Durante la gestión de Roberto Sandoval Castañeda en Nayarit, su fiscal, Édgar Veytia, y otros funcionarios cometieron tropelías para despojar de sus propiedades a innumerables ciudadanos. Todo lo hacían para congraciarse con Sandoval, según los testimonios de varios de los agraviados. Ahora, la Fiscalía General de la República va por el propio exmandatario y su hija Lydy Alejandra, para que aquel responda por los delitos de indebido encarcelamiento, tortura, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ahora que el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda ya tiene orden de aprehensión –junto con su hija Lydy Alejandra– por uso de recursos de procedencia ilícita, ciudadanos de la entidad insisten en que se le finque responsabilidad por indebido encarcelamiento, tortura, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada.

Durante su administración, dicen, esos ilícitos se convirtieron en ataques sistemáticos contra la población, un método para despojarlos de sus bienes; incluso los equiparan con delitos de lesa humanidad.

El lunes 1 la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de captura en contra del exmandatario y su hija Lidy Sandoval por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, producto de denuncias presentadas por Rodrigo González Barrios como representante de la Comisión de la Verdad ante la fiscalía de Nayarit y posteriormente ante la FGR.

Las querellas contienen las escrituras de los inmuebles, en los cuales consta que la hija los pagó de contado, así como de empresas y fundaciones que utilizaron para desviar los recursos, según publicó Proceso en su edición del 9 de junio de 2019.

Las denuncias por este delito también incluyen a la esposa del exmandatario, Ana Lilia López Torres, y a su hijo Pablo Roberto.

Dos días después de que se emitieron las ordenes de aprehensión, López Torres difundió en redes sociales un video en el cual asegura que le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador una cita con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para detener lo que llamó “la encarnizada persecución política” en contra de su esposo y de su hija. Y responsabilizó al gobernador Antonio Chavarría de lo que le pudiera pasar a su familia y a ella misma: “Están poniendo en riesgo nuestras vidas”.

Omitió decir que la orden de detención provenía de la FGR en respuesta a la denuncia de un colectivo de ciudadanos, señala González Barrios, representante de la Comisión de la Verdad, entrevistado después de la emisión de la orden de detención. 

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2314 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 7 de marzo de 2021.