CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una estructura macrocriminal creada en Nayarit durante el sexenio de Roberto Sandoval Castañeda y el exfiscal Edgar Veytia Cambero (2011-2017), y que se mantiene pese a que ambos están siendo procesados por narcotráfico en Estados Unidos, explicaría la persistencia de desapariciones forzadas en esa entidad, consideró la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

De acuerdo al Análisis de Contexto sobre la situación de desapariciones  forzadas en en Nayarit, realizado por la CNB para dar respuesta al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) sobre las acciones del Estado mexicano para localizar a 39 de 47 personas desaparecidas en la entidad, el organismo resaltó que el incremento de desapariciones podría haberse derivado del rompimiento del exfiscal Veytia con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, para alinearse a la estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), situación que a partir de 2017 desató un proceso de “limpia de plaza” y de guerra entre cárteles por el territorio nayarita.

En el primer año de rompimiento entre Veytia y el Cartél de los Beltrán Leyva, la CNB registró 251 homicidios dolosos y 189 desapariciones de las cuales 26 corresponden a acciones urgentes elevadas al CED, y alertó que “desde entonces la disputa por el territorio nayarita sigue activa y posiblemente parte de la estructura criminal de la fiscalía siga operando con alguna de las organizaciones criminales”.

Según la revisión, entre 2011 y 2016, las autoridades estatales encabezadas por Veytia y Sandoval mantenían la alianza con los Beltrán, “otorgaban impunidad y la entrega de narcomenudistas de grupos contrarios” y mantuvieron “a raya al CJNG”,  pero a partir de 2017 los personajes se aliaron con el CJNG.

“La desaparición de personas en Nayarit rebasa el marco de actuación de los cárteles de la droga, de hecho, junto con los grupos de seguridad estatal, funcionarios de primer orden y células del narcotráfico mantienen el monopolio de la violencia, la extorsión, el secuestro y los enfrentamientos en espacios públicos”, puntualizó la CNB en su análisis de contexto.

Al destacar que las redes de macrocriminalidad que operan en Nayarit, “con un bajo perfil hasta el 2021”. fueron creadas por Sandoval y Veytia a partir de 2009, el organismo explicó que el poder económico y empresarial de ambas figuras es otro factor que ha permitido la persistencia de dichas redes.

Los personajes crearon además un entramado institucional que permitiría al exfiscal “tener el control sobre las policías municipales y la estatal”, para “garantizar ante el crimen organizado la existencia de una estructura con la fuerza necesaria para ponerse a su servicio”, permitiendo con ello “los mecanismos para la creación y consolidación de la estructura criminal se da en dos líneas: la institucional y la de facto”.

Durante los últimos cinco años, de enero de 2015 a junio de 2021, ocurrieron 29 mil 312 delitos en Nayarit, de los cuales mil 746 fueron homicidios dolosos; 7 mil 855delitos de robo, fraude y despojo.

En materia de desaparición de personas, entre 2011 y junio de 2021 se registraron mil 063 víctimas, de las cuales 775, siguen en calidad de desaparecidas y no localizadas, periodo en el que al menos se habrían encontrado 29 fosas clandestinas con al menos 139 cuerpos.

El informe abundó que de los cuerpos rescatados, 124 son hombres, 12 mujeres y en tres casos no se pudo determinar el sexo; la persona más joven contaba con 16 años y la más grande 61 años; 74 han sido identificados y 70 entregados a sus familiares, del total de identificados, 48 estuvieron en calidad de desaparecidas más de un año, en tanto que la mayoría de los 65 cuerpos no identificados, 57 fueron recuperados en el municipio de Xalisco.

Al señalar a Xalisco como el municipio donde se encontraron más cuerpos sepultados (113), la CNB añadió que le siguen San Blas, con seis fosas con 16 cuerpos, y Tepic con cuatro fosas y cinco cuerpos.

La CNB resaltó que entre los reportes de personas desaparecidas, no localizados o localizados entre enero de 2011 y junio de 2021, 820 son hombres de los cuales 43.7%  son menores de 29 años.

