CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue detenido este domingo en Nuevo León, informaron fuentes federales.

De acuerdo con la información preliminar, Sandoval Castañeda, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, fue detenido junto con su hija Lidy Alejandra Sandoval López, en el municipio de Linares.

Tanto al exgobernador como a su hija Lidy Sandoval se les acusa del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Según medios, en el operativo en el que fueron detenidos participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El pasado 1 de marzo, la Fiscalía General de la República obtuvo que un juez girara la orden de aprehensión en contra de Roberto Sandoval , así como contra su hija Lidy Sandoval López. Los delitos de los que se le acusan llevaban ocho años de ser denunciados.

La detención del exmandatario priista se da justo durante la jornada electoral en la que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y miles de puestos locales.

Los hechos

Desde el 2013, en un reportaje titulado El Fiscal Sicario, Proceso dio cuenta del modus operandi del exfiscal Edgar Veitya detenido en Estados Unidos por narcotráfico y del exmandatario Roberto Sandoval para despojar a los nayaritas de sus bienes. Para lo cual, también utilizó a su hija Lidy, a nombre de quien puso algunas de las propiedades, a través de operaciones de compra venta simulada, según lo señala la autoridad y los habitantes perjudicados

En el primer sobre el tema texto publicado por este semanario en 2013, se dieron a conocer a dueños y concesionarios de terrenos en Nayarit sometidos a extorsiones, despojos, robos, levantones y secuestros en esta entidad, pero sus intentos de obtener justicia se han topado con un obstáculo grave: sostienen que el fiscal general del estado, Édgar Veytia, es quien encabeza a los sicarios del Cártel del Golfo que tienen atemorizada a la población... Sin embargo, las autoridades federales no quieren darse por enteradas.

En aquella época, en La Peñita de Jaltemba, de Compostela, Nayarit, los habitantes narraron los despojos:

“En noviembre de ese año mis compañeros ejidatarios me pidieron ayuda porque el excomisariado Francisco Zúñiga se robó el fondo de las empresas del ejido: gasolineras, locales comerciales, tiendas y bodegas. La nueva mesa directiva determinó practicar una auditoría y el resultado fue que se habían tenido ganancias de entre 40 y 50 millones de pesos”, cuenta a Proceso don Agustín Magallanes y Adrián Villanueva Salgado.

“Acudimos con el fiscal general del estado, Édgar Veytia”, continúa, “para que conociera a los nuevos integrantes de la mesa directiva y el comité de glosa encargado de la auditoría informara del fraude detectado”.

El fiscal les prometió apoyo, se comunicó telefónicamente con el gobernador Roberto Sandoval Castañeda y lo puso en el altavoz. Los ejidatarios escucharon a Veytia decir que iban a auditar al expresidente del comisariado, Francisco Zúñiga, y el gobernador les aseguró que no permitiría ese robo.

En aquella ocasión, presentaron ocho casos de denuncias, de despojo, amenazas, secuestro por parte del Exfiscal y el exgobernador Sandoval. Ningún ha sido resuelto de manera favorable para los denunciantes, como es el caso de don Agustín Magallanes.

La mayoría de los casos denunciados en proceso en 2013, fueron retomados hace cuatro años por la Comisión de la Verdad, la cual, presionó a la Fiscalía General de la República (FGR), para que apoyara a la fiscalía Nayarita en la orden de detención.

Tras ocho meses de seguimiento, personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en Linares, Nuevo León, a Roberto Sandoval Castañeda y su hija, Lidy Alejandra Sandoval, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante 8 meses, personal de CONASE realizó trabajos de investigación y análisis, donde se lograron identificar al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.