familiares y a personas que perdieron la vida en el país, como los migrantes centroamericanos, y que no han podido ser localizados”.

Montoya explicó que en la actualidad, sin el BNDF, “es difícil encontrar a nuestros desaparecidos porque tenemos que llevar nuestro perfil genético a varias partes del país para que sea cotejado, porque no sabemos si nuestro familiar fue llevado a otro estado o a la frontera; con un Banco de datos forenses, va a ser más accesible la identificación entre los cuerpos de personas fallecidas, que están bajo disposición de las fiscalías”.

La sentencia reconoce la crisis forense que hay en el país, en el que existen al menos 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes resguardadas por fiscalías, en tanto que hay más de 105 mil personas desaparecidas.

El juez consideró  que los 40 días hábiles impuestos a la FGR a partir de que la sentencia cause ejecutoria es un plazo “oportuno (…) debido a que a la fecha ha transcurrido un lapso considerable desde que se hizo exigible que ambas herramientas (el BNDF y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas) del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas comenzaran a operar”, toda vez que, y de acuerdo con la ley, “debían estar operando a más tardar el 16 de enero de 2019”.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa legalmente a Olimpia Montoya, explicó que la sentencia de amparo “reitera el derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas y, en su caso, identificadas y establece que la omisión de la FGR genera una afectación directa para Olimpia como familiar al demostrarse durante el juicio la inexistencia del BNDF, y considera que la falta de implementación ‘limita injustificadamente la búsqueda’ de su hermano y de todas las personas desaparecidas del país”.

Durante la conferencia de prensa, los abogados del Centro Prodh, Sofía de Robina y César Contreras, resaltaron que durante el juicio de más de un año la FGR justificó en al menos 10 ocasiones que no tenía competencia para instrumentar el BNDF y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, entre ellas que era obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, abundó Contreras, el juez “desestimó los argumentos de la FGR, porque la ley es muy clara en que la obligación de crear las herramientas es de esa institución”.

Dijo que el plazo de 40 días hábiles los estimó el juez con base en que “ya han pasado tres años de incumplimiento, por lo que ahora se requiere un esfuerzo extraordinario de recaudación de recursos financieros para crear la herramienta tecnológica, contratar especialistas y coordinación institucional con las fiscalías de los estados, que también tienen sus propias bases de datos forenses, para la concentración masiva de información”.

Sofía de Robina apuntó que para la construcción de las herramientas “se requiere una verdadera voluntad política para articular los esfuerzos, para dar cumplimiento de la sentencia, y atender la crisis en materia de desaparición y crisis forense”.

La abogada destacó que la constitución del BNDF es indispensable para que también sean efectivas otras instituciones, como el Centro Nacional de Identificación Humana (CMIH) y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), a los que la Cámara de Diputados les tendrá que destinar recursos suficientes para solventar la crisis humanitaria.

En la conferencia de prensa, María Luisa Núñez y Jorge Verástegui, familiar de desaparecidos, reconocieron el esfuerzo de Olimpia Montoya por interponer un juicio de amparo que beneficia a miles de familias.

“Gracias Olimpia por haberte atrevido a desafiar el sistema, gracias a ti y a tu lucha y poner el nombre de tu hermano, Marco Antonio, nos estás ayudando a buscar a todos nuestros desaparecidos en México”, dijo Núñez, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos.

Jorge Verástegui, quien ha encabezado la ocupación de la Glorieta de los Desaparecidos, antes de La Palma, consideró que el amparo emplaza a autoridades como Gertz Manero y al mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a demostrar su compromiso con los familiares de los desaparecidos en México, y hacer realidad la promesa de que “para este problema no hay techo financiero”.

Verástegui consideró que de haber atendido sus obligaciones el fiscal Gertz Manero, “el Banco de Datos estaría funcionando, no estaríamos entregando perfiles genéticos por todos lados, los 52 mil cuerpos en resguardo de las fiscalías estarían identificados y los cientos de miles de kilos de restos estarían siendo procesados para su identificación”.

El defensor apuntó que la sentencia ganada por Olimpia también le da la  razón a “miles de familiares que  desde hace muchos años denunciamos la omisión criminal y que al paso del tiempo ya es una acción dolosa de parte de la FGR, de su titular, del Senado por no llamarlo a cuentas y del presidente que lo defiende; ya no pueden decir que no sabían o que fue un algo del pasado, porque les correspondía a ellos, a esta administración crear el BNDF; vamos a ver ahora cómo responde la FGR, si responde conforme a derecho y cumple en estos 40 días que le ha dado el juez, o si litiga contra las víctimas e impugna la sentencia”.