CIUDAD DE MEXCO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Ángel Ávila Pérez, localizar a los familiares de un interno que falleció en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz, con fines de reparación integral del daño.
    
De acuerdo con la recomendación 37/2021, el 23 de octubre de 2020 la CNDH recibió la queja de una persona privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Villa Aldama, quien solicitaba apoyo para que le fueran realizados estudios clínicos y se le administrara medicamento.
    
El interno, quien en ese momento tenía 48 años, reportó que se encontraba en el área hospitalaria del Cefereso y denunciaba que no se le permitía hacer las llamadas telefónicas a las que tenía derecho. Dijo que “desconocía la razón por la que los días 21 y 22 de octubre de 2020 no las efectuó”. 
    
La autoridad penitenciaria informó al organismo que el quejoso se encontraba en el área hospitalaria desde el 30 de agosto, “con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, anemia y otros padecimientos, por lo que se le prescribió tratamiento farmacológico y la realización de estudios clínicos”. 

De acuerdo con el documento recomendatorio, fue hasta el 5 de marzo de 2021 cuando el personal de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del OADPRS se comunicó con la CNDH para notificarle el fallecimiento del interno, el 10 de noviembre de 2020, por choque séptico y oclusión intestinal.

Según la documentación integrada, cuatro días antes de morir la víctima fue internada en un hospital general, donde ese mismo 6 de noviembre se solicitó trasladarlo “de forma urgente” a un nosocomio de segundo nivel de atención médica, petición que no fue atendida. 

“La CNDH acreditó que las autoridades responsables vulneraron los  derechos humanos a la vida, a la protección de la salud, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad de la víctima, porque omitieron brindarle atención médica integral y adecuada durante su permanencia en ese centro penitenciario y, aun cuando se solicitó practicarle un ultrasonido el 31 de agosto de 2020, ese se realizó hasta el 1 de octubre y no se requirió la interconsulta de algún médico especialista que pudiera realizar un diagnóstico adecuado y certero”, dictaminó el organismo. 

E instruyó al titular del OAFPRS localizar “a las víctimas indirectas del caso y se proceda a la reparación integral por los daños causados, que incluya la compensación justa y suficiente con motivo de las violaciones a derechos humanos evidenciadas y se les otorgue atención médica, psicológica y/o tanatológica”.

De igual manera, pidió al funcionario su colaboración en el seguimiento de la queja que interpuso ante el Órgano Interno de Control del OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados, así como en la investigación que inicie la Fiscalía General de la República. 

También solicitó “implementar un programa de atención médica efectiva para proteger y garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los diferentes Ceferesos”.