El  reporte enviado al CED analizó los hallazgos de fosas clandestinas, localizadas en seis de los 20 municipios de Nayarit, resaltando que en siete casos se encontraron “en la misma zona o lugares cercanos o relativamente cercanos al de otras fosas”; se encontraron “cinco campamentos cercanos a tres fosas, dos casas de seguridad cercanas a una fosa”, lugares en los que “se reportó la existencia de uniformes de la policía de Nayarit”; sólo en nueve casos se cavaron fosas para una sola persona, en siete fueron más de una, en otras 7 se encontraron cuerpos de hombres y mujeres y en una no se pudo identificar el sexo de tres personas que fueron inhumadas.

Otras características de los hallazgos de fosas, es que la mayoría se ubicó en sembradíos y sólo tres en construcciones en obra negra o en un patio; es que la mayoría de las víctimas fueron encontradas en estado avanzado de descomposición, algunos cuerpos fueron encontrados  “amordazados o sepultados bajo capas de cemento o sencillamente semi expuestos, o apilados”, y que habrían sido sepultados entre seis y dos años antes de ser localizados.

Sobre los casos que motivaron 47 Acciones Urgentes (AU) del CED, la CNB destacó que amplió el espectro de víctimas a 63 personas reportadas como desaparecidas, toda vez que 16 se vinculan directamente con los casos notificados al comité de la ONU.

Al resaltar que 21 personas ya fueron localizadas sin vida, nueve de las cuales tenían una AU, el documento apuntó que los 63 desaparecidos fueron “víctimas de acciones de ´limpieza de plaza”; que fueron realizadas por “un mínimo de tres individuos” armados, que se transportaban en al menos dos camionetas, que “llegaban a las casas de las víctimas, de ellas bajaban sujetos vestidos de color oscuro, aparentemente uniformados, por lo regular encapuchados, quienes entraban violentamente”, y que se torturaba a las víctimas “para obtener datos sobre la dinámica de la compraventa de drogas en la región y posteriormente se les obligaba a vender para un grupo delictivo en particular”.

Sobre las víctimas, la CNB informó que vivían en la mayoría vivía en Tepic, el resto en San Blas, Tuxpan o Jalisco; cuatro eran mujeres, dos de ellas localizadas sin vida; el promedio de edad de los hombres es de 20 a 35 años; un 50% de las víctimas eran consumidoras regulares de drogas, eran distribuidores de estupefacientes y habían detenidas por narcomenudeo, robo calificado y resistencia de particulares, y la mayoría de las víctimas desaparecidas en Tepic, fueron privadas de la libertad entre el 18 y el 23 de junio de 2017.

Sobre los perpetradores, la CNB identificó que personal de la Fiscalía de Nayarit que habría participado en las desapariciones, se dedicaba a la distribución y venta de drogas, y que en el fortalecimiento de la estructura criminal, los policías son quienes “amenazan y/o privan de la libertad a personas para que distribuyan o vendan para otros grupos y/o formen parte del grupo (integrado por servidores públicos) que vende y distribuye” drogas.

De estos servidores públicos integrados a la estructura criminal, la CNB refirió que son “quienes obstaculizan de manera deliberada las investigaciones  sobre cualquiera de esos hechos criminales” y son quienes colaboraban con los criminales “con su actuar omiso o negligente”, negando el acceso a los expedientes o integrándolos de manera deficiente, así como ser omisos en la generación de actos de investigación.

Sobre los familiares de las víctimas, la CNB expuso que el 84% de ellas forman parte de colectivos de búsqueda; 53% han realizado actos de búsqueda e investigación por su cuenta; 53% han recibido amenazas y actos de intimidación, en tanto que la mayoría “señalan que es posible obtener información de fuentes cercanas a organizaciones delictivas”.

Al recomendar acciones de búsqueda en los lugares cercanos a las fosas ya localizadas, sobre todo en “sitios abiertos, de entorno rural y de fácil acceso”, la CNB puntualizó que se requiere fortalecer la investigación penal, realizar peritajes a  los 65 cuerpos sin identificar; realizar cruces de datos “sobre las casas de seguridad y puntos donde se hayan registrado enfrentamientos y/o en los que hubiera personas privadas de libertad”; impulsar mecanismos de denuncia, considerando que cinco fosas fueron localizadas por denuncias anónimas; coordinación interinstitucional en la búsqueda generalizada de patrones, y determinar la responsabilidad de “los agentes del Ministerio Público en relación a las omisiones en las carpetas de investigación”.