CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no encontró elementos para fincar responsabilidades administrativas al defensor José Martínez Cruz, quien fungió como director de la Primera Visitaduría General del organismo, durante los primeros ocho meses de la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.

En un comunicado, el activista y exintegrante del Comité Eureka liderado por Rosario Ibarra de Piedra, reveló que el 7 de enero recibió la notificación del OIC de la CNDH en la que lo deslinda de las acusaciones de faltas administrativas, formuladas por quien fuera su sucesor, Paolo Guiseppe Martínez Ruiz, en octubre de 2020.

Tras 17 meses de dejar el encargo, José Martínez Cruz comunicó que por acuerdo del 4 enero el OIC determinó dar por concluido el expediente OIC/AQDN/i 79/20, abierto a petición del Martínez Ruiz quien “refirió hechos probablemente constitutivos de presunta responsabilidad por faltas administrativas (…) derivadas del acta de entrega recepción de la Dirección General y encargado del Despacho de la Primera Vistaduría General” de la CNDH, de  fecha 10 de septiembre de 2020.

En el documento, se señaló que “se concluyó el expediente al rubro indicado, sin elementos de posible falta administrativa”, en apego a la Ley y Reglamento de la CNDH, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución.

Tras aclarar que continúan abiertas las denuncias en el ámbito penal y administrativo en su contra presentadas por la CNDH, Martínez Cruz confió en que sean desestimadas luego de la conclusión del OIC del organismo.

“Aún cuando falta que se resuelvan las acusaciones penal y administrativa en mi contra por las entrevistas sobre el caso Ayotzinapa, publicadas posteriormente a mi salid de la CNDH, espero que ambas se resuelvan en el mismo sentido tanto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como por la Fiscalía General de la República”, expuso el defensor.

Martínez Cruz agradeció las muestras de solidaridad de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y activistas que se han pronunciado “en contra de la campaña de persecución y criminalización” de la que ha sido objeto por parte de la CNDH.

“Hemos tratado de asumir la defensa de los derechos humanos de manera congruente con el compromiso y conciencia social de toda la vida, por lo que continuaremos dando la lucha jurídica, política y social, porque tenemos la razón y los argumentos para alcanzar la justicia y la verdad”, sostuvo el defensor.

En noviembre pasado, organizaciones como Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, emitieron un pronunciamiento por el que expresaron su indignación por la embestida judicial contra Martínez Cruz por parte de la CNDH.

En dicho pronunciamiento las organizaciones firmantes acusaron a la CNDH por “llevar a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un ex funcionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión”, toda vez que a su salida, Martínez Cruz emitió opiniones acerca del caso Ayotzinapa.

En respuesta a las organizaciones, sin especificar los motivos de la embestida judicial, la CNDH indicó que la conducta de Martínez Cruz “constituyó un proceder alejado de la ética pública y, por ende, de los estándares de derechos humanos”, y sostuvo que el organismo “ha actuado en total apego a la legalidad, preservando los intereses de la institución y su compromiso con las víctimas”.

En diciembre pasado, la CDNH se inconformó con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, por haber admitido la solicitud de Martínez de incorporación al mismo, al sostener que violó el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la CNDH, al hacer pública información sobre el caso Iguala.