CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, llevó a las aulas de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) uno de los temas que más le inquietan desde que asumió el cargo: el comercio indiscriminado de armas en Estados Unidos, muchas de las cuales terminan en manos del crimen organizado que opera en territorio mexicano.

De acuerdo con el canciller, el gobierno estadunidense puede ser factor para frenar la violencia en México si promueve una regulación mayor para su industria de armamento, que hasta ahora ha actuado de forma negligente en el control de la venta de armas, particularmente las de uso militar que se comercializan ilegalmente a cárteles de la droga.

Durante su participación en el Seminario Litigio Estratégico vs Productores y Distribuidores de Armas, el funcionario federal recordó que el litigio presentado por México a principios de agosto en la Corte federal de Distrito de Massachussets, que ya fue admitido, se preparó durante dos años y está basado en la laxa regulación para la venta de este tipo de armamento.

Incluso anticipó que no va a resultar fácil para la industria armamentista estadunidense litigar el caso, porque el equipo jurídico de la Cancillería hizo muchas valoraciones y hay un punto a favor de México: que las empresas han actuado de manera negligente, y esa negligencia está provocando efectos y costos enormes para el país, especialmente en vidas humanas.

Y dio otro dato: que el tráfico de armas alcanza hoy 70% de los decomisos que se hacen en México, desde el vecino país del norte.

“Desde luego no estamos sosteniendo, ni sería el objetivo, que México deba excusarse de todo lo que debe hacer y que está establecido en las leyes para controlar el ingreso a nuestro país de esas armas y su distribución y uso, pero es evidente que si no logramos, si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, como ya lo referí, pues entonces va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país, por eso es prioritario”, expuso Ebrard.

Asimismo, resaltó que se trata de un “litigio estratégico”, pues es la primera vez que México presenta un caso de este tipo en Estados Unidos.

Las empresas demandadas tienen de plazo hasta el 22 de noviembre próximo para responder a la querella interpuesta por el gobierno mexicano, según la resolución que tomó la semana pasada la Corte federal de Massachussets.

Una vez cumplido ese trámite, las autoridades de México podrán presentar su réplica a su contraparte antes del 31 de enero de 2022, y las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero del mismo año.